A pesar de que la Universidad de Costa Rica anunció el rediseño y reapertura de la carrera de Marina Civil para recibir a nuevos estudiantes en el 2024, no se han encontrado soluciones definitivas y realistas para quienes tienen más de 11 años en la carrera (ni siquiera durante los 5 años que se mantuvo cerrada la matrícula para nuevos ingresos), sino que ahora se habilitan más espacios para “embarcar” a nuevas personas en la travesía y terminar de hundir el barco con el tiempo.

El Informe Estado de la Nación del 2018 reveló que “la carrera de Ingeniería en Marina Civil de la UCR, la principal apuesta para facilitar el aprovechamiento de las nuevas oportunidades laborales en la provincia, suspendió en 2018 la inscripción de nuevos ingresos y no ha logrado graduar a ningún alumno”, y que uno de los principales desafíos de la Región Huetar Caribe es que “[…] el hecho de albergar el principal puerto para el comercio internacional del país aporta poco a la región. […] un conjunto de iniciativas de inversión pública y privada que se espera concretar en los próximos años, aún no generan optimismo en la población local”, y esto no ha dejado de ser una realidad hasta hoy (con la diferencia de que en los casi 12 años que tiene la carrera desde que se abrió en 2012, solamente ha podido graduar a 3 estudiantes de las más de 130 personas que en algún momento estuvieron empadronadas).

La falta de convenios específicos en temas de realización de las prácticas profesionales de embarque sigue siendo otro problema evidente. Aunque estas prácticas forman parte del plan de estudio, la UCR no tiene autonomía sobre su ejecución y supervisión dentro del marco de la legalidad, sino que están sujetas totalmente a la voluntad de entidades externas que de manera eventual puedan facilitar plazas abordo de sus embarcaciones. La experiencia internacional de otras universidades (como la Universidad de Cádiz en España y la UMIP en Panamá) ha demostrado que una medida importante que garantice el embarque de sus estudiantes y la posterior conclusión de su proceso formativo es que la institución haya firmado previamente convenios de cooperación con empresas navieras, a las cuales hayan podido incluso verificar si sus embarcaciones cumplen con los requerimientos mínimos internacionales para desarrollar las prácticas, su historial empresarial, récords de detención de sus naves, y demás información esencial.

Otro gran error de parte de la UCR es que los énfasis de la carrera (Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, e Ingeniería Marina) se siguen presentando a la comunidad nacional e internacional como Ingenierías. La carrera ni siquiera forma parte de la Facultad de Ingeniería de la propia Universidad, y la falta de algún gremio dentro del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) al cual sus futuros egresados puedan inscribirse restringe su posibilidad de ejercer legalmente el arte de estas profesiones. Esto ya era de conocimiento de la Vicerrectoría de Docencia de la UCR, quien lo manifestó desde el 2019 mediante el oficio VD-1034-2019.

Es importante considerar también que la carrera de Marina Civil tiene más de 4 años de estar judicializada penalmente y en fase preparatoria, a causa de una denuncia presentada por la Vicerrectoría de Docencia ante el Ministerio Público desde el año 2019 en contra de presuntos actos ilícitos; y el artículo 295 del Código Procesal Penal de nuestro país establece que ningún procedimiento preparatorio es público para terceros mientras se encuentre en trámite, lo cual permite a la UCR restringir discrecionalmente la emisión de cualquier tipo de criterio o documentación que refleje el verdadero estado de la carrera. Incluso el mismo Tribunal Constitucional en la Resolución 17853-2020 y otras similares se halló imposibilitado (según su criterio) para intervenir, cuestionar y desvirtuar toda información de parte de la UCR referente a la carrera de Marina Civil, debido a la causa penal activa. Esta falta de transparencia crea incertidumbre sobre todo para los estudiantes, quienes deben conformarse con aceptar la versión administrativa sin poder cuestionarla o fiscalizarla, ni tener libre acceso a información sobre asuntos de su interés.

Así mismo, Costa Rica sigue sin formar parte de la “lista blanca” de la Organización Marítima Internacional (OMI), y nunca ha tenido una flota mercante nacional. Esto quiere decir que la UCR ofrece a la carrera de Marina Civil como una opción que no compite lo suficiente a nivel internacional, y para la cual ni siquiera existe un mercado laboral nacional como mínimo para poder ejercer plenamente la profesión en el mar. Lo anterior resulta ser un gran desafío para las líneas navieras (muchas de ellas asociadas a la Cámara Costarricense de Navieros), ya que en Costa Rica no existe de manera clara algún plan de desarrollo del sector, y el país (a pesar de su enorme potencial y ubicación estratégica en el continente) aún tiene un largo camino por recorrer en la industria marítima antes de arriesgarse a experimentar con pasos tan agigantados en tan poco tiempo. Lo peor es que el tema es conocido por las autoridades de la UCR y del MOPT, sin embargo, las medidas que se han tomado hasta ahora han sido paliativas desde las múltiples denuncias y demandas presentadas en contra de su ineficiente e ineficaz administración.

Y es que Marina Civil nuca se planificó ni tuvo algún estudio de sus méritos y factibilidad desde que se creó, como lo requiere el artículo 197 del Estatuto Orgánico de la UCR; pero parece que mientras sean recursos públicos los que estén de por medio, para instituciones como la UCR se vale arrumbar a la deriva. Lo que sí me queda claro de ciertas acciones es que, aunque no todas han sido declaradas como ilegales aún; tienen lo suficiente para considerarlas éticamente cuestionables, inapropiadas y hasta una burla hacia la capacidad de raciocinio de las personas que desconocen la tan nueva materia en el país.

Estudiar una carrera universitaria no debería consistir en la simple obtención de un título, sino en planear un proyecto de vida. Como mínimo, la UCR debería hacer que las personas interesadas en ingresar a la “rediseñada” carrera de Marina Civil firmen algún tipo de declaración de consentimiento informado que refleje el entendimiento y la aceptación consciente de los riesgos asociados con estudiarla (que sí son reales), aunque más bien, el compromiso social dentro del quehacer de una universidad pública debería ser un aspecto importante que promueva opciones formativas de calidad y transparentes en respuesta a la realidad nacional. Hace 12 años no tuve esa oportunidad, y desearía que ninguna otra persona cometa la versión diferente de un mismo error que también comprometa su futuro.

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