El Faro indicó que se trasladará a Costa Rica, "un país centroamericano en el que aún hay división de poderes, derecho a la legítima defensa y respeto al Estado de derecho".

El medio de comunicación salvadoreño El Faro anunció este jueves que trasladó sus operaciones a Costa Rica debido al "desmantelamiento" democrático que, denuncian, se vive en esa nación, desde la llegada al poder del presidente Nayib Bukele.

El Faro, por medio de un comunicado de prensa, denunció que sus periodistas han sufrido campañas de deslegitimación y difamación "originadas en Casa Presidencial" y que por ello se trasladarán a "un país centroamericano en el que aún hay división de poderes, derecho a la legítima defensa y respeto al Estado de derecho".

Durante la administración Bukele, El Faro y sus empleados hemos sido objeto de campañas de deslegitimación y difamación originadas en Casa Presidencial; hemos enfrentado seguimientos físicos y amenazas; espionaje con Pegasus; acoso a anunciantes y difamaciones de funcionarios y diputados del partido oficial. Pero, sobre todo, hemos enfrentado múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda, con acusaciones fabricadas a las que seguimos respondiendo y apelando en todas las instancias administrativas y judiciales correspondientes, a pesar de saber que en El Salvador ya no hay división de poderes; el presidente incluso utilizó una cadena nacional de radio y televisión para falsamente acusarnos de lavado de dinero (...) ¿Qué posibilidades de defensa hay cuando el presidente que acusa sin pruebas controla todo el aparato judicial y los tres poderes del Estado?"

Desde febrero de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de todo el personal de El Faro, debido a los hostigamientos, amenazas, intimidaciones y estigmatización que estaban sufriendo distintas personas de ese medio.

La petición ante la CIDH fue interpuesta por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) el 6 de noviembre de 2020 y enumeró actos como amenazas de muerte recibidas por el equipo mediante mensajes de texto y por medio de redes sociales; además de presuntos seguimientos por parte el Organismo de Inteligencia del Estado salvadoreño que afectaron a los comunicadores e incluso a sus familias. Las medidas fueron ratificadas en julio del año anterior por parte del organismo internacional.

A su vez, en enero del año anterior, El Faro denunció que todos los miembros de su equipo fueron espiados por el gobierno de Bukele mediante el software espía Pegasus, un hecho que se comprobó luego de que los teléfonos iPhone de los colaboradores del medio fueran examinados por un laboratorio especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto.

En el proceso también participó Access Now, organización que vela por la protección de los derechos digitales, y la conclusión técnica validada por Amnistía Internacional fue que los aparatos telefónicos de 22 miembros del periódico fueron intervenidos con este sistema durante los años 2020 y 2021.

Según indicó en ese momento el fundador y director de El Faro, Carlos Dada:

Todo apunta, según los peritajes que hemos analizado, a que el responsable de estas intervenciones es el Gobierno salvadoreño, que está utilizando el software para espiar y obtener ilegalmente información alojada en los teléfonos de periodistas. Es completamente inaceptable".

Por su parte, en su comunicado sobre las razones del traslado de sede, el medio señaló que en el 2022 como parte de su cruzada contra las pandillas salvadoreñas, la Asamblea Legislativa de ese país ("también por el régimen") "aprobó una ley que amenaza con prisión a quienes publiquen materiales relacionados" con estas, por lo que el medio se ha visto imposibilitado a publicar "información sobre las negociaciones secretas entre Bukele y los líderes de las tres principales pandillas, en las que el gobierno, entre otras cosas, se comprometió a no extraditarlos hacia Estados Unidos a cambio de que bajaran las tasas de homicidios y apoyaran la elección de diputados de Nuevas Ideas en las legislativas de 2021", complicando aún más su labor.

El medio también denunció como ataques gubernamentales a las auditorías realizadas en su contra por parte del Ministerio de Hacienda salvadoreño, acusaciones que, sostienen, son falsas y parte de esta persecución.

El traslado a San José se realizó desde el pasado 1 de abril pero, a pesar de tener ahora su sede en Costa Rica, El Faro seguirá reporteando y trabajando noticias salvadoreñas.

Así lo señaló el equipo cuando indicó que:

Hacemos un movimiento que protege administrativamente al periódico, que ha sido todo este tiempo la primera línea de ataque de un régimen obsesionado con ocultar sus negociaciones debajo de la mesa, su corrupción y su manejo arbitrario de las cuentas públicas. Sacamos a El Faro pero nuestra redacción seguirá haciendo periodismo en El Salvador. No dejaremos de informar sobre el país que está en el centro de nuestra cobertura".

"La criminalización del periodismo es cada vez más utilizada por los gobiernos de la región"

En su comunicado, El Faro señaló que desde que Bukele llegó al poder en 2019 "el salvadoreño se ha unido a esa desafortunada lista de gobiernos que ven un enemigo en el periodismo crítico y han eliminado contrapesos para actuar impunemente", al tiempo que señaló que "en El Salvador ya no hay derecho a la legítima defensa ni leyes que se hagan valer por encima de la voluntad de funcionarios".

Para ejemplificarlo, el medio recordó el caso de Guatemala, donde una docena de periodistas enfrentan procesos judiciales y donde el presidente de elPeriódico fue encarcelado, acusado de lavado de dinero; así como el de Honduras, país que ocupa el lugar más bajo de la región en el índice de libertad de prensa y donde, señalaron, "la llegada de un nuevo gobierno no ha supuesto grandes cambios para el ejercicio periodístico".

A su vez, calificaron al caso nicaragüense como "el más perverso" de este tipo que se ve en la región, al recordar que la dictadura de Ortega-Murillo ha cerrado todos los medios de comunicación que le son críticos, una docena de periodistas y trabajadores de medios han sido despojados de su ciudadanía, sumados a los más de doscientos periodistas intentan hoy informar desde el exilio. Todos estos elementos que lo hacen ser hoy, el único país del continente que no cuenta con un periódico impreso.

La criminalización del periodismo es, lamentablemente, cada vez más utilizada por los gobiernos de la región, paralelamente a la acumulación de poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas y los movimientos civiles. Los autócratas no toleran otras narrativas", agregó El Faro.