Este viernes, durante la presentación de su informe de labores, el rector aceptó que directriz fue precipitada.
Este viernes Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, presentó su primer informe de labores, en el que resaltó que en el primer año se priorizaron las sedes con mayor rezago histórico: la del Pacífico, la del Sur y la del Caribe. Adelantó además que la institución invertirá más de 12 mil millones de colones en proyectos en infraestructura para sedes y recintos.
Durante su presentación el rector reiteró su protesta por la distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) recordando que en 2025 a la UCR le correspondió el 50,19%:
Este porcentaje no debería bajo ninguna circunstancia ser inferior al 50%. La defensa del presupuesto institucional no es un acto egoísta, sino una responsabilidad con el país, con la ciencia, con la cultura. Los aportes sostenidos de la UCR al llamado Fondo del Sistema han sido bastos. La afirmación de no existe redistribución de recursos del presupuesto del FEES entre las universidades responde a una narrativa alejada de la realidad”.
Salidas en falso
Como parte de su discurso, Araya recordó el incidente registrado a inicios de año con la circular R-75-2025, que generó un revuelo mediático pues ordenaba aumentos de salario para 22 funcionarios de confianza del rector. Aludiendo al hecho Araya indicó que “el objetivo era regularizar los salarios de las jefaturas de las oficinas administrativas, que producto de la transición hacia el Reglamento del Régimen Salarial Académico y el sistema de salario global había quedado en vacío normativo. Aunque la intención fue justa y técnicamente fundada, no supimos comunicar de manera oportuna y adecuada el sentido de esta medida. Su anulación, tras una amplia cobertura mediática y el debate público que suscitó, generó cuestionamientos y afectó la imagen institucional”.
Este mes, una situación similar volvió a presentarse. A finales de noviembre el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) aprobó una modificación presupuestaria que faculta a la institución a ajustar la anualidad al 3,75% para el personal cubierto por la convención colectiva y a reconocer, de forma progresiva, la deuda generada por este incentivo desde el año 2020.
DatoD+: La anualidad corresponde a un aumento salarial anual que reconoce la experiencia y permanencia del personal. La UCR aplica un 3,75% del salario base, según la normativa interna.
Previo a ese acuerdo la UCR había venido aplicando las anualidades según los montos nominales establecidos por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, lo que redujo el reconocimiento porcentual que contemplaba la convención colectiva. El cambio de interpretación aprobado por el CU llegó tras el fallo 08201-2025 de la Sala Constitucional, que declaró inconstitucional el transitorio que obligaba a denunciar las convenciones colectivas al vencimiento. De acuerdo al consejal Hugo Amores la sentencia de la Sala “reafirmó que la Convención Colectiva de Trabajo continúa vigente” por lo que a criterio de la institución “devolvió claridad al marco aplicable para la universidad”.
DatoD+: El Consejo Universitario justificó el ajuste amparándose en el criterio de la asesoría jurídica que a su vez se apoyó en el análisis jurídico que hizo Conare de la sentencia de la Sala.
Tras el acuerdo del CU la Oficina de Recursos Humanos de la UCR emitió el 9 de diciembre la circular ORH-24-2025, en la que interpretó lo aprobado por el CU y atribuyó la ejecución del pago de las anualidades directamente a la sentencia 08201-2025 de la Sala Constitucional, señalando: “Según la Resolución n.° 2025-008201 de la Sala Constitucional, corresponde aplicar los porcentajes de anualidad establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo vigente, a saber, un 3,75% por cada año laborado…”.
DatoD+: La sentencia 08201-2025 no contiene una orden expresa de pagar anualidades, ni fija porcentajes, ni ordena retroactivos. El fallo declaró inconstitucional un transitorio que obligaba a denunciar convenciones colectivas y reafirmó que la negociación colectiva sigue existiendo.
El propio 9 de diciembre la misma oficina emitió una segunda circular (ORH-25-2025) en la que anuló y dejó sin validez con efecto inmediato la ORH-24-2025 alegando necesidad de ajustes y precisiones.
Durante el evento de presentación de labores de Carlos Araya de este viernes, Central Noticias le consultó por la segunda circular que dejó sin efecto la primera. El rector reconoció que la circular original “tenía un error gravísimo” pero no consideró la decisión de dejar sin validez el documento una retractación de la interpretación institucional que hizo la UCR del fallo de la Sala:
Realmente lo que se está pagando es una diferencia en el pago de anualidad del año 2020. Un pasivo laboral según la asesoría jurídica. Y bueno, evidentemente, cuando pasa por el Consejo Universitario, pasa por la Contraloría Universitaria, y lo que se estaba pagando es una diferencia en el monto de anualidad del año 2020. Y eso tiene que actualizarse a partir del año 2026. Pero se asumió, por error, que se tenía que actualizar ese monto multiplicado por cinco años. Entonces, evidentemente, eso, primero, no era así, fue producto de un error y por eso se anuló la circular”.
De momento, la UCR no ha divulgado una versión corregida de la circular anulada ni una nueva comunicación con el detalle definitivo de los pagos anunciados. Sin embargo, en declaraciones a Diario Extra el rector indicó que tienen previsto realizar el pago de las anualidades con ahorros propios de la institución:
Este pago se hará con los ahorros generados. Como se explicó en el informe, hemos logrado ahorros importantes en la masa salarial. El nuevo régimen salarial global y el nuevo régimen salarial académico han producido reducciones significativas y, a partir de esos recursos acumulados durante el año, se tomaron los fondos necesarios para cancelar este pasivo laboral”.
