A través de un pronunciamiento, la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica (UCR) expresó su preocupación respecto a varias situaciones relacionadas con las últimas decisiones de la administración del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Cuestionamientos

El documento enumera una serie de aspectos del contexto educativo actual como la necesidad de implementar una política de evaluación de la calidad docente tal como lo han sugerido el VIII Informe del Estado de la Educación y Estudios Económicos de la OCDE en 2023, y contar con los Marcos Nacionales de Cualificaciones.

También señalaron preocupación ante la falta de sesiones del Consejo Superior de Educación, los resultados de las últimas pruebas PISA que demostraron atrasos en la lectoescritura, pensamiento matemático y científico. Además, señalaron la excesiva burocracia en la contratación de docentes y la necesidad del mejoramiento de la infraestructura escolar.

La actual administración del Ministerio de Educación Pública no parece estar tomando en consideración la experticia técnica dentro de su misma institución, ni los esfuerzos e iniciativas de administraciones anteriores en pro de la educación, cancelando así la continuidad de procesos de solución para los problemas graves que se venían trabajando (plan educativo relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y plan para una política para la promoción de idiomas, entre otros)”.

Puntualizaron en problemáticas como el aumento de la conducta autolesiva, el suicidio y la violencia en los escenarios educativos. Consideran que la cancelación del contrato con la Fundación Omar Dengo también requiere de más diálogo para tener mayor claridad en torno a la decisión tomada.

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Soluciones

La Facultad de la UCR urgió a las instituciones del gobierno a participar en soluciones integrales para mejorar la calidad educativa.

Entre lo propuesto está:

  • Que el Consejo Superior de Educación valore estrategias para evaluar a los docentes.
  • Implementar los Marcos Nacionales de Cualificaciones para la Educación Costarricense y exigir plazos concretos para su aplicación, con una clara asignación de personas y entidades responsables en cada etapa.
  • Reactivar el diálogo entre el MEP y las universidades estatales.
  • Recuperar el enfoque humanista en la educación.
  • Dignificar el trabajo docente (contrataciones rápidas, jornadas raciones, capacitación, reducción de trámites, salarios acordes a trabajo asignado).
  • Generar más espacios de recreación y interacción entre estudiantes y docentes.

La Facultad ofreció apoyo al sistema educativo de Costa Rica a través de su plataforma académica para la capacitación de personal docente, infraestructura para proyectos educativos innovadores, investigación interdisciplinaria e interinstitucional y proyectos de acción social. Además, llamaron a las autoridades a retomar el diálogo para encontrar soluciones estratégicas a las problemáticas educativas del país y se compromete a trabajar con inclusión, diversidad y equidad para cerrar la brecha educativa.

En la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, la cual incluye cinco escuelas especializadas y un Instituto de Investigación en Educación (INIE), existen muchos profesionales prestos para colaborar con el MEP y para aportar en los procesos de actualización para el profesorado, en programas educativos para fortalecer los aprendizajes de las personas estudiantes y para facilitar la transición a la vida universitaria de los estudiantes”.

UNA señala carencias en Ruta de la Educación

Tras analizar la Ruta de la Educación 2022-2026 y coincidir en que el Power Point presentado por el MEP, tiene serias carencias, especialistas de la Universidad Nacional (UNA) plantearon propuestas para las necesidades educativas del contexto actual, durante el panel  “Ruta de la educación: Retos y propuestas”. 

"Hay ideas (en la Ruta de la Educación) que suenan preciosas, por ejemplo que al 2026 estaría todo escolarizado, el bilingüismo, la tecnología… Pero sabemos que eso no es verdad. Obviamente este tipo de propuestas se hacen en mejora de la educación, de la sociedad, del país, pero ¿han visitado las escuelas, las aulas? ¿se considera todo el contexto?”, cuestionó Vivian Patiño, académica de la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la UNA y docente de preescolar del MEP.

En la misma idea, Norman Solórzano, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y director del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), calificó la propuesta del MEP como “un conjunto de buenas aspiraciones”, pero que está  lejos de contener los elementos para ser considerado una verdadera política de educación.

Entre esas aspiraciones, Solórzano destacó “calidad educativa con equidad” la cual mencionó que no puede asegurarse con abstracción de las condiciones reales de vida de las personas que participan en los procesos educativos. Enfatizó que lo presentado por el MEP carece de acciones concretas para lograr la disminución de las desigualdades que empiezan a ser intolerables y constituyen el principal obstáculo para lograr esa educación.

Frente a un documento “muy limitado” y tomando en cuenta las necesidades educativas del país, los especialistas de la UNA plantearon propuestas concretas para responder a los desafíos en esta materia. Desde su doble rol como pedagoga y como docente del MEP, Patiño propuso una inmersión en el aula de las personas en el MEP encargadas de dictar estos planteamientos.

 Ellos tienen que acercarse a la realidad, notar los diferentes contextos, tener una visión más cercana de lo que está sucediendo en las aulas, desde la infraestructura, hasta la parte de la calidad profesional”.

Asimismo se refirió a la importancia del trabajo en equipo.

Una triada entre la familia, la comunidad y la escuela es fundamental para que logremos avanzar todos en la misma sintonía”. 

El académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA), Pablo Chaverri, consideró indispensable privilegiar metas de aprendizaje y desarrollo. “Necesitamos saber a qué apuntamos y es al aprendizaje y el desarrollo. Necesitamos monitorear el progreso para tomar medidas en función del desarrollo”, destacó.

En el tema de infraestructura, Chaverri propone realizar un diagnóstico-plan detallado de necesidades y acciones. “Si no tenemos ese detalle, no podemos hacer promesas de cuánto tiempo se va a durar en cada caso; hay diferencias muy importantes entre centros educativos, que deben tomarse en cuenta”.

Para el experto, no puede haber un sistema educativo de calidad sin docentes de calidad, por lo cual considera necesario que el país cuente con acreditación obligatoria de calidad de la formación inicial, prueba de conocimientos y habilidades, así como articular la contratación e incentivos con el aprendizaje del estudiantado.

Solórzano del IDESPO, planteó recuperar el sentido de la Ley Fundamental de Educación, que habla de que el sistema educativo debe buscar el desenvolvimiento de capacidades humanas, personales y sociales con los valores de convivencia y solidaridad, equidad y paz.

Además, consideró que se debe desplegar un proceso de educación comunitaria que permita a las comunidades un involucramiento proactivo e informado para asumir corresponsabilidades tanto en la gestión de los centros como en el curriculum.

Por último, el director del IDESPO manifestó la necesidad impulsar un diálogo con sectores productivos, culturales, sociales, organizaciones y gobiernos locales, entre otros, con el fin de contemplar de forma articulada e integrada, las necesidades, oportunidades y aportes que puede hacer la educación.