Uno de los recursos de amparo admitidos por la Sala es de la diputada Johana Obando.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida popularmente como la Sala IV) admitió para estudio dos recursos de amparo en contra del proyecto de marcho digital anunciado por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles el pasado mes de abril.
Uno de ellos fue presentado por la diputada del Partido Liberal Progresista, Johana Obando Bonilla, quien calificó el marchamo digital como "violación a la intimidad" y una "herramienta de videovigilancia muy poderosa".
He sido muy insistente en el tema, he hecho varios controles políticos, recibimos al INS en una reunión de fracción y hasta los llamé a una sesión de trabajo, la implementación del marchamo digital realmente me preocupa porque podemos estar frente a un proyecto que violentaría la protección de datos sensibles de los costarricenses.
Según dice en su recurso Obando, esta tecnología "permite rastrear objetos en movimiento, como automóviles, mediante ondas de radio de manera única". Además, acotó que el Gobierno "podrían triangular información" para utilizar el mecanismo con fines de vigilancia masiva.
Para la congresista es urgente que Costa Rica tenga un marco de seguridad sobre protección de datos personales y que se busque salvaguardar los datos sensibles del ciudadano y que primero se refuerce las bases de ciberseguridad.
Además planteó algunas preguntas que el gobierno no aclaró en la publicación del proyecto como por ejemplo: ¿Qué información obtendrá? ¿Quién tendrá acceso a la base de datos? ¿Qué medidas de ciberseguridad se aplicarán? ¿Qué pretenden en una segunda etapa? ¿Qué garantía ofrecen para que esto no se convierta en una UPAD 2.0? ¿Cómo nos aseguran que no será un proceso de vigilancia masiva?,
En virtud de la admisibilidad del recurso, la Sala notificó a las instituciones recurridas (Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Instituto Nacional de Seguros (INS), Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt)), y les solicitó un informe sobre las violaciones alegadas. Posteriormente, el pleno de los magistrados de la Sala razonarán el caso y emitirán sentencia, en la cual la legisladora espera se protejan los datos personales de la ciudadanía
Lea: Marchamo digital: no dejemos que el lobo nos prohíba avanzar
El otro recurso lo planteo el abogado Eduardo Solano Solano, en el que la Sala le notificó al INS la necesidad de responder a los señalamientos hechos en el amparo, para lo cual dio un plazo de tres días hábiles.
Este caso se tramita bajo el expediente 23-13775-0007-CO y según la Ley de Jurisdicción Constitucional una vez que el INS presente sus argumentos de respuesta, la Sala estudiará a fondo el tema y brindará una respuesta.
Sobre la admisión a estudio del amparo Solano señaló que en sus argumentos se explica por qué este proyecto es una violación a la intimidad y a la autodeterminación informativa de la ciudadanía y que sólo se podría tramitar con una ley especial que lo respalde.
La jurisprudencia de la Sala es muy consistente en el tema de protección de datos y esperemos que este caso no sea la excepción.
El INS anunció el 26 de abril que abrirá una licitación para conseguir proveedores para un proyecto que digitalice el marchamo mediante chips en el país.
Se trata de una iniciativa país interinstitucional que se trabaja junto con los ministerios de Hacienda y Obras Públicas y Transportes (MOPT) para generar una etiqueta de derecho de circulación que tendrá que cambiarse cada 10 años, eliminando papeles y unificando las calcomanías que se pegan en el parabrisas.
