La organización pide que el contrabando no sea visto solo como un tema de salud, sino que se le dé un abordaje de seguridad pública.

La organización internacional Crime Stoppers denunció esta semana al contrabando de cigarrillos como una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en la región centroamericana.

Crime Stoppers es un programa comunitario internacional que, desde 1976, busca que las personas denuncien, de forma anónima y en línea, cualquier actividad relacionada con estos delitos transnacionales y sus principales actividades ilícitas, como la trata de personas, el comercio ilícito, la narcoactividad, las economías ilícitas y la cleptocracia.

Dato D+: Lea más detalles sobre la labor de la organización en la nota Crime Stoppers llega a Costa Rica para colaborar en la lucha contra el crimen organizado.

Esa lucha se dirige, también en parte, a contener las formas de financiamiento de las organizaciones criminales y por eso esta y la semana pasada en Ciudad de Panamá, la organización presentó una edificación de contenedores en el centro de dicha capital, con la cual denunciaron como los ingresos de los aproximadamente 15 contenedores de cigarrillos contrabandeados que entran en Panamá cada mes, se dirigen directamente a financiar a estas mafias.

Instalación de Crime Stoppers en la Cinta Costera 3 de Ciudad Panamá.

La instalación tiene como objetivo el llamar la atención a la ciudadanía sobre lo que provoca su consumo de estos productos, así como el de las autoridades nacionales y mundiales, con motivo de la Conferencia de las Partes (COP10) que se desarrolla justo en estos momentos en la ciudad.

Según indicó el director regional de la organización, Alejo Campos en una entrevista concedida a Delfino.cr:

Esta campaña que estamos haciendo en Panamá y que pretende llegar a todos los países de la región, busca que la población entienda que los temas de seguridad ciudadana se construyen en conjunto: el sector privado, el sector público y con la sociedad civil y por eso es clave que la ciudadanía entienda que el cigarrillo de contrabando financia al crimen organizado. Este tema se ve muy lejano, muy de Netflix, por eso hay que aterrizarlo a la realidad y decirle a la gente que el crimen organizado trasnacional opera en nuestros países y en nuestros barrios, a través de las pandillas o de las bandas locales para que así podamos entender que si compramos estos productos, lo que estamos haciendo es financiar a esta pandilla local que opera con la banda transnacional".

Campos agregó que el contrabando permite a las bandas tener un flujo de caja con qué operar y recibir ingresos de forma muchísimo más rápida que otras actividades delictivas como el narcotráfico.

Ese dinero "rápido" es el que permite que compren armas, municiones, que se envíe dinero a las cárceles, que se compran chips y celulares para networking "y todo eso sale de la recaudación moneda a moneda de productos como el cigarrillo de contrabando":

Es fundamental que la gente lo entienda y que por lo menos sepa lo que está haciendo cuando decide conscientemente comprar un cigarrillo de contrabando en el mercado porque es totalmente responsable de ello. La población siempre le exige a las autoridades competentes y al gobierno de turno que le resuelva el problema de seguridad pero ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos para resolverlo? A veces tomamos acciones que, sin saberlo, son cómplices de fortalecer estas estructurares criminales".

La organización también alertó sobre que políticas públicas prohibicionistas como la subida de impuestos o la prohibición de usos de cigarrillos electrónicos y similares (ompletamente prohibidos en Panamá por su ley 315) lo que hacen es generar una demanda mayor para el establecimiento de un mercado negro.

Al respecto Campos señaló que:

Cuando se prohíbe la comercialización, la importación o la distribución de un producto en particular, lo que está haciendo es generar un mercado ilegal. Si el gobierno no le da al consumidor ese producto de forma legal, controlada, regulada y con todos los estándares de calidad que un ministerio de salud tiene, el consumidor los va a buscar en el mercado ilegal y como al mismo tiempo la persecución de ese mercado ilegal es tan baja, es muy fácil para consumidores llegar a estos productos. Ya pasó en Estados Unidos con la ley seca que generó a Al Capone y eso es lo que está pasando ahora, aquí en Panamá".

En este sentido, otros sectores como la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo denunciaron que el gobierno panameño casi no se persigue este tema, lo cual genera que más del 92% de los cigarrillos que se consumen en Panamá sean de contrabando, pues su precio a veces no pasa de $1 por cajetilla, mientras que el costo de una caja legal asciende hasta los $7.

Así lo indicó el representante de la asociación, Hitler Cigarruista, quien señaló que:

En Panamá se comercializan cigarrillos de contrabando a vista pública y sin ningún control. ¿Por qué? Porque el policía que está en la calle piensa que detener a quien venden cigarrillos de contrabando es perjudicar a una persona que se está ganando la vida, que no está robando y resulta que eso no es así: no se trata de la persona que vende el producto en la calle, que tiene 20 cajetillas para vender o que tiene una cajetilla abierta para venderlos separados. Esa persona está allí porque hay criminales transnacionales que están detrás de él y eso es lo que tiene que visibilizarse".

El contrabando como tema de seguridad pública

En ese sentido, y en el marco de la Tercera Reunión de las partes del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de productos de tabaco (MOP3) que también se está llevando acabo en este momento en Panamá, Crime Stoppers pidió que el tema del contrabando no sea visto solo como un tema de salud, sino que se le dé abordaje como tema de seguridad pública.

Según indicó Alejo Campos:

Cuando hablamos del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Cigarrillos o de Productos de Tabaco encontramos verbos rectores que tienen que ver con la persecución, la investigación y la eliminación que en realidad son acciones que no se realizan desde un Ministerio de Salud, sino que se tienen que hacer desde el órgano competente de la justicia y de la investigación fiscal en cada país. Por eso es importante que estos temas no sean solo conversados con doctores, sino que sean dialogados con especialistas de blanqueo de capitales, de corrupción, de crimen organizado, de problemas en las fronteras y con los fiscales, porque es un tema de seguridad nacional. No estamos hablando de tabaquismo, que eso es un tema de salud pública, estamos hablando de comercio ilícito de un producto que financia al crimen organizado".

Crime Stoppers empezó a trabajar en Costa Rica desde mediados del año pasado y, en ese sentido, Campos indicó que ya han sostenido reuniones con fracciones legislativas nacionales como los de la de la Unidad Social Cristiana (PUSC), con quienes buscan impulsar leyes como los de extinción de dominio que permitan " de forma rápida, desalentar al crimen organizado, quitarle todos sus bienes y todas su plataforma económica financiera para poder delinquir".

A su vez, están trabajando un convenio con el Ministerio de Seguridad costarricense, en el cual el tema de los cigarrillos de contrabando está incluido, junto con los temas de contrabando de licores el cual, para Campos, es de los commodities de este tipo que resultan más fáciles de vender, junto con las medicinas contrabandeadas.

Un estudio de la Cámara Nacional de Comerciantes y Afines (CANACODEA) señaló, en 2021, que en Costa Rica, 4 de cada 10 cigarrillos que se consumen son de contrabando y no cumplen la normativa en cuanto a pictogramas y advertencias establecidas por ley.