Desarrollo humano y seguridad ciudadana

El desarrollo humano busca la expansión de las libertades y oportunidades de las personas para que alcancen su máximo potencial. Promueve las condiciones necesarias para que las personas desarrollen su proyecto de vida. Entre sus supuestos se encuentra la seguridad ciudadana, entendida como la condición personal, objetiva y subjetiva, de verse libre de violencia o amenaza de violencia física o patrimonial.

Seguridad y desarrollo humano son interdependientes. El deterioro de una arrastra al otro. No podemos desconocer que buena parte de las manifestaciones de inseguridad y criminalidad es resultado de privaciones, servicios precarios, desigualdad, exclusión y discriminación. Por otro lado, la inseguridad y la violencia profundizan las brechas, afectan la vida cotidiana de las personas y las decisiones que toman bajo la influencia del riesgo asignado a ser víctimas.

La situación actual de la violencia criminal en Costa Rica

A diciembre de 2022 se registró un aumento en delitos contra la propiedad respecto a 2021, pero muy por debajo de 2019, año previo a la pandemia. En el caso del homicidio, 2022 arroja la tasa más alta de la historia, 12,6 por 100 mil habitantes, pero no tan distinta a la de 12,2 en 2017. No se trata de relativizar una noticia grave, sino llamar la atención sobre el comportamiento reciente de este delito, que ha fluctuado entre una tasa de 10 en 2014, hasta la actual, con imposibilidad de disminuirla a una sola cifra, como sucedió entre 2011 y 2013. El dato más preocupante es el aumento del número de homicidios durante 2023. Si comparamos el primer cuatrimestre con el mismo período del año anterior, se registra un crecimiento cercano al 45%. Además, el porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego y cuyo móvil está vinculado al crimen organizado es inquietante.

Hay que decir que el problema del homicidio no se confina a la delincuencia organizada. El porcentaje atribuido a discusión o riña alcanzó en 2022 el 17% del total, lo que refleja un problema de violencia interpersonal que hay que atenuar a través de capacidades de resolución pacífica de conflictos, control de armas y atención de los desencadenantes de respuestas violentas, entre otras cosas.

Respecto a la violencia contra las mujeres, persiste de manera grave e inaceptable, con riesgo de aumentar en otros ámbitos como el mismo crimen organizado. Se impone la necesidad de atender el fenómeno más allá de mejoras en la legislación, pues responde a un problema cultural que hay que erradicar.

El desafío de delincuencia organizada

La penetración de la delincuencia organizada es evidente. Hay que reconocer cambios que se han producido es sus dinámicas internas y transnacionales: nuevas rutas y formas de vinculación y organización, arraigo local, mayor penetración en los territorios, efectos colaterales de políticas de otros países que afectan a Costa Rica directamente, entre otros aspectos. Para enfrentar este problema hay que apelar a distintos recursos, entre ellos, el trabajo conjunto y coordinado a nivel internacional, mejorar las capacidades de la administración de justicia, provisión de mayores recursos tecnológicos a cuerpos policiales y una revisión cuidadosa de la legislación para proveer a las autoridades de herramientas para detener la actividad criminal, que no es solo el homicidio, sino un complejo delictivo incluyendo la legitimación de capitales.

Hacia una política integral basada en la evidencia

A pesar del panorama desafiante, hoy se abren nuevas y mejores oportunidades para hacer un abordaje sensato y riguroso, que no permita caer en la paradoja de sacrificar, en nombre de la seguridad, las libertades y el sistema de convivencia que se pretende proteger.

La inseguridad no es resultado de la mala suerte. Hay causas que la explican. Hay capacidad y conocimiento para anticipar la violencia y corregir las condiciones que la provocan. Una vez manifestada, debe atenderse, pero sin descuidar la prevención de la violencia futura. Si solo se enfrenta la violencia actual, será una batalla agotadora e interminable.

Existe voluntad, rigor y experiencia para avanzar en una política pública, con perspectiva de género y enfoque territorial, dirigida a atender oportunamente los factores de riesgo de la violencia, incluyendo los situacionales y sociales, a través de acciones de prevención primaria y secundaria que reduzcan la criminalidad, a la vez que generan oportunidades de desarrollo y convivencia para las personas. En este punto hay una intersección con otras políticas que convoca a la coordinación interinstitucional en todos los niveles.

Adicionalmente, resulta necesario fortalecer estrategias de prevención terciaria para romper el círculo de la violencia y la victimización con una visión reintegradora, tanto en el sistema penitenciario, como en la atención de adicciones desde el enfoque de la salud y la reducción del daño. Asimismo, es indispensable fortalecer la atención y reparación de las víctimas, desde la mirada de la justicia. Nada de esto es contradictorio con el control y sanción de las conductas violentas y crímenes actuales, según lo establece la ley.

Vemos con optimismo el reconocimiento de la evidencia como instrumento de orientación de la política pública. Ciertamente, sin mejores capacidades de generación y análisis de información, no es posible diseñar ni ejecutar acciones de precisión, oportunas y eficaces, para la prevención y control de la criminalidad, considerando especialmente los territorios y poblaciones mayormente afectadas.

Sin embargo, hay que decir que la transformación que se requiere para vencer el temor y establecer condiciones de seguridad y convivencia pacífica, no es posible sin financiamiento. No sería responsable depositar expectativas en instituciones y personas si no se les otorga los recursos necesarios para cumplir con ese propósito. Esto requiere abrir la discusión sobre el espacio fiscal para la seguridad ciudadana.

Una política pública basada en evidencia es indispensable, es la carta de navegación, pero requiere voluntad política, recursos y un modelo de gobernanza interinstitucional e intersectorial para ponerla en práctica y sostenerla en el tiempo. Se está ante la oportunidad de emprender un esfuerzo transformador hacia la sociedad pacífica y solidaria que con persistencia permanece en lo más profundo de la identidad costarricense.

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.