La reforma fue aprobada sin consulta al ministerio ni a otras instituciones que integran la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.

El Ministerio de Salud advirtió que la reciente aprobación de la Ley 10.719, denominada “Reforma de varias leyes para fortalecer las organizaciones de bienestar social, en beneficio de la persona adulta mayor”, podría generar afectaciones en la operatividad del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y en la atención a personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad.

Dato D+: La Ley 10.719 fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 28 de abril y entró a regir desde el 30 de mayo de este año.

De acuerdo con la institución, la normativa paraliza la Junta Rectora del Conapam, obstruye su funcionamiento y podría provocar retrasos en la tramitación de gestiones relacionadas con esta población.

Reformas incluidas

La iniciativa fue presentada por el diputado Óscar Izquierdo Sandí, del Partido Liberación Nacional, el 8 de noviembre de 2023. La ley introduce modificaciones a cuatro cuerpos normativos:

  • Ley Integral de la Persona Adulta Mayor.
  • Ley de Creación del Sistema Nacional de Información y Registros Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).
  • Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
  • (Inicialmente) Ley General de Contratación Pública (SICOP), disposición que fue eliminada en la versión final.

Durante el proceso legislativo, la propuesta fue analizada por la Comisión de Asuntos Sociales, que emitió dictamen afirmativo el 22 de octubre de 2024. Entre los cambios aprobados destaca la exclusión de Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco) de la Junta Rectora del Conapam, sustituyéndola por tres representantes de las Organizaciones de Bienestar Social.

Ausencia de consulta institucional

El Ministerio de Salud señaló que, pese a su impacto directo sobre la gobernanza del Conapam, el proyecto no fue consultado a la Presidencia de la República ni a instituciones clave que integran la Junta Rectora, entre ellas el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y Ageco.

Dato D+: Según consta en el expediente legislativo, el proyecto fue consultado con el propio Conapam, que se manifestó parcialmente a favor del proyecto.

La institución advirtió que la implementación de la ley podría comprometer la continuidad, eficiencia y transparencia en la gestión de programas y servicios dirigidos a la población adulta mayor. Por ello, instó a las autoridades competentes y actores del sector a valorar las implicaciones reales de la normativa y promover los ajustes necesarios para garantizar una atención oportuna y sostenida.

A pesar de las objeciones que ahora realiza el Ministerio de Salud, la Ley 10.719 no fue vetada por el Poder Ejecutivo y fue firmada por el propio presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y su ministro de la Presidencia a.i., Jorge Rodríguez Bogle, el 13 de mayo de 2025.

La diputada independiente electa por el Partido Progreso Social Democrático (PPSO), María Marta Padilla Bonilla, ya presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.281) para que mientras se lleva a cabo el proceso de selección y designación de los nuevos representantes de las Organizaciones de Bienestar Social (OBS), la Junta Rectora del Conapam pueda sesionar conforme a su integración vigente antes de la Ley 10.719 del 13 de mayo de 2025.