El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) tiene el encargo más noble de la sociedad costarricense, que es velar por el desarrollo integral de 1,4 millones de niños, niñas y adolescentes.

En días atrás, leí el artículo de opinión de la politóloga Nuria Marín Raventós y considero oportuno comentarle que coincidimos en la trascendencia que esta institución tiene para la vida presente y futura del país, y que su gestión debe estar por encima de cualesquiera intereses. Además, aprovecho este espacio para informarle sobre los resultados de diez meses de trabajo para el abordaje y ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia.

El 8 de mayo del 2022 asumí una institución sin recursos para atender, en el segundo semestre del año, a 12.533 niños, niñas y adolescentes en alternativas de protección.  Con el apoyo del Poder Ejecutivo, los señores y señoras diputadas y la Contraloría General de la República, que tramitaron en forma extraordinaria y expedita, se aprobó un Presupuesto Extraordinario por 13.055.5 millones de colones, el 21 de setiembre del 2022. De inmediato, el 22 de setiembre se hicieron las transferencias a los hogares de acogimiento familiar, las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y los Centros Integrales de Atención Diurna (CIDAI).

Asimismo, encontré un Fideicomiso para Desarrollo de Obra Pública para el Patronato Nacional de la Infancia con el fiduciario Banco Nacional de Costa Rica, que contempla la construcción de 24 oficinas locales, 13 albergues y una Dirección Regional con un costo de 25 millones de dólares, en un periodo de cinco años.

El fideicomiso inició el 2 de diciembre del 2019 y entre el 2020 y el 2021, el PANI hizo un aporte de ¢11,250,000,000.00. A mayo del 2022, el avance de la obra era de un 4% y había un atraso de 18 meses en la ejecución. Esto sumado a que el PANI empezó a pagar el Impuesto al Valor Agregado (establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), a la situación de guerra entre Rusia y Ucrania que elevó el costo de los materiales de construcción, la pandemia y la falta de suficientes ofertas de terrenos en el nivel nacional para su adquisición de acuerdo a los requerimientos institucionales, limitó la ejecución real de las obras. Con base en esta realidad, la Junta Directiva tomó la decisión de iniciar un proceso de rescisión del contrato. Sin embargo, para subsidiar esta situación, entre otras medidas, se fortaleció el programa MIPANI para la mejora en la infraestructura en albergues y oficinas locales. 

Igualmente, quisiera mencionar que, al inicio de mi administración, se implementó un nuevo Modelo de Costos que determina en forma objetiva, razonada y transparente el traslado o subsidio a las ONGs, monto cercano a los 30 mil millones de colones al año. 

Como resultado inmediato de éstas y otras acciones, en el 2022, el PANI alcanzó una ejecución presupuestaria de un 91,83% de los 90 mil millones de colones asignados, la más alta en su historia. También están asegurados los recursos para el 2023 por un monto de ¢90.408.015.560,77 de colones.

Sobre los casos denunciados por el sindicato sobre personas menores de edad (PME) es importante indicar que el término “perfil” debe sustituirse por “necesidades especiales”, “requerimientos propios” o “condiciones específicas” de cada uno de los niños, niñas y adolescentes que atendemos.  En todos los casos se brindó la atención psico socio legal y se garantizó la protección debida.

En este sentido, debe conocerse que de los 8 votos resueltos por la Sala Constitucional, entre el 2018 y 2023, el de febrero de 2022, indica que, la institución “…no puede negar un ingreso a una PME que requiera protección, y que precisamente los albergues temporales cumplen esta función, por lo que, tras una decisión técnica justificada de imperiosa necesidad, una PME podría ubicarse en una alternativa que no sea propiamente la de su perfil, siempre y cuando se resuelva de manera célere su reubicación…”. (voto 2022-003175).

En estos diez meses he tomado decisiones para el reordenamiento en la gestión institucional, que otras administraciones no asumieron, y que han permitido redireccionar la gestión e impactar a las familias, la niñez y la adolescencia.  Fortalecer la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, el mejoramiento en la calidad de los servicios que brinda el PANI con un proyecto de ley que modifica el Proceso Especial de Protección y el fortalecimiento del acogimiento familiar son algunas de las metas en las que estamos avanzando.

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