Consulta suspende conocimiento de la solicitud de convocatoria a referéndum.

Al menos 20 congresistas de las bancadas de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista, Frente Amplio y diputadas independientes presentaron este miércoles una consulta legislativa de constitucionalidad contra el proyecto de Ley Jaguar que el Poder Ejecutivo requirió llevar a referéndum.

La consulta, que se tramitará bajo el expediente 24-16511-0007-CO, ingresó a las 3:20 p. m. y ahora deberá ser sometida a análisis de admisibilidad en el alto tribunal. Si se define que la consulta es admisible, se notificará la resolución de curso a la Asamblea Legislativa, donde el presidente Rodrigo Arias Sánchez ya circuló a las jefaturas de fracción una resolución en la que se indicaba que, si se presentaba una consulta constitucional previa a la votación, el conocimiento del asunto en el Congreso se suspenderá hasta la resolución del tribunal.

El plenario había programado el martes 25 de junio como fecha para votar la solicitud de convocar un referéndum mancomunado entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuya aprobación requiere el voto afirmativo de al menos 29 congresistas.

La intención de interponer la consulta de constitucionalidad fue anunciada ayer por la bancada del Partido Liberal Progresista (PLP) mediante un vídeo en el que aparecieron sus seis integrantes.  El diputado y presidente del PLP, Eliecer Feinzaig Mintz, enfatizó la importancia de garantizar que los artículos del proyecto de referéndum estén alineados con la Constitución Política y señaló que varios expertos han advertido sobre posibles incongruencias constitucionales en el proyecto actual. "Lo responsable es consultarlo para ir a la segura", declaró.

Esta consulta, sin embargo, solo es firmada por una de las diputaciones del PLP, por lo que podría esperarse que el resto de la bancada busque cinco firmas adicionales para reunir las 10 que necesitaría (de entre quienes no firmaron esta primera consulta) para interponer la impulsada por ellos.

Oscar Izquierdo Sandí, jefe de bancada de Liberación Nacional declaró este miércoles:

Presentamos esta consulta ante la Sala Constitucional porque tenemos serias dudas respecto a este proyecto que el Gobierno quiere llevar a referendo, este proyecto de ley plantea cambios que eliminan los controles y disminuyen la transparencia en la contratación pública, no podemos dejarle la puerta abierta a la corrupción sea cual sea la administración vigente".

Izquierdo agregó que la bancada de Liberación Nacional está a favor del referendo, pero que es responsabilidad de los legisladores estar seguros de que el proyecto que se va a consultar por esa vía cumple con la constitución política, pues de no ser así, implicaría un desperdicio de más de 3 mil millones de colones en un proceso infructuoso.

Por su parte el jefe de fracción del Frente Amplio, Antonio Ortega Gutiérrez afirmó que la iniciativa eliminaría las potestades de control y fiscalización de la Contraloría y cambia el modelo fiscalizador establecido por la Constitución, abriendo portillos para la corrupción.

Tenemos la responsabilidad de que lo que se consulte a las y los costarricenses esté bien en forma y en fondo y que no tenga vicios constitucionales, por la importancia que tiene la figura del referendo y por la inversión que haría el país en una consulta popular".

La bancada del FA adelantó que esta primera consulta constitucional busca aclarar si la Ley Jaguar violenta los artículos 11, 183 y 184 de la Constitución Política, relativos a la labor de fiscalización sobre el erario otorgada a la Contraloría General de la República (CGR).

En ese sentido, explicaron que entre los varios cambios que pretende la ley Jaguar, el proyecto elimina la competencia de la Contraloría de garantizar la legalidad de los controles internos, y hace transformaciones de fondo porque cambia el precepto constitucional de que las disposiciones de la Contraloría son de acatamiento obligatorio y, en su lugar lo sustituye por un señalamiento de que “no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión, ni sustituir las competencias de administración pública activa en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública activa".

Quiénes firmaron

  • Liberación Nacional:
    1. Francisco Nicolás Alvarado
    2. Danny Vargas Serrano
    3. Paulina Ramírez Portugue
    4. Dinorah Barquero Barquero
    5. Katherine Moreira Brown
    6. Geison Valverde Méndez
    7. Monserrat Ruiz Guevara
    8. Andrea Álvarez Marín
    9. Sonia Rojas Méndez
    10. Kattia Rivera Soto
    11. Óscar Izquierdo Sandí
    12. Alejandra Larios Trejos
  • Frente Amplio:
    1. Antonio Ortega Gutiérrez
    2. Jonathan Acuña Soto
    3. Priscilla Vindas Salazar
    4. Ariel Robles Barrantes
    5. Rocío Alfaro Molina
  • Unidad Social Cristiana:
    1. Carlos Felipe García Molina
    2. Vanessa de Paul Castro Mora
  • Partido Liberal Progresista:
    1. Kattia Cambronero Aguiluz
  • Independientes:
    1. María Marta Padilla
    2. Gloria Navas Montero