Las audiencias del juicio en la Corte se llevarán acabo este 22 y 23 de marzo, en la sede de la institución en San José.
En el 2013, Beatriz, una joven salvadoreña paciente de lupus y que vivía en situación de extrema pobreza, pidió un aborto terapéutico en El Salvador para finalizar con su embarazo de once semanas que era considerado de alto riesgo.
El embarazo era riesgoso, no solo por la enfermedad de la mujer si no porque, además, el feto padecía de anencefalia, es decir, un defecto de desarrollo grave en el cual no se terminan de desarrollar las partes del encéfalo y del cráneo y que, por tanto, culminaría con la muerte del bebé, apenas este naciera.
El Salvador, sin embargo, es uno de los países con las legislaciones más duras en materia de aborto de todo el mundo: sus leyes prohíben y castigan las interrupciones de embarazos, incluso si estos suponen un riesgo para la vida de la madre o si son el resultado de una violación o un incesto.
Así, y en medio de ese proceso, el 11 de abril del 2013 Beatriz, junto a organizaciones feministas, presentó una demanda de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le fueron otorgadas el 29 de abril de ese año.
Sin embargo, y dado que esas medidas no fueron atendidas por el Estado salvadoreño, el 20 de mayo la familia y las organizaciones pidieron a la CIDH que solicitara medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Mientras tanto y dentro del país, el 29 de mayo la Sala Constitucional notificó el rechazo del amparo interpuesto, al considerar que el proceder del personal médico estaba garantizando los derechos a la salud y a la vida de Beatriz, al internarla, darle seguimiento médico y suministrarle los medicamentos necesarios. Además, la Sala sostuvo que en El Salvador existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional a la persona humana desde el momento de la concepción.
Sin embargo, y como ese mismo día la CorteIDH le otorgó a Beatriz medidas provisionales, El Salvador no tuvo más remedio que proceder con la cesárea el 3 de junio y, finalmente y tras 81 días de internamiento en salas de cuidados intensivos, de la cesárea nació una bebé con anencefalia que murió a las pocas horas de nacida.
Tras la operación, que finalizó con la histerectomía (extracción del útero) de Beatriz, la mujer sufrió un severo quebranto de salud que finalizó con que en 2017 no pudiese soportar una nueva hospitalización, tras un accidente de tránsito.
Beatriz falleció a la edad de 27 años.
"Mi hermana no quería que otra mujer pasara por lo que ella había pasado en El Salvador"
Conferencia de prensa con la familia y organizaciones que llevan el caso de Beatriz ante la Corte IDH.
Con todo este contexto encima, la audiencia en la CorteIDH por el caso de Beatriz contra El Salvador empezará este miércoles en la sede de la organización internacional en San José.
El caso llegó a la Corte en enero del año anterior, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, con sede en Estados Unidos) y primera instancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, denunciase a El Salvador ante la Corte por su prohibición absoluta a la interrupción voluntaria del embarazo.
Ahora, y tras una etapa escrita que ya finalizó, vendrá la audiencia oral en la que los siete jueces de la Corte verán las prueba del juicio y escucharán a las partes, entre las que destaca la familia de Beatriz, dos médicos (uno de los que atendió a la joven y otro ofrecido por el estado salvadoreño) y dos peritos (también uno de la parte acusatoria y otro oficial del estado).
Posteriormente las partes deberán enviar sus alegatos escritos en los siguientes 30 días posteriores a la audiencia y finalmente, los jueces de la Corte deliberarán y dictarán sentencia en un tiempo no definido.
Este martes en San José, y como parte de las actividades previas a las audiencias, las organizaciones que llevan el caso contra El Salvador convocaron a una conferencia de prensa para comentar sus exigencias sobre este tema, entre las que destacan la modificación de los marcos normativos salvadoreños para evitar que casos como el de Beatriz se repitan, así como una indemnización por parte del Estado a la familia de la mujer y que se honre la memoria de la joven.
Antes de Beatriz hubo más Beatrices y después de Beatriz hay más Beatrices en El Salvador. Por eso buscamos dejar sin efecto esta legislación tan restrictiva y así honrar su memoria", señalaron las organizaciones en el encuentro de este martes.
Entre las organizaciones que llevan el caso se encuentra la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador; Ipas Latinoamérica y el Caribe, una organización sin fines de lucro que trabaja en diversas naciones con el fin de "asegurar que todas las mujeres puedan elegir sobre su reproducción en territorio"; y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes acompañan a Humberto y a Delmy, hermano y madre de Beatriz, respectivamente, en esta lucha en memoria de la joven.
Según señaló Humberto en el encuentro con la prensa:
Ahora que estamos cerca del final de esta lucha, esperamos obtener la justicia que Beatriz no pudo obtener en El Salvador. Beatriz era una mujer valiente y luchadora y esta lucha que ella inició, nosotros la hemos retomado porque es justa y porque no se puede dejar hasta que a Beatriz se le haga justicia. Mi hermana no quería que otra mujer pasara por lo que ella había pasado en El Salvador, por ese sufrimiento y por ese sometimiento que el Estado le hizo pasar al negarle la interrupción de su embarazo. Ella decía que no quería que otra mujer sufriera y eso es importante que la Corte lo valore para que no se vuelta a repetir la historia".
Por su parte, la directora jurídica de CEJIL, Gisela De León, reiteró la importancia de instituciones como las del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (que es el que engloba tanto a la Corte como a la Comisión), pues este es el que responde cuando los sistemas nacionales no lo hacen ante las violaciones de derechos humanos que se presentan en los países de la región.
Para ello citó ejemplos como el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, que fue el que ordenó que se reinstaurara la Fertilización In Vitro en el país, y la Opinión Consultiva 24/17 de la CIDH gracias a la cual se habilitó el matrimonio igualitario en Costa Rica; al tiempo que se hizo mención a casos históricos de la Corte como el de la masacre de El Mozote en El Salvador, donde el papel del sistema interamericano fue fundamental para poner responsabilidad internacional del Estado por el operativo militar, en siete localidades del norte del Departamento de Morazán, en las cuales aproximadamente un millar de personas habrían perdido la vida, así como por la falta de investigación de los hechos y sanción a los responsables.
Según señaló De León:
El Sistema Interamericano es un sistema subsidiario que interviene cuando los sistemas nacionales no funcionan. Uno de los requisitos para acceder a los servicios del Sistema Interamericano es haber agotado las vías oficiales hasta la última instancia a nivel nacional y lo que sucede es que en la mayoría de los casos de la región, es que los sistemas judiciales de los países no están respondiendo ni defendiendo los derechos humanos de las personas y eso es lo que obliga a que las víctimas de violaciones de derechos humanos tengan que llegar a estos estrados".
Finalmente, tanto las organizaciones defensoras de los derechos humanos como el hermano de Beatriz reiteraron que el fallo de la Corte tras este juicio podría marcar la diferencia no solo en la legislación salvadoreña, si no en la de la región entera:
Forzar a una mujer a continuar con un embarazo donde el producto es inviable con la vida extrauterina es violatorio a los derechos humanos y son tratos crueles para las mujeres. Nadie gana con forzar a una mujer a continuar con un embarazo en estas condiciones. Es histórico estar aquí porque esta es la primera vez que el máximo tribunal de los derechos humanos de la región escuchará un caso sobre servicios de aborto y esto será fundamental para el caso salvadoreño donde cientos de mujeres se enfrentan a esta realidad mientras que en otros países ya es un servicio de salud", señaló María Antonieta Alcalde Castro, de Ipas Latinoamérica.
A su vez, Humberto señaló que el fallo podría cerrar brechas de acceso a la salud para mujeres en vulnerabilidad económica, frente a otras que sí tienen los recursos para, por ejemplo, pagar los más de $100 que cuesta un paquete de Misoprostol, la píldora abortiva más segura según la Organización Mundial de la Salud (OMS) o para viajar a México, uno de los países más cercanos donde es legal la práctica y donde un aborto puede costar $500 ó $600.
Sabemos y lo decimos porque es verdad: hay dos clases sociales, por un lado la de las personas que tienen dinero y que pueden acceder fácilmente a servicios de salud si tienen un problema como el que le pasó a mi hermana; frente a la mayoría que somos los pobres, quienes no tenemos acceso a una salud de primer nivel. Por eso creo que esto va a ser muy importante para abrir esta brecha y que otras mujeres de escasos recursos no tengan que pasar por lo que pasó Beatriz, tanto en El Salvador como en todo Centroamérica, en zonas rurales y campesinas pobres".
Las mujeres que tienen mayores recursos posiblemente van a encontrar vías para acceder a servicios de interrupción en otro país, por esto es un tema de derechos humanos y de salud pública, porque obligar a una mujer a esperar 81 días, como se hizo en el caso de Beatriz, no solamente es cruel y viola sus derechos humanos, sino que la pone en muchísimo riesgo. La sentencia de la Corte tendrá un impacto en los países que criminalizan totalmente el aborto pero también en aquellos países que no tienen políticas públicas que aseguren que las mujeres puedan acceder a estos servicios", agregó Alcalde.
Finalmente, las organizaciones están convocando a varias manifestaciones y plantones, a realizarse a partir de hoy y hasta el jueves 23 de marzo.
Las movilizaciones empezarán hoy, martes 21, frente a la sede de la Corte en Los Yoses, con una vigilia en la que participarán organizaciones feministas de toda la región que vienen para Costa Rica a apoyar a la causa.
A este evento le seguirán dos plantones, uno mañana miércoles y otro el día jueves, que empezarán a las 7 de la mañana de cada día en la Fuente de la Hispanidad en San Pedro, para luego movilizarse a la sede de la Corte.
