Reclamo debe dirimirse en la vía dispuesta por la Reforma Procesal Laboral

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como la Sala IV, rechazó los cuatro recursos que fueron interpuestos por funcionarios del Banco Nacional suspendidos desde el 12 de octubre como sospechosos de la sustracción de 3000 millones de colones de la bóveda del banco.

Según confirmó la oficina de prensa del Tribunal Constitucional ante consulta de Delfino.cr, los recursos de habeas corpus fueron rechazados de plano, es decir, no pasaron el filtro de admisibilidad de la Sala. 

De acuerdo con la respuesta dada a este medio, los magistrados consideraron que dada la promulgación de la Reforma Procesal Laboral (Ley 9343), todos los reclamos relacionados con los derechos laborales —como en esta ocasión— derivados de un fuero especial (por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica, así como cualquier otra causal discriminatoria contraria a la dignidad humana), tienen un cauce procesal expedito y célere, por medio de un proceso sumarísimo y una jurisdicción plenaria y universal.

Las pretensiones deducidas en este recurso son propias de ser conocidas a través de los nuevos mecanismos procesales que prevé la citada Reforma Procesal Laboral o, en su caso, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con lo resuelto por esta Sala en la Sentencia No. 2008-002545.

Los magistrados Fernando Cruz Castro y Paul Rueda Leal consignaron razones diferentes, en el sentido de que no advirtieron alguna afectación a un elemento esencial de relevancia constitucional del debido proceso o del derecho a la igualdad, sino que los reclamos versaban sobre una disconformidad con temas propios de la legalidad ordinaria.

Los expedientes rechazados se tramitaron bajo los expedientes 23-27107-0007-CO, 23-27108-0007-CO, 23-27109-0007-CO y 23-27110-0007-CO. En ellos los funcionarios cuestionaron que las medidas cautelares emitidas por el Banco Nacional de Costa Rica restringen su libertad de tránsito al prohibirles que, durante el tiempo de la suspensión, puedan de manera libre salir de su casa en cualquier momento y a la distancia que deseen.

Este miércoles el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial llevaron a cabo 11 allanamientos en distintos inmuebles del país, con el objetivo de recabar prueba para incorporar al expediente que investiga el faltante de más de 3200 millones de colones sustraídos del Banco Nacional.

Los allanamientos se realizaron en oficinas de la entidad bancaria y en casas, con presencia de fiscales, investigadores y jueces desde las 8:00 de la mañana.

Esta investigación fue abierta por la Fiscalía Anticorrupción el 24 de octubre anterior, luego de que varios medios de comunicación dieran a conocer el supuesto hecho delictivo. 24 horas después, los fiscales a cargo del caso hicieron una inspección ocular en el sitio, y junto con agentes judiciales, trabajaron en la investigación que hoy se da a conocer mediante múltiples allanamientos.