El proyecto fue presentado por los diputados de la fracción del Frente Amplio, en colaboración con organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la población de género diverso e intersex.

La fracción legislativa del Frente Amplio presentó, esta semana, el proyecto de ley de Reconocimiento de las Identidades Trans, no binarias, de Género Diverso e Intersex (expediente 23.809) que busca crear legislación que proteja los derechos de estas personas en el país.

Actualmente, la legislación costarricense solo reconoce los géneros femenino y masculino y aunque tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2018, se reconoció el derecho de las personas trans a cambiar su nombre de acuerdo con su identidad de género autopercibida, para las organizaciones, esta medida no ha sido suficiente.

Por ello, el proyecto de ley presentado busca reconocer los derechos de esta población en ámbitos como la rectificación del sexo y del nombre registral, la garantía de su derecho a la participación en cargos de elección popular, la prohibición de intervenciones médicas sin consentimiento y la creación de mecanismos de protección para menores de edad, entre otros.

En la conferencia de prensa de anuncio de la presentación, la persona vocera de las organizaciones que trabajaron el proyecto, Jota Vargas Alvarado, indicó que:

Este no es el primer proyecto de ley trans que se presenta en la Asamblea Legislativa, ya han habido otros proyectos que tienen relación con identidad de género. Este proyecto tiene tres años de estarse gestando, ante la necesidad de una ley trans, no binarie e intersex que abarcara y reconociera los derechos humanos de estas personas. Así empezamos en la construcción de esta base que, en conjunto con otras organizaciones para, entre todes, empezar a construir este proyecto de ley que reconozca todos los derechos que están en nuestra Constitución Política, en nuestras leyes y en los tratados internacionales pero que no se están respetando para las personas trans, no binarias e intersex".

Vargas agregó que la ley "no se llama de identidad de género, porque abarca muchos otros derechos, más allá de la identidad de género".

Por ello, y por ejemplo, el proyecto incluye la rectificación del sexo asignado al nacer, así como la interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que les exige a estas personas elegir entre un género u otro a la hora de participar en las listas de puestos de elección popular.

La iniciativa también responsabilizaría al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a impulsar políticas públicas para proteger a las personas menores de edad que sufren violencia o discriminación por su identidad de género, así como dar acompañamiento psicosocial y la creación de albergues, responsabilidad que también sería de las municipalidades.

Además, detalla acciones para impulsar el acceso a la educación de esta población, como que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) destine, por lo menos, el 3% de los cupos en cada uno de sus servicios de capacitación y formación profesional a estas personas.

A su vez, agrega que el Ministerio de Trabajo “deberá brindar información y asesoría a personas trans, no binarias, de género diverso e intersex sobre asuntos relativos al trabajo” y que las instituciones públicas tendrían que reservar el 3% de sus vacantes al año para ellas.

Finalmente, establece la prohibición a que se realicen intervenciones médicas sin consentimiento que establece el texto en el tema de salud, haciendo responsable al Ministerio de Salud del diseño políticas públicas inclusivas y de darles acceso sin restricción ni discriminación a servicios y medicamentos a estas personas.

Según indicó la diputada frenteamplista, Priscilla Vindas Salazar, tras la presentación del proyecto de ley:

Este proyecto de ley lo que viene a buscar es el reconocimiento de aquellas poblaciones que han sido invisibilizadas por muchísimos años y con las cuales el Estado tiene una fuerte deuda. Es importante que a estas poblaciones no se les siga vulnerando y discriminando y que se les pueda garantizar el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación y al empleo. Es importante que empecemos a avanzar como una sociedad inclusiva que realmente respete a todas las personas por igual y este proyecto nos traerá un paso más cerca de esa sociedad".

El proyecto está a la espera de que se le designe comisión legislativa para empezar a trabajarse.