A un año de la Presidencia del mandatario Rodrigo Chaves Robles, es importante evaluar algunos temas hacendarios, de finanzas públicas, costo de vida, empleo, pobreza y el fortalecimiento de los programas sociales, que tienen impactos directos e indirectos en el día a día de la población.

Hace 12 meses la Administración Chaves Robles tomó las riendas de este país. Inició su mandato con enormes expectativas de cambio económico y transformación social. Un año después, me atrevo a decir que las expectativas no se cumplieron y que muchas de ellas quedaron en el papel, en el mundo de las buenas intenciones y sin fuerza para convertirse en realidad.

Este es el Gobierno del discurso, del señalamiento, que promete y no cumple. Un Gobierno sin capacidad de negociación política que no ha podido o no ha querido establecer un diálogo democrático; que ha demeritado las legítimas demandas de sectores sociales como el agro, las universidades y otros. Un Gobierno que ha gastado mucha energía en repartir responsabilidades, sin asumir las propias.

Más allá de la popularidad del presidente, a las personas nos preocupan otros temas más importantes que tienen que ver con el ingreso, la comida, el trabajo, el estudio y la seguridad de nuestros hijos y nuestras hijas.

Nada ganamos con un presidente que sale bien en las encuestas de opinión, si su Gobierno no tiene una estrategia para crear más posibilidades de empleo; si no tiene un plan para rescatar a la educación pública, ni tampoco para combatir la espiral de violencia que azota a nuestro país.

En resumen, estamos frente a un Gobierno que, con el pasar del tiempo, acumula una serie de promesas democráticas sin cumplir en detrimento de la población costarricense.

Una de esas promesas sin cumplir es el costo de la vida. Con bombos y platillos la Presidencia de la República anunció que en marzo el país registró una inflación interanual de 4,4%, según el Índice de Precios al Consumidor del INEC.

Más allá de ese dato, los costarricenses no percibimos esa disminución en el día a día, ni lo vemos reflejado en el precio de las cosas. Lo que sí se nota es que nuestro poder adquisitivo es limitado, que tenemos menos capacidad de ahorro y que nuestro patrimonio se reduce poco a poco.

Dijo el presidente en su primer informe de Gobierno ante la Asamblea Legislativa que nuestra inflación es una de las más bajas de los países OCDE. Pero olvidó mencionar que también tenemos la segunda tasa de desempleo más alta de la OCDE con un 11,0%.

¿Qué ganamos con tener una baja inflación si la tasa de desempleo se mantiene alta? ¿De qué sirve controlar la inflación si las personas no generan el ingreso suficiente que permita satisfacer las necesidades básicas?

De acuerdo con el INEC, la población desempleada se estima en 264.000 personas, que representan familias sin ingresos, en condiciones de inestabilidad e incertidumbre, sin acceso a oportunidades y con una clara afectación en su calidad de vida.

De esas 264.000 personas desempleadas, 130.000 eran hombres (8,9%) y 134.000 mujeres (14,1%). Esto pone de manifiesto, una vez más, no solo la seria afectación que vivimos las mujeres en el ámbito laboral, sino que también el escaso compromiso del Gobierno y sus instituciones en formular políticas públicas que nos garanticen igualdad de condiciones y el pago justo por nuestro trabajo.

No puedo dejar de mencionar a las 911.000 personas que tienen un empleo informal; es decir, sin acceso a la seguridad social, sin ingresos fijos, sin acceso al crédito, sin reconocimiento de sus derechos laborales y en muchas ocasiones trabajando en condiciones precarias que ponen en riesgo su integridad.

Según un artículo publicado por el Programa Estado de la Nación:

encontrar un empleo de calidad es, cada vez, más difícil. Y para algunas personas que presentan ciertas características, es aún más complicado. Por ejemplo, un bajo nivel educativo, ser mujer, una persona joven, vivir fuera de la región Central, no tener competencias digitales (computación) y no hablar un segundo idioma, son condiciones que predominan entre los grupos más excluidos del mercado laboral...”

Por lo tanto, “es imprescindible diseñar e implementar una política nacional de empleo, con enfoque territorial, de género, jóvenes y de baja escolaridad, que trascienda los períodos gubernamentales y que logre conectar a las personas con las oportunidades laborales.”

Sin trabajo, el riesgo de caer en la pobreza es inminente. Según el INEC, el porcentaje de hogares costarricenses en pobreza es de 23%, lo que equivale a casi 400.000 hogares, siendo ésta la cifra más alta a nivel histórico en el país.

Por su parte, el porcentaje de hogares en pobreza extrema es de 6,4%, lo que significa casi 11.000 hogares en esa condición. Tales datos se traducen en exclusión social, desigualdad, hambre y acceso limitado a servicios básicos como la educación, salud y vivienda digna. ¿Qué sentirán estas familias cuando, a pesar de la baja inflación, no les alcanza la quincena para suplir lo básico?

La cifra de pobreza aumenta cuando se distingue entre los grupos etarios más vulnerables. Por ejemplo, Costa Rica es el país de la OCDE con más niños y niñas en condición de pobreza. El 27% de las personas menores de 18 años vive sin suficientes recursos para satisfacer sus necesidades, mientras que en personas adultas mayores el índice es del 22%.

¿Dónde están los planes de este Gobierno para reducir el costo de la vida, crear más puestos de trabajo, combatir la pobreza y reactivar la economía?

¿Cuál es el compromiso del Poder Ejecutivo para fortalecer los programas sociales que atienden a poblaciones vulnerables de este país?

No hay ningún compromiso. No hay ninguna voluntad. Eso es lo que ha demostrado este Gobierno cuando se niega, una y otra vez, a girar los recursos aprobados por este Congreso para financiar asuntos sociales.

Solo un Gobierno carente de sentido y responsabilidad social puede darse el lujo de no girar 10.000 millones de colones al BANHVI para brindar soluciones de vivienda, 10.000 millones de colones a las asociaciones de desarrollo para atender proyectos comunales y más de 9.000 millones de colones a las municipalidades para que arreglen puentes y caminos locales.

Solo un Gobierno insensible e indiferente con la seguridad social, que promete y no cumple, puede darse el lujo de negar más de 26.000 millones de colones a la Caja para mejorar las condiciones de salud de los costarricenses.

Solo un Gobierno insensible e indiferente con la crisis de inseguridad que vive el país, puede darse el lujo de no entregar casi 6.400 millones de colones para que el Poder Judicial ponga en total y adecuado funcionamiento la nueva jurisdicción contra el crimen organizado.

Le recuerdo, señor presidente, que el pasado mes de abril fue el mes más violento en la historia nacional, con un registro de 78 homicidios, es decir, 2,6 homicidios por día.

No olvide usted, señor presidente, que poco o nada vale incrementar los ingresos totales en 4% (a marzo 2023), si la gente no tiene trabajo o si nuestra juventud se desangra por problemas de narcotráfico y crimen organizado.

¿De qué sirve alcanzar un “supuesto” superávit primario del 0,3% del PIB si no hay recursos para construir escuelas, carreteras u hospitales? ¿Cuéntenos que ha tenido que sacrificar este país a cambio de ese superávit primario?

Para este segundo año de mandato, quiero instar al Poder Ejecutivo para que fortalezca el Estado Democrático y Social de Derecho que impera en este país desde la fundación de la Segunda República, lo que nos ha permitido transitar por la senda de la equidad y la justicia social.

Con absoluta vehemencia le invito, señor presidente, a buscar un adecuado equilibrio entre lo social y lo fiscal, ya que sobre ese delicado balance descansa la paz social de Costa Rica. Lo invito a empezar a cumplir.

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