La UCR divulgó recientemente un estudio de factibilidad para la reapertura de la carrera de Marina Civil en 2024, y según la Rectoría (R-326-2024), la necesidad de la existencia de la carrera se enmarca en lo revelado en la última edición del “Seafarer Workforce Report” (o Informe sobre la fuerza laboral de la gente de mar) del BIMCO y el ISF (2021). Sin embargo, lo que realmente indican los especialistas en este informe es que los países que más aportan gente de mar en orden descendente son Filipinas, Rusia, Indonesia, China e India.
Estos constituyen juntos cerca de un 44% de la fuerza laboral de gente de mar en el mundo, resaltando su papel significativo en la industria marítima; y llama aún más la atención que todos estos países forman parte de la lista blanca de la Organización Marítima Internacional. En estos países, la gente de mar constituye una fuente importante de su Ingreso Nacional Bruto y su Producto Interno Bruto (en Filipinas, por ejemplo; al 2019 representaban un 9,3% de su PIB y un 7,3% de su INB, y en total, 6.5 billones de dólares de sus ingresos provinieron de la labor de su gente de mar), pero Costa Rica no tiene una flota mercante de bandera nacional (ni dentro ni fuera de sus fronteras) que aporte significativamente a nuestra economía, ni está cerca de alcanzar un rubro con cifras similares en sus indicadores económicos, por lo que el informe (que tiene una escala más global) no es válido para tomarlo como referencia que justifique la apertura de la carrera en nuestro país. A mi criterio, es como iniciar una nueva carrera espacial en la cual Costa Rica definitivamente sería el gran perdedor.
Al igual que en esta ocasión, en el informe de apertura de la carrera de Marina Civil de febrero de 2012 (oficio VD-485-2012, que no corresponde a un estudio de factibilidad); la entonces Vicerrectoría de Docencia justificó la necesidad de apertura de la carrera con base en una edición anterior del reporte del BIMCO y el ISF (2010), indicando que habría una necesidad de 13.000 oficiales, cifra sobre la cual Costa Rica no tuvo impacto alguno por razones más que evidentes que conocemos hasta hoy. Cabe resaltar que dicho estudio no es gratuito ni está disponible en la base de datos institucional, tiene un módico costo de 150 libras esterlinas (cerca de unos 190 dólares estadounidenses) que dudo UCR haya pagado para tener acceso completo a él, sino que parece que se ha basado en pequeños extractos de publicaciones en diferentes sitios web con información al respecto… Una vez más, reprobaron la tarea con un “copy-paste” incompleto, tras un redoblado e intransigente esfuerzo por justificar una versión diferente de su mismo error. Y es que eso mismo es la carrera de Marina Civil, una copia defectuosa de su homóloga en la Universidad de Cádiz (España), que la UCR promocionó como un convenio de doble titulación que nunca existió.
Así mismo, en Costa Rica, la regulación laboral para trabajadores del mar se limita a 14 artículos del Código de Trabajo, diseñados originalmente para trabajadores en barcos de pesca, sin abordar adecuadamente las diversas profesiones marítimas; según analizó el Semanario Universidad. Las diferencias entre el trabajo marítimo no pesquero y el de los pescadores no están adecuadamente contempladas en nuestra legislación, lo que también deja lagunas importantes en cuanto al derecho laboral internacional. La jurisprudencia de la Sala II (00217-2005 y 2022-002933), ha interpretado que todas las actividades marítimas deben regirse por las leyes aplicables a los pescadores, debido a la falta de una normativa específica para otros trabajadores del mar (como el Convenio Internacional sobre el Trabajo Marítimo o MLC de 2006, de la OIT). Esta carencia legislativa se refleja en la ausencia de disposiciones sobre jornadas laborales máximas, pago de horas extraordinarias y salarios mínimos para personal no relacionado con la pesca en embarcaciones. Además, el uso constante del término "pescador" en lugar de "trabajador" en la legislación evidencia la falta de desarrollo tanto legislativo como cultural en el ámbito marítimo en Costa Rica.
Aun así, la UCR reabrió Marina Civil para su matrícula en el 2024, y a pesar de que en el mismo estudio de Pertinencia Académica y Factibilidad (que, por Estatuto Orgánico; debió realizarse antes del 2012 que se abrió la carrera) se reconoce:
- Que, dentro de los factores asociados a la permanencia extendida asociados a la Universidad, la gestión de la carrera, sus condiciones de desarrollo y las oportunidades brindadas; se provocó una extensión ilegítima de la permanencia académica en la carrera, más allá de la duración estipulada en la malla curricular.
- Que cuando un grupo de estudiantes llegó a los últimos ciclos, no se habían resuelto aspectos administrativos vitales para el normal funcionamiento de una carrera que es de corte internacional.
- Que la información relativa a la condición de rezago de los estudiantes de la carrera (provocada por la propia Universidad) no se encuentra debidamente enlazada al Sistema de Información Institucional para la Autoevaluación y la Gestión de la Calidad, a pesar de que el Sistema de Gestión de Calidad internacional obligatorio ya se encuentra aprobado.
- Que la realización de las prácticas de embarque estipulados en la malla curricular representa un factor de importancia en la extensión de la permanencia de la población estudiantil, que este tiempo adicional puede afectar la carga académica y el ritmo de estudio, y que el acceso a compañías navieras dispuestas a crear espacios de embarque para las personas estudiantes de la carrera ha sido muy restringido (con una espera de hasta más de 2 años, 6 años en la mayoría de los casos).
- Que entre otros aspectos, justificó sus motivos de reapertura de la carrera de Marina Civil en la aplicación de unas encuestas a solamente 5 representantes de compañías navieras en el país (de las 22 que conforman la Cámara Costarricense de Navieros NAVE), mismos que aclararon que, lamentablemente; lo que la mayor parte de estas navieras en el país tienen son oficinas operativas o comerciales (no casas matrices), que normalmente los procesos de contratación de tripulaciones no se manejan localmente, y que deben de acercarse a las navieras fuera del país para recabar información de los responsables de hacer estas contrataciones.
- Que en Costa Rica hay una ausencia de flota mercante nacional, y que esto además de requerir que el MOPT adecúe el registro de buques en el país; se necesita la graduación de un gran número de estudiantes que no es posible lograr en el corto plazo.
- Que solamente se tienen “acuerdos verbales” con dos navieras internacionales para la realización de las prácticas profesionales.
- Que la Vicerrectoría de Docencia autorizó en 2012 la creación de la carrera de Marina Civil vía Convenio Específico de Cooperación Académica entre la Universidad de Cádiz (España) y la Universidad de Costa Rica, mismo que otorgaría una doble titulación. Sin embargo, dicho convenio nunca estuvo firmado, y hasta hoy es imposible obtener una doble titulación española.
- Que el desfase en el programa de adquisición de equipos para la carrera (como la de un simulador de navegación que no entró en operación sino hasta junio del 2018) representó un retraso en el progreso de las mallas curriculares de estudiantes más avanzados de las cohortes iniciales de la carrera, a quienes en ese momento sólo les faltaba desarrollar los cursos en los cuales estos equipos eran indispensables.
- Que los posibles nichos de trabajo en tierra en diversas áreas de la Autoridad Marítima Costarricense (tales como capitanías de puerto, control de la navegación marítima, inspección de buques por el Estado Rector del Puerto, inspecciones o auditorías de seguridad marítima, inspección o auditorías de protección de buques e instalaciones portuarias, gestión de documentación de la gente de mar, entre otras) ya están ocupadas por otro tipo de profesionales de áreas distintas a la marina mercante.
- Que los conocimientos y el perfil de salida de las personas egresadas de Marina Civil como oficiales de marina mercante en cualquiera de sus énfasis son para trabajar a bordo de buques mercantes (que en Costa Rica no existen como flota nacional), y que la disponibilidad de puestos de trabajo en estos momentos para ese perfil es nula; además, que las capitanías actualmente están cumpliendo solamente funciones como Estado Ribereño, ya que el rol como Estado de Abanderamiento y Estado Rector del Puerto en el marco de los Convenios Internacionales Marítimos aún no se han implementado en Costa Rica.
- Que las proyecciones que se realizan de la carrera son para un posible escenario dentro de los próximos 10 años.
- Que esta carrera no termina con la obtención del grado de licenciatura en Marina Civil, sino que por requisitos de tiempo navegado se requieren unos 10 años más aproximadamente a partir de la graduación, y que la Universidad para ese entonces habrá terminado de diseñar y dictar los correspondientes cursos a fin de que dichos egresados reciban el título de capitán o jefe de máquinas por parte del MOPT. Hoy en día, es imposible obtener en Costa Rica los estudios académicos y profesionales necesarios para obtener dichas titulaciones.
- Que las compañías navieras internacionales no suelen contratar a personas latinoamericanas a bordo de sus buques.
Según la Rectoría (R-326-2024), en relación con el controversial tema de las prácticas profesionales de embarque; a nivel nacional, la UCR tiene convenios firmados únicamente con las compaías Svitzer y Coonatramar, y ninguno con la Naviera Tambor (a diferencia de lo que menciona el artículo «Marina Civil 2.0: superados los obstáculos, la UCR avanza “Toda Avante”») y los demás “acuerdos verbales” con compañías internacionales (dos) no implican algún tipo de convenio firmado entre partes que garantice la realización de las pasantías con la más mínima seguridad jurídica para la institución y los estudiantes que la vayan a cursar.
La UCR ha dejado a su suerte a estudiantes que, a bordo de embarcaciones de entidades externas y sin ningún tipo de seguro con cobertura internacional adecuado a este entorno; se han enfrentado a situaciones de violencia de todo tipo (inclusive sexual), de políticas abiertamente xenofóbicas, racistas y discriminatorias contra las mujeres, lesiones, y de atentados contra su propia vida… todas sin la capacidad de sentar algún tipo de responsabilidad o siendo cometidas fuera de la jurisdicción de algún país en específico (incluso el nuestro) en el cual puedan ser denunciados, reclamados o penados. Esta es la otra realidad de lo que se vive en la indignante carrera de Marina Civil de la Universidad de Costa Rica, de la cual hasta pena da decir públicamente que se es estudiante. Es una afirmación alejada de la realidad el decir que todos los obstáculos hayan sido superados.
Un ambiente militarizado, contrario a la Autonomía Universitaria y a los principios humanistas de una formación académica dentro de la UCR, que también se hace evidente por la obligación de portar uniforme según el rango y especialidad (informe CEA-537-2019). Y contra quienes se atreven a denunciar las anomalías de la institución (incluida mi persona), se toman represalias que les impiden cursar la práctica profesional y terminar la carrera. Aún las tres personas que ya se han graduado desde hace casi dos años, no han logrado ejercer como oficiales a bordo de alguna embarcación con su documentación costarricense, por el hecho de que nuestro país no forma parte de la lista blanca de la OMI.
Además, aunque el convenio con Coonatramar permite un período de embarque con una duración máxima de 12 meses, en la práctica, la institución no está permitiendo que los estudiantes superen más de 6 meses (ya que a criterio del MOPT, no cumplen con lo establecido en el convenio STCW o Ley N.° 9418 en Costa Rica). Así mismo, pese a que el actual convenio R-CONV-123-2023 firmado con Svitzer (únicamente para las prácticas de estudiantes de la especialidad de Ingeniería Marina o “máquinas”, como popularmente se les conoce) menciona que el primer acuerdo firmado en 2016 “cumplió a cabalidad con los objetivos” y generó “resultados favorables”, el informe VD-744-2019 más bien indica que ese anterior acuerdo con Svitzer implicó una invalidez académica y profesional en los términos del convenio STCW para los estudiantes que cursaron su práctica, y que dichos embarques realizados con la compañía no cumplían totalmente los requerimientos estrictos del convenio internacional.
En el 2022, facilité un contacto con la coordinación de la carrera para que a la UCR se le ofreciera una homologación de parte de Liberia (un país que forma parte de la lista blanca de la OMI), que también ayudaría a insertar a la institución al sector y a elevar la tasa de ingreso y matrícula de manera indirecta. Liberia estaba dispuesta a reconocer la carrera, y sus egresados tendrían oportunidad de aplicar a la libreta de marino y endorsarla con banderas de muchas otras naciones (incluida Panamá, que cuenta con la flota mercante más grande del mundo). Sin embargo, no se logró una reunión con alguna persona académica que considerara el tema de forma profesional, y lamentablemente, los funcionarios que actualmente están a cargo (tanto en la UCR como en el MOPT) parecen desconocer mucho sobre el tema y la carrera de Marina Civil. También se les ofreció un reconocimiento como centro de formación panameño, pero tampoco se logró concretar.
La UCR, en lugar de comenzar desde cero; hubiera tenido la oportunidad de aprender con un país de registro más experimentado e iniciar con la oferta de cursos internacionales OMI, mismos que son un requisito para cursar las asignaturas correspondientes a la práctica profesional de la carrera de Marina Civil y obtener la graduación. Pero estos (aún los básicos) ni siquiera forman parte del plan de estudios hasta hoy, ni son impartidos tampoco por la institución (ya que se requeriría de una autorización adicional a la homologación de parte del MOPT como autoridad marítima nacional). Recordemos también que la Ley Fundamental de Educación establece en su artículo 20 que “los títulos que expida la Universidad de Costa Rica deben ser válidos para el desempeño de las funciones públicas en que las leyes o los reglamentos exijan preparación especial, así como para el ejercicio libre de las profesiones cuya competencia acrediten”.
La reanudación de la carrera de Marina Civil en la Universidad de Costa Rica (UCR) para el año 2024 ha suscitado numerosas preocupaciones y críticas sobre su viabilidad y pertinencia en el contexto nacional e internacional.
A pesar de los esfuerzos por justificar su reapertura, se evidencia una falta de análisis exhaustivo y de entendimiento profundo de las necesidades del sector marítimo en el país, que también subraya las deficiencias en la estructura institucional y legal que respalda esta iniciativa. Además, los problemas relacionados con las prácticas profesionales de embarque, la falta de convenios firmados con empresas navieras y las deficiencias en la formación académica y profesional plantean serias dudas sobre la capacidad de la UCR para proporcionar una educación de calidad en este campo.
Es crucial que las autoridades académicas y gubernamentales aborden estas preocupaciones de manera integral y tomen medidas concretas para garantizar que cualquier programa educativo en el ámbito marítimo cumpla con los estándares de excelencia y contribuya verdaderamente al desarrollo sostenible del país en esta área. De lo contrario, persistirá el riesgo de desperdiciar mayores recursos y tiempo en iniciativas que no atienden las necesidades reales de la nación ni contribuyen de manera significativa a su progreso en el ámbito marítimo.
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