Proyecto de ley también invierte carga de la prueba en procesos administrativos y judiciales.
Esta tarde se presentó a corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 23.908) para la “protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica ya sea pública o privada, autorizada”. Con este fin plantea que los bancos o financieras, públicas o privadas, serán responsables solidarios cuando un ciudadano sea perjudicado por una estafa digital, y establece que el afectado debe ser indemnizado por el daño o las pérdidas sufridas cuando se sustraigan sus dineros o patrimonio de las cuentas, aunque provenga el acto de terceros ilegítimos.
El proyecto también invierte la carga de la prueba en los procesos administrativos y judiciales donde se aleguen fraudes bancarios o similares. Además, se establece que en los casos relacionados con la defensa al consumidor, fraudes electrónicos personales o de cualquier tipo de entidades bancarias o similares, tanto a nivel administrativo como judicial, regirá la inversión de la carga de la prueba en favor de las personas afectadas.
En aras de impulsar esos ajustes el proyecto plantea reformas al artículo 35 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley N°7472), el 298 de la Ley General de la Administración Pública (Ley N° 6227) y el 41.1 del Código Procesal Civil (Ley N° 9342).
En la exposición de motivos la iniciativa de ley indica que entre el año 2021 y el 2022, las denuncias por estafas bancarias crecieron un 43,6%, al pasar de 5.528 (datos de 2021) a 7.938 (datos 2022) y que el perjuicio económico de esta actividad delictiva fue de más de 4.300 millones de colones. Señalando además que “Estas cifras son la punta del iceberg, ya que no todas las personas afectadas denuncian estos robos, por lo que la cantidad de personas estafadas y de dinero robado es mucho mayor”.
También se indica que “el proceso de denuncia en los bancos es tortuoso, lento, humillante e inefectivo” y que “en la mayoría de los casos el banco se niega a devolver los dineros sustraídos y las personas afectadas deben pagar servicios profesionales para que representen sus intereses. La mayoría de las veces no cuentan con recursos económicos para pagar estos servicios”.
A partir de estos y otros hechos citados en la motivación del proyecto, se plantea que “las víctimas desesperadas no encuentran respuesta a su acongojante situación, por lo que recurren a la vía judicial, y en virtud de que no existe una norma expresa que faculte al operador jurídico a dar una sentencia justa, donde se responsabilice a la entidad bancaria de incumplimiento de deber de eficaz custodia, casi siempre terminan perdiendo su capital y patrimonio, quedando en un estado de indefensión”. Se aportan, en ese sentido, 14 detallados testimonios de estafas para ayudar a ilustrar la situación expuesta.
Cada vez es más recurrente escuchar que la ciudadanía es víctima de estafas bancarias. Del 2021 al 2022 las denuncias por estafa han tenido un crecimiento del 43.6%, donde el proceso es lento e inefectivo. Hemos visto como cientos de personas y familias han perdido los ahorros de su vida. ¡𝐘 𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐞! Es por ello, que he presentado, con la colaboración del Movimiento “Gente Estafada en los Bancos de Costa Rica”, el Proyecto de Ley N.º 23.908 que plantea una reforma a la Ley de Promoción y Defensa del Consumidor para que las entidades financieras a cargo de los ahorros deban responder de una manera objetiva y solidaria de sus clientes cuando se vean perjudicados”.
