El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate un proyecto de ley para incluir obligaciones específicas a los proveedores de servicios de activos virtuales, como parte de los esfuerzos para prevenir la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El proyecto, tramitado bajo el expediente 22.837 y que fue presentado por el gobierno del entonces presidente Carlos Alvarado Quesada, modifica la Ley N.º 7786 al añadir un nuevo artículo 15 quáter, que define las obligaciones de estos proveedores, incluyendo la identificación de clientes y beneficiarios finales, la conservación de registros de transacciones, controles sobre personas expuestas políticamente y sobre países considerados de riesgo por organismos internacionales.

Según el proyecto, los proveedores de servicios de activos virtuales deberán inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), que ejercerá su supervisión con un enfoque basado en riesgos. La inscripción ante la Sugef no constituye una autorización para operar, sino que busca asegurar el cumplimiento de los requisitos antilavado.

El nuevo artículo establece que se considera activo virtual toda representación digital de valor que pueda transferirse o comercializarse en línea, aunque no tenga curso legal como moneda en Costa Rica. Además, define proveedor de servicios de activos virtuales como toda persona física o jurídica que realice actividades como intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal, transferencias, custodia, emisión u oferta de activos virtuales.

El proyecto exige que estas empresas documenten y actualicen las evaluaciones de riesgo y mantengan mecanismos para proporcionar información a las autoridades competentes. También deberán reportar de forma confidencial e inmediata cualquier operación sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

El texto establece controles especiales para las transferencias internacionales de criptoactivos, alineados con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), e impone restricciones a las relaciones comerciales con proveedores que no estén debidamente inscritos.

Además, la Sugef tendrá la obligación de mantener un registro público y actualizado de los proveedores inscritos y podrá sancionar a quienes operen sin estar registrados. También se faculta a la Superintendencia para imponer controles diferenciados según el tamaño, la estructura y el volumen de operaciones de cada entidad.

El proyecto incluye reformas a varios artículos de la Ley 7786 para que los proveedores de servicios de activos virtuales queden sujetos a los mismos requisitos y sanciones que otras entidades reguladas. Entre estas obligaciones destacan el reporte de transacciones sospechosas, la inmovilización de fondos vinculados a investigaciones y la cooperación con la Unidad de Inteligencia Financiera.

Se prevén sanciones que van desde multas proporcionales al monto de las transacciones no reportadas hasta multas de entre dos y cien salarios base para quienes incumplan los requisitos de identificación de clientes, controles internos y reporte de operaciones sospechosas.

Aunque se aprobó en primer debate por la unanimidad de los 41 congresistas presentes, se prevé que la iniciativa sea retrotraída a primer debate para hacerle cambios adicionales.

Breves

— Con 42 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 24.771 "Desafectación del uso público y autorización para que se segregue y done un terreno propiedad de la Junta Educación de Escuela de San Isidro de León Cortés a la Asociación de Desarrollo Integral de San Isidro de León Cortés".

— Con 43 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.892 "Modificación de límites del cantón de Montes de Oro".

Proyectos dictaminados

— La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia dictaminó afirmativamente el expediente 24.555 "Reforma del Artículo 1 de la Ley que Crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, Ley N° 9220 del 24 de marzo del 2014".

— La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó afirmativamente el expediente 24.818 "Reformas a varios Artículos del Código Procesal Agrario, Ley N.º 9609 de 27 de setiembre 2018".

— La Comisión de Gobierno y Administración dictaminó afirmativamente el expediente 24.898 "Autorización a la Municipalidad del Cantón de San Carlos para la condonación de deudas, intereses y multas sobre impuestos, tasas, servicios y demás obligaciones" y el expediente 24.910 "Autorización a la Municipalidad de Pérez Zeledón para que done un inmueble de su propiedad a la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP)". Por el contrario, rechazó el expediente 24.968 "Desafectación del uso público y autorización para que se segregue y done un terreno propiedad del Ministerio de Gobernación a la Asociación de Desarrollo Integral de San Pablo de Platanares de Pérez Zeledón, San José".

Cambios en la agenda de sesiones extraordinarias

El Poder Ejecutivo convocó los siguientes proyectos de ley:

  • Expediente 24.970: "Reforma al artículo 1 de la Ley Forestal, Ley n.º 7575, de 16 de abril de 1996"
  • Expediente 25.057: "Ley para el fortalecimiento de las competencias de la Junta de Protección Social y la regulación de los juegos de azar en el marco de la seguridad y el combate del crimen organizado"
  • Expediente 24.234: "Ley para eficientizar el levantamiento de secreto bancario en las investigaciones penales"
  • Expediente 23.968: "Ley para el fortalecimiento y modernización del Fondo Especial para el Desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (FODEMIPYME) creado mediante la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley n.º 8262"
  • Expediente 24.903: "Reforma al artículo 76 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, Ley n.º 3504 del 26 de mayo de 1965 y sus reformas. Ley para la inscripción automática de electores"
  • Expediente 23.906: "Desafectación del uso público y autorización para que se done un terreno propiedad del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo a la Municipalidad de Santa Ana de la provincia de San José"
  • Expediente 23.990: "Reforma de los artículos 13 y 45 de la Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados y sus reformas, n.º 8395"
  • Expediente 23.234: "Ley de fomento y promoción de la competencia en el mercado de medicamentos"
  • Expediente 24.580: "Reforma al artículo 46 de la Ley n.º 7558 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica del 3 de noviembre de 1995, para eliminar el uso de billetes y monedas en el servicio público de transporte remunerado de personas modalidad autobús de ruta regular"
  • Expediente 24.906: "Desafectación del uso público y autorización para que se done un terreno propiedad del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo a la Municipalidad de Santa Ana de la provincia de San José"
  • Expediente 22.981: "Ley de creación del Área Silvestre Protegida Paisaje Nacional Espejo de Agua Embalse Arenal y fomento de actividades asociadas al uso sostenible en su zona de amortiguamiento"

Leyes publicadas

En el Alcance N.º 80 a La Gaceta N.º 120 del 1 de julio de 2025 se publicaron y entraron a regir las siguientes leyes:

— Ley 10.726 "Reforma el Artículo 29 de la Ley N° 3091 de Japdeva y sus reformas" que se tramitó bajo el expediente 23.686. Esta iniciativa se aprobó en la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera el 29 de abril de 2025 por lo que transcurrieron 63 días para su publicación en el diario oficial.

— Ley 10.733 "Reforma de la Ley 7248 "Tarifa de impuestos municipales del cantón Central de Cartago", del 26 de julio de 1991" que se tramitó bajo el expediente 24.351. Esta iniciativa se aprobó el 10 de junio de 2025 por lo que transcurrieron 21 días para su publicación en el diario oficial.