El año 2023 estuvo marcado por un alarmante aumento de la cantidad de homicidios dolosos en el país. Se registraron 907 homicidios, un 38.7% más que en el 2022, de los cuales 634 tuvieron como causa ajustes de cuentas, para un crecimiento del 70 % de homicidios por este motivo, en comparación al 2022. Las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial muestran, igualmente, que la tasa por cada 100.000 habitantes en el 2022 fue de 12,5 mientras que en el 2023 llegó a 17,2.
La cantidad de vidas humanas perdidas y de víctimas indirectas —hijos, madres, padres, etc.—, así como la violencia de estas acciones, justifica, en sí misma, la exigencia de respuestas inmediatas y adecuadas de corto, mediano y largo plazo, trascendiendo las iniciativas espontáneas —parafraseando a Pierre Bordieu— o superficiales, sin ningún respaldo teórico ni empírico.
En este sentido, conviene recordar que el número de homicidios por cien mil habitantes es el indicador más preciso y fiable para medir el aumento o decrecimiento del delito en general, puesto que, tratándose de homicidios, prácticamente todos los casos se registran, la llamada cifra negra es casi inexistente. Debido a ello, es aceptado por los estudiosos del fenómeno criminal que el aumento de los homicidios es un indicio de incremento de otros delitos, por ejemplo, de fraudes, robos y otros ilícitos contra el patrimonio, a pesar de no contarse, en estos otros delitos, con la misma certeza estadística.
No obstante, al complementarse este indicio con los datos de casos ingresados al sistema penal, la tendencia incremental se confirma, pues, en los primeros siete meses del año 2023, la cantidad de casos ingresados al OIJ por delitos contra la propiedad y fraudes creció en alrededor de 8.500 respecto del mismo período del año 2021.
Este aumento de los homicidios y del delito en general es, a su vez, un indicador de deterioro del respeto de la ley y de las condiciones de convivencia, que está afectando seriamente la cohesión y armonía social, pero también la economía, el clima de negocios y la imagen del país. Así lo informó El Financiero el 19 de noviembre pasado, cuando hizo un recuento de los delitos que están impactando, en mayor medida, cierto tipo o categorías de negocios.
El más reciente informe del Estado de la Nación, por su parte, hace referencia a un constante deterioro en la convivencia social, tanto en el ámbito familiar como en el entorno local y nacional, debido al aumento de la violencia en sus múltiples manifestaciones. De manera concluyente, señala: Todas las fuentes de información analizadas convergen en indicar una fuerte disminución de la seguridad ciudadana y de las relaciones pacíficas que caracterizaron a Costa Rica por mucho tiempo en la historia reciente.
Tal panorama hace imperativo identificar algunas pistas para reconstruir o reestablecer las condiciones de respeto a la ley y a los principios básicos de convivencia. Para ello, es útil apoyarse en la a menudo olvidada teoría, especialmente si se considera que existen innumerables aportes y estudios que explican, desde distintos enfoques, el delito y la desviación social, es decir, las situaciones en que una persona no se comporta de acuerdo con las normas ni las expectativas socialmente establecidas.
Estas teorías no necesariamente son excluyentes, sino, por lo general, complementarias. Una de estas es la conocida teoría de la anomia, especialmente desarrollada por uno de los padres de la sociología, Emile Durkheim, siendo una de sus corrientes la expuesta por Robert K. Merton, quien conceptualiza la anomia como discrepancia o desfase entre las metas de éxito prescritas socialmente y los medios legítimos puestos a disposición de los individuos y de los grupos para alcanzar esas metas.
Así, partiendo de la naturaleza social o gregaria del ser humano, Merton explica que la sociedad fija y ordena unos determinados objetivos, los cuales tienen su origen en el valor positivo que le atribuimos. Estos objetivos coaccionan a las personas a su consecución, quienes se ven estimuladas por el reconocimiento o estima social que esto puede generarles, así como por el deseo profundamente humano de encajar. Ahora, cuando las personas no disponen de los medios accesibles y suficientes para lograr dichas metas, aumenta la posibilidad de que ellas acudan, como alternativa, a medios no autorizados legal ni socialmente para alcanzarlos. Se procuran los objetivos trazados, pero recurriendo a medios ilegítimos, bajo la lógica del axioma popular “el fin justifica los medios”.
De acuerdo con esta tesis, la necesidad de encontrar caminos alternos o “innovadores” para lograr esas anheladas metas puede explicarse, en algún grado, por la excesiva presión social —coacción— puesta sobre las personas en alcanzarlas, particularmente cuando no se proponen otros objetivos, finales o intermedios, que puedan satisfacer de igual forma las expectativas sociales de las personas. En estas condiciones, por insuficiencia o carencia de acceso a los medios, se deriva una fuerte presión hacia la ilegalidad y hacia otras patologías sociales, causando un debilitamiento del sistema normativo -anomia-.
Al respecto, debe convenirse que, en los últimos años, se ha incrementado la presión social por cumplir con la meta del éxito material, dando un particular énfasis al consumo suntuario, desprovisto de propósito y de verdadera funcionalidad, prácticamente como única opción para lograr reconocimiento y aceptación social. Como consecuencia, las personas estamos en la carrera de acreditar o, al menos, reflejar nuestra comparativamente mayor capacidad de consumo, así como de obtener los medios para estos efectos. Se ha interiorizado culturalmente que esta es la mejor vía, sino la única, para obtener estima social.
Esta puede ser una explicación, entre otras posibles, para el incremento de los delitos de contenido económico o patrimonial, en cuenta del fraude en general, pero también de aquel fraude que tiene como víctima a familiares, amigos, patronos, socios o clientes; con lo cual se pone en evidencia cómo la presión social para la consecución de la citada meta puede llevar a comportamientos individuales capaces de traicionar, de ser necesario, las relaciones más íntimas.
De igual manera, este escenario revela el origen social, no sólo económico, de las fuertes sospechas de aumento de los delitos de legitimación de capitales y de corrupción; considerando que estos constituyen una alternativa para lograr dichas metas y que, a pesar de romper con las reglas más elementales del libre mercado, ya no encuentran el mismo reproche social, siempre que se realicen con “astucia” y se logre el objetivo. Incluso, también permite comprender, en algún grado, la mayor incidencia de los homicidios por ajuste de cuentas, relacionados con luchas por porciones del mercado de venta de droga o con “tumbonazos” de drogas, que son, finalmente, una lucha por dinero o poder económico.
Se evidencia, como consecuencia, un debilitamiento del compromiso de las personas con principios básicos otrora considerados innegociables, como la dignidad, la integridad e, incluso, la vida humana; que ya no representan el mismo límite para los comportamientos individuales. Tampoco, en términos generales, la vulneración de estos principios o la ejecución de actos ilegales o antiéticos provoca, según se adelantaba, la misma alarma o reproche social.
Tomando en consideración la tesis aquí referida, aparte de las respuestas más operativas como la presencia policial, así como la detección, detención y juzgamiento de las personas que cometen delitos, resulta apremiante ejecutar acciones que permitan reestablecer las deterioradas vías para alcanzar las metas u objetivos socialmente dispuestos; de manera que todas las personas tengan las oportunidades y expectativas, claras y ciertas, de acceder a la movilidad social por medios lícitos. De esta forma fue como, precisamente, se utilizó la teoría de Merton para luchar contra el aumento de la criminalidad en la década de los 60 en Estados Unidos, asumiendo que la mejora de oportunidades para los jóvenes de barrios marginales contribuiría a reducir la tasa de delitos.
En la misma línea, resultaría conveniente promover una diversificación de las metas sociales, otorgándole a otros objetivos igual o mayor valor que el aquí expuesto, de manera que las personas puedan satisfacer sus necesidades de reconocimiento social y de realización personal contando con esta diversidad de opciones, lo cual contribuiría a estabilizar el sistema normativo y a reducir la propensión hacia caminos ilícitos.
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