Informe es generado por la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

7 personas de los Pueblos Originarios y que participan en procesos organizativos o de recuperación de tierra-territorio fueron amenazadas de muerte. Este es uno de los datos presente en el “III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur (enero-diciembre 2022)”, que es construido por la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), con la participación de personas de los Territorios Bribris de Salitre, de Yabamï Dï Katá, Cabécar de China Kichá y Brörán de Térraba.

Desde hace tres años que se construyen estos informes, las amenazas de muerte a personas indígenas o que participan en defensa del territorio para los pueblos originarios llegaron a 33. 

Entre los datos del último año destacaron que se registraron al menos tres ocasiones distintas en las que se detonaron disparos al cuerpo de las personas recuperadoras. Mientras que en el caso de Greivin Fernández y Darío Ríos los consideran como sobrevivientes a tentativas de homicidio.

En el caso de Fernández, en febrero del año anterior, recibió un ataque en la cabeza con un machete y en su mano, lo que le hizo perder un dedo. El ataque fue perpetrado por un hombre identificado como Leandro Rivera Venegas. El informe agregó:

Luego del ataque, Greivin tuvo que soportar varias horas sin ser atendido por personal de la Cruz Roja; cuestión que constituye en violencia institucional -bastante recurrente en los Territorios Indígenas..."

Posteriormente en abril, dos hombres con arma blanca se apersonaron en Konò Ju, territorio en que se encontraba el recuperador Greivin Fernández, para asesinarlo. En el documento se detalló que los sujetos violentos se encontraban bajo los efectos del alcohol. "Luego de la amenaza, las personas recuperadoras cabécares llamaron al 911 y ninguna patrulla se hizo presente en el lugar", agregaron.

En mayo, hombres violentos de nombre Cristóbal Rivera, Antony Rivera y Noel López llegaron con machetes a las cercanías del salón comunal del Territorio indígena China Kichá, amenazaron a las personas recuperadoras y enfatizaron en Greivin Fernández. En agosto fue amenazado nuevamente, esta vez por el no indígena, Fernando Blanco, detallaron.

Por su parte, en el caso de Darío Ríos, en abril fue atacado por la espalda por Leandro Rivera Venegas, quien intentó cortar su garganta. Esto no fue logrado por la resistencia y defensa de Darío, quien cuenta con una cicatriz en su cuello producto del ataque.

"Ante la conmoción del ataque, luego del traslado de Darío y cuando las personas recuperadoras cabécares se encontraban exigiendo justicia y que Leandro Rivera fuera detenido por la agresión, la Fuerza Pública respondió con gases lacrimógenos. Las personas recuperadoras identificaron alrededor de 10 gases lacrimógenos en su contra y sin ninguna razón". 

En total, el informe de la Coordinadora reconoció que sólo en el 2023, los Pueblos Originarios sobrevivieron a 58 incidentes de seguridad. Las agresiones, añadieron, fueron llevadas a cabo por distintos actores como ocupantes ilegales, peones, personas afines.

Por tercer año consecutivo, identificaron a la Fuerza Pública como el principal actor que violenta los Derechos Humanos de las personas indígenas. Sus agresiones tienen que ver con ataques con gases lacrimógenos, abusos de autoridad, golpes, detenciones arbitrarias, amenazas entre otras, detallaron.

El análisis y cruces de variables estadísticas evidencia que el conflicto ha aumentado, afirmaron. Si bien los incidentes de seguridad han disminuido al pasar de 86 en el 2020 a 58 en el 2022, las agresiones cometidas en esos suceso aumentaron: pasaron de 203 a 331. Es decir, en un sólo incidente de seguridad pueden ocurrir numerosos delitos, explicaron.

"De esta manera, los datos recopilados hasta ahora demuestran que cada ataque contra los Pueblos Originarios cuenta con más ensañamiento y racismo", indicaron en la CLSS.

La recuperadora de tierra, Clarita Quiel Torres, del Clan Tubolwak y del Territorio Bribri de Yabamï Dí Katá (conocido como Cabagra), comentó en la presentación del informe:

Lo que hemos podido denunciar son pocas cosas en comparación a lo que nos toca sobrevivir a nosotras en las recuperaciones. Estamos hablando de agresiones que ocurren todos los días, en cualquier momento. Somos personas que aprendemos a vivir con el riesgo, las amenazas a nuestra vida y a la de nuestras familias. Lo hacemos así porque protegemos nuestros derechos y sobre todo, protegemos a nuestra madre: Iríria”.

Mayor judicialización

El III informe también señala que el conflicto está transitando a una mayor judicialización. Esto quiere decir que el conflicto se lleva más por la vía judicial y no por la política. "Particularmente por materia penal donde las y los principales afectados son los Pueblos Originarios", aseguraron en la Coordinadora.

La afectación va desde la necesidad de tener que salir varias veces a la semana del Territorio para atender diligencias judiciales sin ningún apoyo económico para hacer diligencias judiciales, también por que la materia legal se ve como algo sumamente técnico y no como una herramienta o un saber de los Pueblos y les obliga a buscar abogados (as) debido a que la labor de la Defensa Pública es muy insatisfactoria, detallaron.

Sobre este proceso, recordaron que ninguna persona no indígena ha sido procesada penalmente y mucho menos condenada. El único caso había sido Eduardo Varela (asesino confeso de Jerhy Rivera), pero fue absuelto en el mes de julio por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago y a la fecha se encuentra en libertad.

Asimismo el documento señala la insuficiencia del trabajo de la “Mesa Interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la población indígena, 2022-2026”, creada por la administración Chaves Robles en agosto de 2022.

Consideran que dicho órgano, lejos de proteger a los Pueblos Originarios, ha atizado el conflicto, desconocido cosmogonía de los Pueblos Originarios y ha revictimizado a estas personas. La investigadora a cargo, Nery Chaves García, señaló:

Una vez más, podemos observar como el Estado costarricense continúa desconociendo la ley, sus resposanbilidades y comete violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios sumamente graves, como las detenciones arbitrarias. Pese a que este Gobierno lleva poco tiempo, su accionar ha sido desde el completo desconocimiento y sin ninguna acción propositiva, real y cotundente para aminorar al conflicto. Al contrario, actúa desde la ignorancia, con soberbia y con pocas intenciones de escuchar a los Pueblos Originarios que están en riesgo en todos los momentos de su vida”.

Añadió que la administración Chaves Robles no ha convocado a las organizaciones propias del Pueblo Bribri de Salitre y Brörán de Térraba a ninguna reunión para darle seguimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de estos Pueblos en 2015.

El “III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur (enero-diciembre 2022)” fue presentado en la Universidad de Costa Rica y en la Asamblea Legislativa el 12  y 13 de setiembre respectivamente. Adicionalmente encuentra disponible en la página web de la Coordinadora de Lucha Sur Sur.