Costa Rica debe asumir un papel de liderazgo regional en la creación de políticas juveniles colaborativas para Centroamérica. Nuestro país es reconocido por su modelo de protección social y su compromiso con los derechos humanos, pero para muchas personas jóvenes la realidad es otra. En Costa Rica, la tasa de desempleo juvenil para el grupo de 15 a 24 años llegó al 21% en agosto de 2024, comparada con solo 6,7% en el promedio nacional. Además, en el primer trimestre de 2023 había 186.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, una situación que refleja el desafío estructural de generar oportunidades formales y sostenibles. La violencia vinculada al crimen organizado está cobrando más vidas jóvenes que nunca, con hombres jóvenes en cantones de alta incidencia de homicidios y mujeres jóvenes expuestas a mayor riesgo de violencia basada en género.
En América Latina y el Caribe, más de la mitad de las personas jóvenes adultas (51%) está atrapada en empleos precarios o informales, sin estabilidad ni protección social. Aunque el desempleo juvenil regional bajó a 13,4% en 2023, la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan sigue cerca del 20% y es mucho mayor para las mujeres. Esta combinación de inseguridad laboral y desconexión de la educación crea condiciones para el reclutamiento por pandillas y redes criminales.
En el norte de Centroamérica, la exclusión juvenil se agrava con desigualdad, baja cobertura educativa y debilidad institucional. Pandillas transnacionales aprovechan estas brechas para ofrecer ingresos y pertenencia donde el Estado no llega. La disputa por rutas de narcotráfico incrementa la violencia y convierte las economías ilícitas en un mecanismo de supervivencia para muchos jóvenes. Esta dinámica ya se refleja en Costa Rica, donde el desempleo, la informalidad y la deserción escolar en zonas vulnerables están generando oportunidades para que las redes del crimen organizado recluten jóvenes. El récord de homicidios en 2024 y el avance del narcotráfico confirman que los vacíos en empleo y educación también alimentan la violencia en el país.
Este es un momento clave para actuar. La región está definiendo la agenda juvenil en el marco del SICA y Costa Rica puede influir en ella. Los problemas que enfrentamos —deserción escolar, altas tasas de jóvenes que no estudian ni trabajan, violencia basada en género, reclutamiento por pandillas, exclusión de jóvenes migrantes y refugiados— requieren soluciones regionales coordinadas.
Lecciones y oportunidades
En el norte de Centroamérica hay experiencias prometedoras en prevención de pandillas, empleo juvenil e innovación STEM, pero la fragmentación institucional y la débil coordinación impiden que se repliquen. Costa Rica tiene la credibilidad, estabilidad y trayectoria diplomática para ser un facilitador regional. Esto exige una inversión deliberada en infraestructura de intercambio de conocimientos que incluya la voz de jóvenes en situación de riesgo y que se alinee con marcos nacionales y regionales.
Tres elementos estratégicos
- Redes institucionales formales: alianzas con roles claros, intercambios regulares y planes de sostenibilidad superan las colaboraciones aisladas. Una Red Centroamericana de Política Juvenil, codirigida por ministerios, municipios, ONG y representantes juveniles, podría alinearse con la agenda del SICA y la Política Nacional de Juventud de Costa Rica.
- Capacitación conjunta y aprendizaje práctico: programas compartidos, desde misiones espaciales CubeSat hasta formación transfronteriza en oficios y STEM, fortalecen habilidades y cohesión. Un modelo de “formación de formadores” podría ampliar el impacto con enfoque inclusivo en jóvenes retornados, LGBTI y con discapacidad.
- Participación digital y redes de diáspora: plataformas como TicoTal pueden ampliarse para conectar líderes jóvenes con mentores y empleadores a nivel regional. Todas las iniciativas deben integrar salvaguardas robustas para prevenir abuso y explotación, proteger datos, y garantizar la seguridad física y digital de las y los participantes.
Lo que nos frena
La falta de coordinación, la baja participación del sector privado y la dependencia de financiamiento de corto plazo debilitan incluso las mejores ideas. Se necesita una visión regional común para la juventud, incentivos concretos para que las empresas contraten a jóvenes en situación de vulnerabilidad, e institucionalizar la cooperación para que perdure más allá de los ciclos políticos.
Por qué ahora
En 2024, Costa Rica registró casi 880 homicidios, la segunda cifra más alta de su historia, y las personas jóvenes fueron las más afectadas. Según datos de UNICEF más de 92.000 menores fueron afectados, además se registraron casi 94.000 denuncias ante el PANI en 2024 y decenas de miles de adolescentes abandonaron la escuela. Estos no son problemas aislados, sino riesgos interconectados que exigen una respuesta preventiva y regional.
Una visión de liderazgo regional
Costa Rica puede liderar impulsando una Alianza Regional por el Futuro de la Juventud basada en alianzas con rendición de cuentas, programas conjuntos de formación y plataformas digitales donde las personas jóvenes sean cocreadoras activas de soluciones. Un primer paso sería convocar en 2025 una cumbre regional de políticas juveniles en San José para definir una agenda común entre gobiernos, sector privado, sociedad civil y juventud.
Costa Rica ya ha demostrado que un país pequeño puede liderar en paz, medio ambiente y derechos humanos. Extender ese liderazgo a la juventud regional es no solo una oportunidad, sino una obligación. Y el momento para actuar es ahora.
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