Para enfrentar la creciente ola de violencia y crimen que amenaza la paz de nuestro país es indispensable que el gobierno inyecte recursos al Poder Judicial y a los cuerpos policiales. La inversión debe ser proporcional al tamaño del problema, pues las experiencias en la región nos muestran el enorme costo de perder la paz.

En los primeros 8 meses del 2022, Costa Rica registró 422 homicidios. Un año más tarde, tras la llegada de la administración actual, el número de homicidios en el mismo período fue de 599, un aumento del 42%. La tendencia continúa y el año en curso está camino a convertirse en el año más violento en la historia del país.

La criminalidad es un fenómeno complejo y sería injusto achacarle por completo la responsabilidad a la administración actual. Lo que sí resulta impresionante es que, frente a la crisis, el Gobierno haya decidido no actuar. Más allá de algunos ejercicios retóricos, al día de hoy no existe una propuesta concreta para aumentar sustantivamente los recursos destinados a seguridad, mientras las noticias de asesinatos y balaceras se multiplican día a día.

Múltiples expertos y figuras con autoridad en la materia, como la ex-presidenta Laura Chinchilla, han señalado la urgencia de inyectar recursos en serio en materia de seguridad. La razón es clara: los mismos oficiales, investigadores y juzgados que antes investigaban y procesaban uno o dos asesinatos diarios, hoy tienen que investigar hasta 3 por día. El sistema se encuentra saturado, los oficiales no dan abasto.

La respuesta debe ser proporcional a la magnitud del problema. Frente a un aumento de los homicidios de 44%, los presupuestos del Poder Judicial y Seguridad deberían crecer por lo menos un 10% para hacer frente a la ola de crimen e inseguridad. Esto equivale a un aumento entre ambos de 76 mil millones de colones (equivalente 0.16% del PIB), muy por encima de los 21 millones de colones de aumento propuestos en el presupuesto 2024.

La situación fiscal no es una excusa para no actuar. Gracias a los esfuerzos de consolidación fiscal de los últimos 5 años, el país cuenta con un superávit primario de 1.4% del PIB a junio, muy por encima de la meta establecida en el acuerdo con el FMI. En cuanto a la regla fiscal, no tengo duda de que sí el Gobierno plantea una medida específica en materia de seguridad, existe la voluntad política para construir una solución. En materia fiscal hay margen de maniobra suficiente para reaccionar y la experiencia de la región nos demuestra que el costo económico y social de no actuar es infinitamente mayor.

El Gobierno está aún a tiempo de tomar acciones y enderezar el rumbo. No tengo dudas de que en materia de seguridad encontrará el apoyo de todas las fracciones legislativas y de toda la ciudadanía. Todas las personas deseamos que el Gobierno sea exitoso en esta materia, pues la paz nos pertenece. Pero es necesario que las autoridades reaccionen, de lo contrario, tendrán que llevar la carga histórica de ser el Gobierno en el que Costa Rica perdió su seguridad y su paz.

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