Costa Rica enfrenta un desafío que marca el rumbo de su futuro social: garantizar condiciones de vida dignas para una población adulta mayor que crece aceleradamente, sin profundizar la desigualdad. El XXXI Informe del Estado de la Nación (PEN) advierte que, en menos de 25 años, el número de personas de 80 años y más se cuadruplicará, generando una presión inédita sobre los sistemas de cuidados, salud y protección social. Sin un cambio estructural, las familias —especialmente la clase media— quedarán expuestas a costos inasumibles y a dinámicas de sobrecarga que ya hoy están afectando a miles de hogares.

El PEN explica que la Política Nacional de Cuidados 2021–2031 contiene metas relevantes, pero carece del financiamiento adecuado. Los servicios públicos de cuido existentes están orientados principalmente a hogares en pobreza y pobreza extrema, mientras que el sector privado ofrece servicios a precios que la clase media no puede sostener. Los datos del informe son contundentes: los servicios privados de cuido para personas adultas mayores superan el salario mínimo y superan los ingresos mensuales de al menos la mitad de los hogares costarricenses, incluyendo buena parte de la clase media. Esto implica que una familia promedio se enfrenta a costos que oscilan entre ₡350.000 y ₡900.000 mensuales por un cuidador privado; entre ₡200.000 y ₡450.000 por un centro diurno; y entre ₡450.000 a más de ₡1.200.000 al mes en hogares de larga estancia. Para una familia clase media con ingresos entre ₡700.000 y ₡1.200.000, estos montos son, en la práctica, simplemente insostenibles por períodos prolongados. El PEN lo resume con claridad: “Solo los hogares de mayores ingresos podrían asumir estos costos por tiempo indefinido”.

Mientras los servicios privados permanecen fuera del alcance de la mayoría, existe un actor social que ha sostenido históricamente el cuidado comunitario en Costa Rica: las organizaciones de bienestar social. Estas asociaciones y fundaciones, muchas de ellas administradoras de centros diurnos y hogares de larga estancia, operan bajo la supervisión de CONAPAM y con recursos provenientes principalmente de la Ley 7972, IMAS, FODESAF y la Junta de Protección Social. A pesar de presupuestos limitados y procesos administrativos exigentes, estas organizaciones han logrado mantener modelos de cuido dignos, humanizados y de calidad, con fuerte arraigo comunitario y participación de voluntariado.

Los diagnósticos nacionales señalan que estos centros diurnos y hogares —aun con recursos insuficientes, infraestructura que requiere mejoras y presupuestos sujetos a criterios de focalización estricta— brindan una atención que mejora la alimentación, la estimulación física y cognitiva, el acompañamiento emocional y la prevención del aislamiento social. Son organizaciones que han aprendido a hacer mucho con muy poco, que conocen las realidades locales y que aplican estándares de cuido que, en muchos casos, superan a los del mercado privado tradicional. Su limitación no es técnica ni humana: es financiera.

Sin embargo, estas organizaciones no pueden, por ley y por estructura presupuestaria, brindar servicios diferenciados a la clase media, pues los subsidios públicos están diseñados para población en pobreza. Esto deja a la clase media en una zona gris: no califica para ayudas estatales, pero tampoco puede pagar los precios del mercado. La consecuencia es un vacío de protección que expone a las familias al agotamiento, la renuncia laboral —especialmente de mujeres— y el endeudamiento.

Ante este panorama, Costa Rica tiene una oportunidad estratégica. El país debe aprovechar la amplia experiencia acumulada de las organizaciones de bienestar social para ampliar la cobertura y ofrecer alternativas accesibles también a la clase media. Pero esto solo será posible si el Sistema Nacional de Cuidados —en construcción desde las políticas recientes— garantiza un financiamiento estable, suficiente y flexible para estas organizaciones. Se requiere que puedan modernizar infraestructura, ampliar cupos, mejorar salarios del personal cuidador, ofrecer modalidades de copago, esquemas diferenciados según ingreso y servicios de respiro o atención parcial pensados para hogares que no pueden costear cuidados privados.

Costa Rica no parte de cero: ya existen organizaciones sólidas, comprometidas y con historia que han demostrado que saben cuidar bien aún con recursos escasos. El país puede construir su futuro de cuidados apoyándose en esa base comunitaria, siempre y cuando se les dé la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa que hoy les falta. Fortalecer a estas organizaciones no es solo una inversión social: es una estrategia inteligente para que ni las personas mayores ni la clase media queden desprotegidas en un país que envejece rápidamente y cuya demanda de cuidados crecerá más rápido que cualquier otra necesidad social.

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