FEUCR presentó escrito de recusación por lazos familiares de jerarca con universidades privadas.
Este jueves 27 de abril, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) presentó ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) un escrito de recusación en donde solicitaron que la jerarca, Anna Katharina Müller Castro, no participe en el proceso de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2024.
La Feucr justificó que existen lazos lazos familiares, en segundo y tercer grado de consanguinidad, de la ministra con personas ligadas a las universidades privadas que les generan dudas razonables sobre su imparcialidad en el proceso.
En específico, cuestionaron el interés directo que pueden tener su hermano Eduard Müller Castro, rector y presidente de la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI), y su tío, Álvaro Castro Harrigan, Fundador y presidente emérito de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) y directivo de la Universidad Castro Carazo.
Según la Federación, la recusación se fundamenta en el artículo 12 del Código Procesal Civil que establece como causales de abstención el interés directo de familiares de hasta tercer grado de consanguinidad, como el caso de su hermano y su tío.
Además, argumentaron que la relación con su prima, Silvia Castro, presidenta de la Junta Directiva de la Ulacit y de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham) les "genera una duda justificable sobre la imparcialidad y objetividad de la ministra en el proceso de negociación, lo que también constituye una causal de abstención".
Al respecto, la presidenta de la Feucr, Karen Marín Argüello, advirtió:
Las universidades públicas y sus fines constitucionalmente asignados podrían encontrarse en un serio peligro si permitimos que una funcionaria pública con vínculos de consanguinidad con personas que lucran a partir de la educación universitaria privada, definan el presupuesto y los compromisos que ya ha demostrado exigir a las universidades públicas, con criterios aparentemente antojadizos que pareciera no tener un respaldo técnico, tal y como lo vimos con la llamada Ruta de la educación”.
Asimismo, agregó que la participación societaria de sus familiares en universidades privadas constituye un interés directo en el resultado del proceso, ya que, en el mercado, las universidades públicas y privadas son competencia.
Según el procedimiento establecido en la Ley General de la Administración Pública, ahora corresponde a la ministra pronunciarse sobre la solicitud y, en caso de rechazarla, elevar el caso a la Presidencia de la República para que resuelva conforme a derecho.
