Política busca que el país avance en el cumplimiento de derecho de las personas adultas mayores.

Luego de dos años de atrasos, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) presentó hoy la nueva Política Nacional de Envejecimiento y Vejez (PNEV) para el período 2023-2033, un instrumento que pretende que el país avance en el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores y mejorar sus condiciones de vida.

Las autoridades encargadas del documento esperan que este sirva para guiar la acción pública frente a los desafíos que enfrenta el país al ser uno de los países con mayor esperanza de vida en América Latina (80,9 años) y ante el envejecimiento acelerado de la población.

Para 2050 se proyecta que el 20% de la población será parte de este grupo de personas.

 

La iniciativa contó con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Con el apoyo técnico del BID, el Conapam realizó un diagnóstico sobre la situación de las personas mayores en el país para definir las prioridades de la Política y su respectivo Plan de Acción, que establece cinco ejes: seguridad económica en la vejez, atención integral en salud y cuidados, buen trato en la vejez y vida libre de violencia, desarrollo humano y fortalecimiento de la institucionalidad.

Por mandato de la Ley No. 7935, al CONAPAM le corresponde la formulación de las políticas y los planes nacionales en materia de vejez y envejecimiento. Al respecto, el Presidente de Junta Rectora de Conapam, Norbel Román, comentó que:

Esta política representa el compromiso de trabajar activamente por elevar la calidad de vida de las personas adultas mayores, generando condiciones óptimas que les permitan un desarrollo integral”.

Por su parte, la directora ejecutiva del CONAPAM, Emilia Mora, señaló que la PNEV  resume el cambio de paradigma que ha tenido lugar en las últimas décadas, "reflejado en la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que supera la perspectiva asistencial respecto a la población adulta mayor".

Esto implica abandonar la noción de vejez centrada en la pérdida de capacidades, para enfocarnos en el pleno cumplimiento de sus derechos”.

La PNEV 2022-2032 tiene como antecedente la primera Política Nacional de Envejecimiento y Vejez formulada en el país, que estuvo vigente entre 2011 y 2021. Dicho documento fue criticado porque carecía de un plan de acción para ponerla en práctica.

La nueva política debía ser publicada en octubre de 2021. A finales de ese año este medio de comunicación conoció que para la confección de la nueva política nacional, el gobierno de Carlos Alvarado Quesada contrató a un equipo de consultores a través del UNFPA.

El tiempo y el dinero que se presupuestó para la consultoría se agotó y aún estaba en proceso el plan de acción, por lo que el Conapam debió asumir una tarea que no le correspondía en un inicio.  El objetivo de dicho plan es darle factibilidad a la política desde la institucionalidad para que no sea una política vacía y en la que solo el Conapam sea responsable.

Los 5 ejes de la nueva Política

En un comunicado a la prensa, los involucrados en la confección de la política destacaron que las diversas áreas en las que se enfocarán.

En el ámbito de la seguridad económica en la vejez, el documento plantea mejoras mediante el seguimiento a la evolución del poder adquisitivo de las pensiones y una mejor cobertura de la protección social, el acceso a empleo sin discriminación, el apoyo al emprendimiento y una mejor cobertura de la protección social.

Mientras que en el buen trato y una vejez libre de violencia, buscan que la población adulta mayor tenga acceso a mecanismos de denuncia y protección frente a la violencia, accesibles y eficaces, y que se fortalezca la cultura de prevención de la violencia hacia los mayores.

Sobre la atención integral en salud, promueven que estas personas disfruten de su derecho a la salud considerada de forma integral, con servicios sociosanitarios fortalecidos, población con acceso a información y a oportunidades para el desarrollo de estilos de vida tendientes a un envejecimiento activo y saludable.

En el desarrollo de capacidades, esperan que tengan mejor acceso a educación, a bienes culturales y actividades de mejora de su calidad de vida, y más integradas socialmente, en entornos físicos y socioculturales respetuosos de sus derechos.

Por el último, propone fortalecer la institucionalidad vinculada la protección y promoción de los derechos de las personas adultas mayores, con el fin de mejorar la eficiencia y la eficacia de sus procesos, para el cumplimiento de estos derechos.