Orden de detener el proceso se mantendrá hasta que se resuelva sobre la defensa que hará el Estado

Una medida cautelar provisionalísima presentada por sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en contra del Reglamento sobre medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil (5G) y superiores (Decreto Ejecutivo 44.196), detuvo temporalmente la adjudicación de red 5G que el ICE tenía en curso.

Dato D+: Las medidas cautelares provisionalísimas son las que se otorgan antes de dar derecho de defensa a la contraparte, por considerarse que existe un riesgo inminente a los derechos de las personas que la solicitan.

Desde el pasado mes de noviembre el ICE había iniciado el proceso de adquisición de bienes y servicios para la implementación de la red 5G en todo el país, basándose en lo que establece el Decreto 44.196, por lo cual ahora debe esperar a que se resuelva la medida cautelar, antes de poder continuar con el proceso.

Según confirmaron desde el Micitt la medida cautelar suspende la ejecución de los artículos 4°, 5°, 6°, 9°, 10° incisos c, d, e y f, 11°, 13° y el transitorio único del Decreto 44.196 que incluyen exclusión de participantes del mercado de telecomunicaciones 5G a las empresas que provengan de países que no hayan ratificado, o mostrado interés en ratificar el Convenio de Budapest sobre Ciberseguridad, lo cual incluye a empresas de origen chino.

El pasado 26 de enero la Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo presentado por representantes de la empresa de origen chino Huawei en contra del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por haberla excluido de la licitación de las redes 5G. En su sentencia la Sala consideró que no le correspondía a la jurisdicción constitucional analizar si el ICE contempló o no la totalidad de las disposiciones contenidas en el reglamento, ni tampoco si indirectamente limitó la participación de empresas con requisitos injustificados desde el punto de vista técnico, y por lo tanto el tema debía ser resuelto por la vía ordinaria.

El decreto ejecutivo ahora suspendido había recibido la semana pasada el respaldo de representaciones diplomáticas europeas en el país, posición que fue criticada por la Embajada de China en Costa Rica, la cual señaló que la "exclusión de empresas de países determinados va en contra de las reglas de mercado y al principio de competencia leal".

Sobre la suspensión temporal del decreto el viceministro de Telecomunicaciones, Huber Vargas Picado, señaló en un audio circulado a la prensa:

Desde el Micitt destacamos que esta medida se ha conseguido sin dar al Poder Ejecutivo la oportunidad de defender el reglamento y sus intereses públicos. Sin embargo, confiamos en que durante el proceso judicial se considerarán todos los aspectos relevantes para garantizar un resultado justo y equitativo, especialmente en lo que respecta a la seguridad nacional, la protección de derechos de los usuarios finales y la promoción de un ambiente propicio para la innovación y la inversión en el sector de las telecomunicaciones”.

Desde el Micitt añadieron que, por tratarse de una la medida cautelar provisionalísima, el Estado todavía no ha podido defenderse como parte del proceso, y aseguraron estar confiados de que “en el transcurso del proceso judicial, se considerarán debidamente todos los aspectos pertinentes para garantizar un resultado justo y equitativo, en línea con los intereses nacionales que conlleva el desarrollo de redes 5G en materia de seguridad nacional, el régimen de protección de derechos de los usuarios finales en cuanto a su intimidad, privacidad y secreto de las comunicaciones, y la confidencialidad e integridad de sus datos personales”.