El martes 7 de noviembre la administración Chaves Robles presentó oficialmente la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez (PNVE) 2023-2033. En la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) hemos esperado este momento con gran expectativa porque el país enfrenta un acelerado proceso de envejecimiento poblacional y porque es el momento de superar modelos que han demostrado ser limitados, ineficaces y muy frágiles para afrontar las necesidades de las personas adultas mayores. Reconocemos el esfuerzo realizado por las autoridades del CONAPAM y sus funcionarios para culminar el proceso y dotar al país de este instrumento de política pública tan necesario.

En AGECO consideramos que esta política ofrece un nuevo marco de referencia y establece los ejes de atención prioritaria para orientar y dinamizar la formulación y programación de acciones, tanto públicas como privadas, para abordar de manera creativa e innovadora las oportunidades y los retos que genera la transición demográfica y para impulsar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas adultas mayores.

En lo que respecta a sus principios, enfoques y estructuración de los ejes prioritarios, evidencia una robusta y moderna fundamentación conceptual y metodológica y se encuentra alineada a los estándares y principios sugeridos por Naciones Unidas y organismos regionales como CEPAL, que han venido señalando a los gobiernos la necesidad de adoptar un enfoque basado en derechos humanos y una atención integral centrada en la persona.

Todos estos aspectos nos llenan de optimismo de poder enfrentar el reto del envejecimiento poblacional y aprovechar su potencial con políticas públicas que visibilicen a las personas mayores, que cambien el enfoque asistencial por uno basado en los derechos humanos y que incorporen la contribución de las personas mayores a la sociedad y la economía.

Un plan de acción que sigue debiendo

El cambio demográfico y sus consecuencias no es un fenómeno sorpresivo, es una realidad para la cual el Estado debió anticipar una estrategia progresiva de atención. Aun con las bondades comentadas sobre la política de envejecimiento y vejez al 2033, seguimos rezagados en cuanto a disponer de un marco estratégico que incluya políticas de preparación, prevención y anticipación de las consecuencias del envejecimiento poblacional. Esto queda plenamente evidenciado en el contenido del Plan de Acción 2023-2027 pues, aunque genera la esperanza de que la política no es solo un conjunto de buenas intenciones, ya que se establecen indicadores, responsables y plazos para el cumplimiento de las acciones, es muy limitado en cuanto a la propuesta y alcance de las medidas incluidas.

Los expertos en demografía señalan que Costa Rica se encuentra entre los países clasificados como sociedades en la fase de transición demográfica avanzada. Según los datos estadísticos sobre población del INEC el país estaría pasando de un 10% de personas adultas mayores en 2023 a un 13% en 2030, estamos hablando de 771 000 personas mayores de 65 años. Sin embargo, el Plan de Acción para el período 2023-2027, no plantea metas agresivas en áreas prioritarias de atención, por ejemplo: 

  • Las metas del INA en cuanto a capacitación de personas adultas mayores solo crecen a razón de 27 personas adicionales por año.
  • La atención de personas por parte del CONAPAM se mantiene constante en ese mismo periodo en 17 980 personas. 
  • Adicionalmente, en el caso específico de la ampliación de cobertura del Régimen de Pensiones no Contributivas, la meta es una propuesta de ampliación y no hay datos en términos de incremento en la cantidad de personas beneficiarias.

Estos datos básicos ponen de manifiesto que este primer período de la política no prioriza recursos adicionales para garantizar mejores condiciones de vida para las personas adultas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social. La política queda subordinada al supra objetivo de equilibrio fiscal, máxima del neoliberalismo, que mediante sus políticas públicas manifiesta un claro desinterés por un sector de la población que se considera no productivo y fuente de gastos. 

Adicionalmente, los compromisos de la mayoría de instituciones que participan en el Plan de Acción se limitan a resolver temas de gestión que, eventualmente, permitirán una mejor atención a este segmento de población, como por ejemplo diagnósticos, estrategias, propuestas, guías, planes, criterios, foros, análisis, protocolos, programas, mapeos, catálogos, módulos y modelos. 

Todo pareciera indicar que esa participación no parte de una discusión profunda de las consecuencias y retos que plantea el envejecimiento poblacional para el país y cada institución se compromete de manera superficial y tratando de resolver aspectos procedimentales y operativos. En realidad, se limitan a seguir gestionando sin innovación, ni desarrollo de nuevas propuestas y sin una verdadera articulación transversal en el sector público. Es claro que de esa forma no avanzamos en la atención directa de los problemas que afectan a las personas mayores de hoy y menos aún en procurar acciones que aprovechen las oportunidades inherentes al envejecimiento de la población.

Además, en ese Plan de Acción no quedan reflejadas una serie de acciones que se realizan a partir de alianzas entre instituciones públicas y sector privado que inciden directamente en el bienestar de las personas mayores y en la generación de oportunidades y condiciones para que el país logre aprovechar los beneficios sociales y económicos que es posible obtener con base en una mayor inclusión activa de las personas adultas mayores.

Finalmente, es necesario destacar que los problemas y situaciones que viven las personas adultas mayores no se solucionan o superan solo con la acción del Estado. Para abordar los retos y las oportunidades que plantean el envejecimiento poblacional y la vejez es necesaria la participación de la propia comunidad y de las mismas personas mayores en ejercicio pleno de sus derechos humanos. 

En ese sentido, confiamos que el enfoque de género y de derechos humanos sea real y no solamente se quede como discurso. En AGECO, como organización de la sociedad civil, quedamos a la espera de los procesos que deben ser establecidos para que haya una verdadera representación y participación de las personas mayores de todo el país.

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