Proyecto de jornadas de trabajo de 12 horas fue convocado por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias.

El Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, Tomoya Obokata, dijo estar preocupado por el proyecto de ley que actualmente se discute en el país y que pretende reestructurar las jornadas de trabajo a 12 horas de trabajo durante 4 días consecutivos seguidas de 3 días de descanso.

En la visita del experto a Costa Rica, que fue del 16 de noviembre al 25 de noviembre, comentó que la iniciativa que el gobierno de Rodrigo Chaves Robles pretende implantar, lleva consigo posibles efectos negativos en la salud mental y física de las personas, así como en las responsabilidades de cuidado.

Bajo la lupa

La alerta se da dentro de la declaración final que presentó Obokata, en la que señaló que las prácticas contemporáneas de esclavitud persisten en el país. Para erradicar el problema, planteó aspectos en los que Costa Rica debe mejorar como fortalecer sus marcos normativos, mejorar la inspección del trabajo, garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y asegurar la transición de trabajadores informales a la economía formal.

Por ejemplo, el Relator Especial opinó que el régimen de sanciones es débil, ya que el máximo para delitos como la trata de personas y el trabajo forzoso es de 10 años de prisión. Incluso bajo circunstancias agravantes, el castigo es de 14 años de prisión, y estas penas son sustancialmente más bajos que en otras jurisdicciones del mundo.

Esto puede no enviar un mensaje fuerte a los traficantes, contrabandistas y aquellos que participan en formas contemporáneas de esclavitud, y por lo tanto Costa Rica debería aumentar varias penas", apuntó 

Puntualizó que por lo general, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley dependen de las denuncias presentadas por las víctimas, pero el hecho es que muchas temen denunciar violaciones de derechos humanos por temor a ser arrestadas, detenidas y deportadas (en el caso de las personas migrantes irregulares).

Un gran número de personas con las que Obokata conversó, le indicaron que la inspección del trabajo en Costa Rica es ineficaz, burocrática y carece de transparencia, particularmente en la economía informal. Además enfatizó en los limitados recursos humanos y financieros, el Relator Especial se enteró de que las multas impuestas no son lo suficientemente elevadas como para disuadir a los empleadores.

También hay casos de colusión en los que se informa a los empleadores de la inspección con antelación para que puedan prepararse para la inspección y ocultar las malas prácticas. Por ejemplo, a los trabajadores se les da un día libre o se les envía a lugares remotos el día de la inspección para que no puedan proporcionar sus historias, y esto parece ser una práctica común". 

Obokata dijo que el trabajo forzoso persiste en varios sectores productivos del país, como la agricultura, el transporte, la manofactura y el trabajo doméstico. Como ejemplo citó que en muchas plantaciones, los salarios de las personas trabajadoras se basan en unidades de producción. Si bien los empleadores generalmente no establecen un objetivo diario mínimo, esto alienta los trabajadores a trabajar largas horas, que pueden extenderse entre 12 y 15 por día.

También comentó que hay mucho margen para mejorar la identificación y protección de las víctimas, pues manifestó que el acceso a la justicia y a los recursos para las víctimas son limitados.

La falta de asignación de recursos por parte de las autoridades y de conocimiento entre las víctimas sobre sus derechos son algunas de las principales razones de ello". 

Asimismo resaltó algunos empleadores desalientan o incluso impiden la formación de sindicatos. A modo de ejemplo, el Relator Especial ha sido informado de un intento fallido de establecer una organización de trabajadores en el sector de las plantaciones de café debido a la falta de apoyo en la industria.

Según dijo, algunos empleadores también despiden a los trabajadores o trasladan sus operaciones a otro lugar cuando los trabajadores intentan negociar sus condiciones de trabajo. Los representantes sindicales con los que se reunió le hicieron ver que su trabajo no es reconocido o apoyado por el Gobierno o los empleadores en muchos casos.

En consecuencia, muchos trabajadores y sindicatos están excluidos de los procesos de toma de decisiones. Esto se ve agravado por la existencia de racismo, xenofobia y discriminación profundamente arraigados por motivos de identidad de género y orientación sexual, y no parece haber una voluntad política para mejorar la situación".

Trabajo infantil y poblaciones vulnerables

El investigador de la ONU también habló de que el trabajo infantil todavía existe particularmente en el sector informal, incluida la venta ambulante, el trabajo doméstico de construcción y la agricultura, en donde las leyes y regulaciones no siempre se aplican de manera efectiva, advirtió.

Informó que una de las razones de la persistencia del trabajo infantil es la pobreza exacerbada por la desigualdad y la discriminación, la cual afecta especialmente a los migrantes, a los pueblos indígenas, a las personas afrodescendientes y a otras poblaciones vulnerables. Algunos padres pueden animar a sus hijos e hijas a trabajar, pero comunicó que muchos niños y niñas también sienten el deber de ayudar a sus padres.

Una relación con la persistencia del trabajo infantil son las limitaciones para acceder a una educación de calidad.

Hay informes de niños migrantes que son rechazados de las escuelas, y la naturaleza temporal de su estadía en Costa Rica dificulta el acceso a las escuelas públicas. La educación de los niños indígenas no siempre respeta su cosmovisión y su sensibilidad, y pueden ser excluidos o incluso castigados cuando hablan su propio idioma en lugar del español. Existen obstáculos adicionales, como la ubicación remota de las escuelas y los requisitos burocráticos”.

Otra situación es la que viven los migrantes, quienes según mencionó constituyen la mayoría de la fuerza laboral en algunas plantaciones, y se encuentran en una situación peor. Son contratados por subcontratistas que trabajan con los empleadores y se sabe que explotan a los trabajadores cobrando altas tarifas, deduciendo sus salarios o no proporcionando seguro.

Al Relator Especial le preocupa que actualmente no exista un marco jurídico que regule a estos subcontratistas. Los trabajadores irregulares solo tienen acceso a la atención médica de emergencia, ya que no contribuyen a la seguridad social debido a su estatus migratorio.

No denuncian casos de explotación y abuso, ya que tienen mucho miedo de perder sus empleos y ser enviados de regreso a sus países. Esto pone de relieve la necesidad de regularizar su situación para que puedan integrarse social y económicamente con la igualdad de derechos garantizada". 

Agregó que para los pueblos indígenas, los fallos a su favor con respecto a sus derechos a la tierra no se aplican debido a la falta de voluntad política. La discriminación directa y la estigmatización también indicó que han sido experimentadas por mujeres y víctimas LGBTIQ+.

Al final, muchas víctimas han perdido su fe en el sistema. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de fortalecer los canales de denuncia y garantizar que todos los trabajadores, incluidos los migrantes, tengan acceso a ellos. Las autoridades pertinentes deben colaborar con las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos a este respecto". 

Además de la explotación laboral, contó que le preocupa la explotación sexual comercial de ciudadanos costarricenses y extranjeros. Dijo que, si bien esto afecta predominantemente a mujeres y niñas, varios interlocutores señalaron que los hombres, los niños, incluidas las personas LGBTIQ+, también son víctimas.

Le mencionaron casos de sexo de supervivencia en los que aquellos que perdieron sus empleos o necesitan más ingresos recurren al trabajo sexual para mantenerse económicamente a sí mismos y a sus familias.

Muchos están bajo un estricto control de proxenetas y delincuentes, algunos de los cuales están altamente organizados, lo que aumenta en gran medida la explotación y el abuso, ya que la amenaza y el uso de la violencia ocurren regularmente". 

Varios interlocutores con los que conversó le comentaron que las personas involucradas en la explotación sexual comercial, incluida la industria del turismo, los operadores hoteleros, los proveedores de transporte y los propios turistas, no son debidamente enjuiciadas y sancionadas con penas apropiadas.

Aspectos positivos y de mejora

Obokata se reunió con la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López; el ministro de Trabajo, Luis Paulino Mora; la presidenta de la comisión legislativa de Derechos Humanos, Monserrat Ruíz, y con autoridades de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (Conatt), entre otras personas.

Entre lo positivo señaló que a fin de supervisar eficazmente la aplicación de las leyes y políticas relativas al trabajo infantil, Costa Rica estableció el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Trabajadores Adolescentes y que este aprobó recientemente el "Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil" elaborado en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y El Caribe (CEPAL).

También valoró positivamente que la edad mínima para trabajar se ha fijado en 15 años, y que el Gobierno actualiza periódicamente una lista de trabajos peligrosos que están prohibidos para los menores de 18 años. Además, que la edad de la educación obligatoria se ha elevado a 17 años, lo cual es más alta que en otras jurisdicciones.

Dentro de los aspectos de mejora, el Relator de las Naciones Unidas enlistó más de 30 recomendaciones para todos los sectores del país. Entre ellas destacan:

  • Fortalecer los marcos legislativos sobre las formas contemporáneas de esclavitud y las violaciones de la legislación laboral.
  • Mejorar la inspección del trabajo asignando recursos humanos y financieros suficientes y otorgando poderes adicionales, como la imposición de sanciones in situ.
  • Garantizar el acceso a la justicia y a los recursos de todas las víctimas sin discriminación de ningún tipo.
  • Reforzar un sistema de alerta temprana para identificar a los niños en riesgo de explotación laboral y sexual en las escuelas.
  • Garantizar que los empleadores contribuyan a la seguridad social mediante el fortalecimiento del mecanismo de supervisión, y castigarlos con sanciones proporcionadas en caso de infracción.
  • Garantizar los derechos de todos los trabajadores migrantes sin discriminación.
  • Regularizar la situación migratoria de los trabajadores irregulares para que puedan pagar impuestos y contribuciones a la seguridad social adecuadas y tener acceso a los servicios públicos sin discriminación.
  • Abordar las causas profundas de las formas contemporáneas de esclavitud, como la pobreza, la desigualdad y la discriminación, por medios legislativos y de otro tipo.