Aprobación de nuevo esquema de salarios para puestos de confianza generó cuestionamientos en torno al rector Carlos Araya.

El pasado miércoles 19 de febrero, El Guardián CR publicó que el rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro, creó una supuesta "piñata salarial" para puestos de confianza. Según este medio, la denuncia provino de una fuente anónima.

Ese mismo día salió a la luz la resolución R-75-2025, en la cual se evidenciaba que el rector aprobó una nueva escala salarial global de los puestos que corresponden a direcciones de gestión de vicerrectorías, jefaturas de oficinas administrativas y coordinación o dirección de unidades especiales.

Al día siguiente, el rector envió la circular R-10-2025 a la comunidad universitaria con el fin de aclarar que los señalamientos realizados en contra de su persona están "descontextualizados y motivados por una evidente mala fe, intentan principalmente lesionar la imagen institucional".

En ese documento, citó el acuerdo de la sesión n.º 6860 del Consejo Universitario, del cual Delfino.cr tiene copia, que fue firmado por el ex rector Gustavo Gutiérrez Espeleta el 4 de diciembre de 2024, donde se subrayó que Araya, mediante el oficio CU-2268-2024, del 17 de octubre de 2024, había solicitado a la Dirección del Consejo Universitario considerar la modificación del artículo 3 del Reglamento del régimen salarial académico de la Universidad de Costa Rica (RRSA), con el fin de que se valorara la inclusión de las posibles clases dentro de las categorías académicas ahí establecidas tales como las jefaturas de las oficinas administrativas, la Dirección de Gestión de la Investigación (DGI), la Coordinación de la Unidad  de Equidad y Género, la Dirección de Promoción de la Innovación y Vínculo  para el Desarrollo (DIPROVID) y la asesoría académica en Rectoría y vicerrectorías. 

En la circular de aclaración, el actual rector indicó: "Este acuerdo se motivó en las recomendaciones brindadas por la Comisión de  Coordinadores de Comisiones Permanentes (CCCP) del Consejo Universitario que, después de un profundo análisis manifestó que por el ámbito de competencia, no correspondía al Consejo Universitario una modificación reglamentaria sino más bien a la Rectoría, una resolución afín".

En una entrevista que le realizó La Nación a Araya, el rector explicó que dicha resolución obedece precisamente a ese acuerdo del Consejo Universitario, "producto de la entrada en vigencia del nuevo régimen salarial derivado de la Ley de Empleo Público".

En ese orden de ideas, en dicha circular agregó que con la resolución R-75-2025 se pretende:

  • Fijar topes máximos que resguarden los derechos salariales de las personas académicas que asumen estas oficinas coadyuvantes de gestión administrativa.
  • Garantizar la disposición de personal calificado.
  • Evitar pagos superiores a esos topes, "lo que sucedió incluso hasta diciembre pasado en algunas de esas oficinas y lo que sí podría considerarse abusivo", agregó Araya.
  • Eliminar cualquier tipo de inequidad salarial entre personas funcionarias que provienen del sector académico o administrativo.

Adicionalmente, mencionó en ese mismo documento que por medio del oficio R-1355- 2025 le solicitó al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), un estudio comparativo de la escala salarial global administrativa respecto a otras instituciones públicas o entes privados con el propósito de "determinar objetivamente los eventuales ajustes que se deban realizar para garantizar que  estos salarios no se alejen de la realidad del mercado laboral del país".

Finalmente, el rector concluyó indicando:

Así la verdad de los hechos, rechazo categóricamente los señalamientos anónimos que circulan con doble mala intención: obstaculizar la nueva administración universitaria y debilitar a nuestra benemérita institución, recurriendo a modos populistas y oportunistas  que no pueden distraernos de nuestros cometidos supremos y que exigen, más que nunca,  de cada una de las personas auténticamente universitarias, el temple y el talante que nos  deben caracterizar. No hay duda de que cualquier escenario inmoral y politiquero debe inspirar nuestra auténtica vocación formadora y humanística, son esos los desafíos que justifican en gran medida el quehacer educativo universitario [...]".

Hoy, a través de una misiva, el rector le solicitó a la directora del Consejo Universitario, Ana Patricia Fumero Vargas, suspender la publicación de la resolución R-75-2025 en la Gaceta Universitaria. Esto hasta que "se analicen escenarios alternativos que permitan solventar la problemática que se genera para el nombramiento de las personas que asumen jefaturas de oficina y otros cargos. Lo anterior, teniendo en consideración que esta resolución entraría en vigor hasta tanto sea publicada de manera oficial en la Gaceta y así se han girado las instrucciones correspondientes". 

Reacciones  

Parte de la comunidad universitaria expresó su indignación por dicha resolución por medio de una carta abierta cuyo formulario de recolección de firmas continúa abierto. En esta carta, escrita el 19 de febrero del presente año, posicionaron que la nueva escala salarial para puestos designados por la Rectoría está "basada en una débil justificación jurídica, técnica y financiera". Además, señalaron:

Consideramos inaceptable que una resolución universitaria carezca de los fundamentos esenciales y obligatorios que deben sustentar todo acto administrativo. La autonomía universitaria no debe ser instrumentalizada para aprobar incrementos salariales discrecionales y desproporcionados. Por ello, solicitamos la inmediata derogación de la resolución R-75-2025 y la anulación de sus efectos. Además, instamos a que, en adelante, se abstenga de emitir disposiciones sin el debido sustento legal, técnico y financiero, ni sin el cumplimiento de los procedimientos institucionales correspondientes".

Por su parte, la fracción legislativa del Frente Amplio (FA), envió una carta al rector expresando su preocupación así como solicitando un informe con todos los detalles sobre la decisión tomada acerca de los aumentos salariales vinculados a la resolución R-75-2025, incluyendo las justificaciones jurídicas, financieras y de oportunidad.

El diputado del FA, Antonio Ortega Gutiérrez, le compartió a Delfino.cr las siguientes declaraciones:

Nos parece que los recursos públicos no solo se tienen que atender con una mayor responsabilidad, sino que flaco favor se le hace en medio de una guerra sin cuartel que el presidente Rodrigo Chaves y sus acólitos han emprendido en contra de la educación pública, en contra del conocimiento, en contra de la ciencia, de la evidencia, del arte y de la cultura".