Este 2025 inicia una nueva campaña electoral en Costa Rica, acelerada por la polarización y la urgencia en temas que demandan atención prioritaria y que marcarán el futuro del país. Una de las promesas incumplidas cada cuatro años es la construcción de una verdadera política de estado en seguridad, justicia y defensa, que tenga como objetivo principal una visión país centrada en el ser humano.

La discusión no debería estar basada si las penas deben endurecerse o si los jueces son demasiados flexibles, la mutación del delito común hacia entornos virtuales como lo evidencian los datos del Organismo de Investigación Judicial, que reportan un incremento de 14 a 27 delitos informáticos diarios entre 2023 y 2024 a un aumento exponencial de 38 casos diarios en los primeros cuatro meses de 2025, revelan un fenómeno que seguirá en crecimiento ya que el país carece de una estrategia real para evitar su avance.

A falta de una política criminal integral, cimentada en la prevención, atención de las víctimas, la persecución, sanción, la rehabilitación de los privados de libertad, la coordinación interinstitucional y sobre todo, en una visión de Estado que pueda guíar con claridad y coherencia los esfuerzos nacionales e internacionales hacia soluciones reales, duraderas y alineadas con los principios democráticos del ser costarricense.

Si seguimos la ruta de las competencias y atribuciones que tiene los poderes del estado y otras instituciones, el Poder Ejecutivo en estos últimos tres años ha dejado desatendidos tres pilares fundamentales que toda estrategia integral debería contemplar:

  • La política criminológica de seguridad.
  • La política penitenciaria.
  • La política de prevención del delito y promoción de la paz social.

Cada una de esas políticas públicas exige crearlas con los recursos económicos necesarios para su ejecución, con una visión a largo plazo.

A la Asamblea Legislativa le corresponde diseñar una política de criminalización penal congruente con la realidad nacional, capaz de establecer marcos normativos estables que trascienden coyunturas políticas. Ante este panorama, no basta con endurecer las penas una apuesta que realizó el estado en los últimos tres años con un enfoque más punitivo que preventivo que se concentra en el castigo y la sanción.¿En qué momento la clase política costarricense decidió que era más rentable castigar que prevenir?.

La política de persecución penal, en manos del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), enfrenta una realidad los fiscales sobrecargados, recursos técnicos, económicos y humanos limitados, y con estructuras territoriales que no logran cubrir de forma equitativa las demandas del país. El Poder Judicial tiene que innovar en una una política pública clara de fortalecimiento institucional para el ministerio público y el organismo de investigación judicial y así responder a las amenazas que conlleva el avance desenfrenado del crimen organizado, para ello se necesita una visión país como eje transversal.

El Tribunal Supremo de Elecciones, tiene como responsabilidad el proceso democrático, que debe robustecer y fortalecer los mecanismos de fiscalización del financiamiento político, esta campaña enfrentará nuevos esquemas de financiamiento, muchas veces ligados al crimen organizado, que representan una amenaza directa a la legitimidad del sistema democrático.

Las municipalidades, cuentan con su autonomía constitucional administrativa, financiera y con presencia en todo el territorio nacional, ser parte activa de la política criminal integral no es una opción es una obligación. La policía municipal es el aliado perfecto cuando cuentan con recursos económicos y se profesionalizada, un rol clave en la prevención del delito y en la recuperación de espacios públicos, la policía municipal puede hacer la diferencia en las comunidades y ser parte de una estrategia nacional articulada, y con objetivos comunes.

Las últimas tres administraciones han abordado el problema de la seguridad con políticas gubernamentales de corto plazo, limitadas por calendarios electorales y agendas fragmentadas donde el ser humano muchas veces no está en el centro de la discusión. Pero el crimen organizado no espera, no se detiene, y no cambia de plan cada cuatro años, en este momento histórico requiere decisión política, liderazgo ético y visión estratégica.

¿Qué país queremos heredar a nuestra futura generación? ¿Uno que reacciona ante el delito o uno que solucione de manera estructural? Esperamos, que la discusión electoral esté a la altura del momento histórico que atravesamos, no soluciones mágicas, sino que se tenga la voluntad política y el temple ético para construir una hoja de ruta clara, firme y sostenida. Es urgente una estrategia que trascienda gobiernos, que convierta ese potencial en una política de Estado sería, articulada y comprometida con el bien común.

¿Está Costa Rica preparada para adoptar un Marco Estratégico Integral de Seguridad, Justicia y Defensa Nacional con visión a 12 años, que trascienda gobiernos y responda a los desafíos reales de una nación en transformación?

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