En defensa del parlamento costarricense

Discurso pronunciado durante el acto de develación de la fotografía de Silvia Hernández Sánchez como 59.° Presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el 10 de agosto de 2022.

Quienes hemos ocupado la presidencia de la Asamblea Legislativa, al menos durante la Segunda República, nos hemos sucedido unos a otros de forma pacífica, sin mayores sobresaltos, procurando que durante nuestro mandato el parlamento continúe su misión de ser la instancia máxima de representación popular. Esa es nuestra obligación constitucional.

En el plano personal, es una función que no hubiera podido ejercer sin el apoyo de muchas personas; en especial, de mi familia. Quiero iniciar agradeciendo de todo corazón a Rigo, mi esposo, y a Isabella, mi hija, y a toda mi familia extendida, por haber sido un apoyo fundamental durante los pasados cuatro años. Sé que en más de una ocasión tuvieron que cenar sin mí, hacer la tarea sin mí, y ver películas sin mí. De todo corazón, mil gracias por haber llenado esos momentos de ausencia con amor y entendimiento.

Quiero también agradecer a mis compañeras y compañeros diputados, de todas las fracciones políticas, pero muy particularmente a mis amigos de la fracción del Partido Liberación Nacional. Asimismo, agradezco a todas y todos los funcionarios legislativos, quienes son el motor de esta institución. También quiero agradecer de manera especial a mi equipo del Despacho por su sabio consejo y trabajo incansable.

Quiero aprovechar esta oportunidad para compartir algunas reflexiones sobre la experiencia legislativa de los últimos cuatro años y, con base en ella, extrapolar algunas líneas sobre el futuro democrático de Costa Rica. Quiero hablar de lo fácil que se olvidan los acontecimientos, de lo difícil que fue mantener un espíritu constructivo a pesar de las diferencias, y de lo urgente que es para el país que la Asamblea Legislativa no flaquee en su labor democrática fundamental.

Con respecto a lo fácil que se olvidan los acontecimientos, quiero iniciar diciendo que en la memoria de los acontecimientos políticos es usual que se recuerde únicamente el hecho sorprendente; como por ejemplo, que dos mujeres ocuparon la Presidencia Legislativa en el mismo período constitucional. Se recuerda también el escándalo o el conflicto, como aquella huelga injustificada de tres meses que tanto afectó la educación de nuestras niñas y niños, o la salud de miles de compatriotas por la pérdida de citas en los hospitales y clínicas. Recordamos que se aprobaron ciertas leyes que enfrentaron enormes obstáculos, como la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas o la ley sobre empleo público.

Sin embargo, con frecuencia se olvida el contexto y el ánimo que existía en un momento determinado de la historia y que, quizás más que los acontecimientos mismos, explican el devenir histórico de una nación y condicionan su actividad política en el corto y largo plazo.

Hace poco más de 20 años, al inicio del siglo XXI y con la ruptura del bipartidismo, el ánimo colectivo que reinaba en Costa Rica premiaba el obstruccionismo parlamentario. Entre más mociones para boicotear un proyecto de ley, entre más trucos que se realizaran para impedir que las iniciativas fueran votadas, entre más se usara la palabra como táctica dilatoria, mejor calificada salía la diputada o el diputado.

Los partidos se promocionaban por una supuesta fortaleza de su oposición según cuántos proyectos enterraran y cuantos obstáculos podían interponer en el camino de sus adversarios políticos. De esa moda obstruccionista fueron culpables todos los actores políticos partidistas, sin excepción, así como algunos actores sociales que aplaudían con entusiasmo esta forma de hacer política. Mi partido fue víctima de esa práctica cuando fue gobierno, pero lamentablemente en algunas ocasiones también la aplicó cuando fue oposición.

No podemos olvidar aquella impactante imagen de una carretilla llena de mociones cuando en el gobierno del expresidente Arias se negociaba la agenda de implementación del TLC con los Estados Unidos. Personas como Rodrigo Arias, en ese momento Ministro de la Presidencia, y Francisco Antonio Pacheco, Presidente de la Asamblea, debieron realizar un esfuerzo sobrehumano de negociación para lograr una súper mayoría que se sobrepusiera a las acciones de diputados de oposición que se quedaban en las puertas de las comisiones o rompían el quorum una y otra vez para que las iniciativas no avanzaran.

Muchas de esas tácticas las sufrió también doña Laura Chinchilla, cuando su administración procuró aprobar un necesario plan fiscal que nos hubiera ahorrado una enorme cantidad de penurias, pero que por el contrario fue víctima de los embates del filibusterismo parlamentario. Esa nefasta práctica, que consiguió algunos réditos transitorios, le provocó un enorme daño a Costa Rica y sus consecuencias, al menos en el campo económico, las seguimos sufriendo hoy.

Sin embargo, tal como dice el refrán: “tanto va el cántaro al agua que se rompe”. El obstruccionismo legislativo tan prevalente por casi dos décadas, generó una especie de hartazgo en la opinión pública que provocó, al menos al inicio de la campaña presidencial de 2018, un cambio en el discurso político que enfatizaba la urgente necesidad de abrir más espacios de negociación, de buscar consensos y de alcanzar acuerdos entre las diversas fuerzas políticas del país.

Con ese cambio de discurso, que transitaba de la confrontación y la obstrucción hacia el diálogo y la construcción, resultamos electas las diputaciones para ese cuatrienio. Justamente ese nuevo contexto fue determinante y fundamental para todo lo que logramos en el período que recién acabamos de concluir.

Quiero hacer énfasis en esto: “el ánimo que envolvió a la anterior Asamblea Legislativa, donde casi siempre se privilegió la búsqueda de acuerdos, estuvo presente desde el primer hasta el último día de nuestras funciones”. A pesar de las divisiones intrapartidiarias y de la lejanía entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, siempre se procuró buscar los consensos más amplios posibles para aprobar las leyes que Costa Rica necesitaba.

Sin que sea mi pretensión hacer un repaso exhaustivo de lo que hicimos en las pasadas cuatro legislaturas, quiero recordar algunos hitos sobre nuestra gestión. Particularmente, porque da la impresión que algunas figuras políticas quieren instalar ante la opinión pública la idea errada de que la anterior Asamblea fue una “máquina para hacer leyes” buscando sugerir que la legislación aprobada no fue del interés o beneficio del país. Todo ello es falso.

No quiero hacer creer que todo lo que hicimos fue perfecto, pues no fue así. Tampoco me interesa entrar en una discusión, por demás bastante inútil, sobre la cantidad de leyes aprobadas. Eso no deja de ser más que una línea anecdótica al margen de algún informe que lamentablemente poca gente lee.

Lo que sí quiero dejar constando, incluso con cierta vehemencia, es que la Asamblea anterior sí aprobó una serie de leyes de enorme trascendencia para el país y su futuro, lo que se reflejó en el hecho de que en su mayoría se trató de una legislación polémica, complicada, de difícil negociación e impopular.

Parafraseando con atrevida pretensión a lo que dijera el expresidente estadounidense John F. Kennedy a propósito de enviar al hombre a la luna, el Congreso anterior asumió los grandes proyectos: “no porque fueran fáciles, sino porque fueron difíciles”. A lo que yo le agrego, porque además fueron urgentes y necesarios.

Apenas ingresamos a nuestras funciones, nos encontramos con la apremiante necesidad de buscar alguna solución a la crisis fiscal. En esa tarea, me correspondió ser parte de la comisión especial que analizó el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas.

Aprobar impuestos, replantear algunos beneficios laborales en el sector público  —aunque  apliquen  a  futuro—,  buscar  mecanismos  para  recortar  el gasto, no era y no es una tarea fácil, pero sí necesaria; más aún cuando se abraza la idea del interés colectivo por encima de los intereses particulares de pequeños grupos de interés.

Sin embargo, como bien lo canta el personaje de don Quijote, en “El hombre de la Mancha”, cuando se persigue una noble causa, debemos estar dispuestas y dispuestos a “luchar por el bien sin dudar ni temer”.

Las dudas y los temores fueron muchos, entre ellos, la impopularidad de nuestras acciones. No faltó quien nos dijera “¿Para qué se complican cuando el problema es del Gobierno y no de la oposición?”, como si los problemas de Costa Rica no nos afectan a todos.

Cuando está en juego el mayor bienestar para el mayor número —del que nos hablaba don Pepe—, no podemos ni debemos flaquear. La construcción de la Costa Rica sin miseria es la causa que nos guiaba y nos guía, más aún cuando enfrentamos tiempos difíciles.

Luego de ingentes esfuerzos, logramos aprobar el plan fiscal a tiempo. De no haber saneado las finanzas públicas como lo hicimos, es posible que el impacto de la pandemia que nos azotó pocos meses después hubiera provocado un colapso económico y social como no se veía en varias décadas en el país. Eso no debe olvidarse.

Aprobar el plan fiscal no fue el único reto que tuvimos. Avanzamos con la aprobación de numerosas leyes que nos permitieron ingresar a la OCDE. Un verdadero proyecto país, de amplio alcance, y de enorme beneficio en la construcción del progreso nacional. Ese tipo de acciones visionarias son cada vez más escasas y difíciles de encontrar, por lo que desde la Asamblea hicimos grandes esfuerzos para concretarla.

Otra acción valiente y oportuna fue votar la ley para regular y dar seguridad jurídica a las huelgas. Desde entonces, ya no vemos interrupciones injustificadas en servicios esenciales, como en salud. Apoyar ese proyecto tampoco fue fácil, pero lo hicimos.

Más aún, ustedes recordarán que constantemente el congreso le solicitaba una y otra vez al gobierno el envío de proyectos para reactivar la economía. Ese ruego casi nunca fue escuchado y le correspondió a la mayoría opositora dar las respuestas que no se pudieron encontrar en el conjunto de instituciones del Ejecutivo.

Así, aprobamos la legislación para atraer pensionados rentistas, la ley para facilitar el comercio al aire libre, la ley que permite la producción del cáñamo y el cannabis medicinal, la ley para simplificar trámites, la ley que facilita la atracción de inversión fílmica al país y la que promueve la llegada de los nómadas digitales, entre otras leyes valiosas para reactivar la actividad económica nacional.

Quiero recalcar que estas iniciativas que menciono fueron todas presentadas desde la oposición y son evidencia de la responsabilidad que se tuvo con el país.

Justamente por eso, no faltó quien, con enorme ligereza, nos acusara de ser cogobierno. Para no pocas personas, la única alternativa válida era recurrir a las prácticas obstruccionistas del pasado.

¿Quién ha dicho que un país democrático puede progresar cuando el ánimo que impera en sus actores políticos es la zancadilla en vez del diálogo y la búsqueda de acuerdos? ¿Quién ha dicho que los problemas que aquejan a las personas se resuelven cuando sus líderes estorban la aprobación de proyectos dependiendo de quién presente la iniciativa? ¿Quién ha dicho que una bancada con actitudes de filibusterismo parlamentario le ayuda más al país, que una fracción que busca consensos?

A diferencia de lo que sucedía antes, cuando los partidos no ejercían una oposición al gobierno, sino más bien a que el país avanzara, nosotros levantamos la bandera de lo que los ingleses denominan la “leal oposición”. Pero ser esa oposición responsable y leal con Costa Rica también implicó en numerosas ocasiones que fuéramos nosotros quienes llenáramos los vacíos o generáramos las alternativas que no provenían del Poder Ejecutivo.

Pienso que es mi deber hacer este breve recuento porque desgraciadamente he notado cómo recientemente se busca, con pequeños  mensajes —algunos sutiles y otros no tanto—, erosionar la importancia y el trabajo del parlamento.

Cuando se dice que el Congreso no debe ser una “máquina de hacer leyes”, así sin más, o se valoran tesis como la de sesionar menos horas a la semana o procurar que los temas no se traten en el plenario porque estos podrían resultar muy complicados o polémicos, intuyo intentos por justificar un entrabamiento, a futuro, de esta Asamblea Legislativa.

Lo cierto del caso es que la Asamblea Legislativa debe discutir y aprobar proyectos de ley porque esa es su función básica y elemental. El trabajo de un parlamento es representar los más diversos intereses de la nación y este Congreso debe seguir siendo el espacio natural para que las posiciones ideológicas más variadas puedan expresarse con absoluta libertad. Quienes piensan lo contrario, ignoran el funcionamiento político de nuestras instituciones y las garantías de nuestra convivencia social.

Ese es el verdadero contrapeso que realiza el Poder Legislativo frente al resto de poderes, muy particularmente frente al Ejecutivo. Ser la fuente de donde broten todo tipo de opiniones, incluso las más duras. El control político es una herramienta que debe utilizarse siempre con inteligencia, sabiduría y rigurosidad, pues es justamente otra labor fundamental de este Primer Poder. La crítica en una democracia es una condición necesaria para su existencia. En el momento que esta se apague, damos un terrible paso hacia el abismo del autoritarismo. Algo, que estoy segura, nadie quiere para nuestro país.

Así como hubo resistencia ante la legislación más compleja y sustantiva que aprobamos en el cuatrienio anterior, también existió rechazo de otros, ante el ejercicio del control político y llamados de rendición de cuentas. Pero esa oposición de algunos pocos, no se puede sobreponer al rol de control político del Parlamento. Por el contrario, plantea un llamado para asumir con aún mayor seriedad los ejercicios de contrapeso legislativo —una responsabilidad que este Primer Poder no puede dimitir—.

Ahora bien, en esa diversidad es también un imperativo buscar los puntos de encuentro para lograr los mejores acuerdos posibles, aunque muchas veces no sean los que uno originalmente hubiera deseado. Las leyes que se aprueban rara vez son de plena satisfacción para todos los partidos. Basta con mirar lo difícil que fue aprobar proyectos que generarán una importante transformación del estado, como la ley de compras públicas o la ley de empleo público. No son leyes perfectas, pero su poder transformador es innegable.

Al pasar por la presidencia del Directorio Legislativo, me correspondió lidiar con el parlamento más dividido en la historia moderna de Costa Rica. Lo digo no solo por la cantidad de fracciones que llegaron al Congreso, sino también porque ya para el último año éstas se habían dividido al punto de tener fracciones dentro de las fracciones mismas.

Ante ello, la Asamblea podría haber entrado en una parálisis sin precedentes si los vetos individuales o de pequeños grupos parlamentarios se hubieran impuesto. Pero eso no sucedió. Mi papel consistió en facilitar los espacios para lograr los mejores acuerdos posibles con las condiciones existentes. Los resultados de las negociaciones son un logro de todas las personas que pusieron de su parte.

Sin embargo, en el futuro existe siempre el peligro de que no exista una voluntad para dialogar y consensuar, regresando al triste pasado que acabo de recordar. Por ello, me parecen sumamente valiosas las modificaciones sustantivas que hicimos al reglamento interno de la Asamblea Legislativa para reducir sustancialmente el tiempo para aprobar un proyecto de ley. Conseguimos guiar la labor legislativa bajo principios de razonabilidad, racionalizando algunas normas que facilitaban la parálisis legislativa.

Aun así, en ese campo queda muchísimo por hacer. Tanto para blindar a la Asamblea de las prácticas filibusteras como para mejorar la gestión parlamentaria. Por ello, celebro que el actual Congreso entre a discutir sobre estos temas y en concreto sobre el funcionamiento de las comisiones legislativas.

Ahora bien, ese ejercicio debe hacerse no sobre cualquier idea lanzada al aire, por bien intencionada que esta sea, sino entendiendo y aprendiendo cómo funciona y cómo debe funcionar la Asamblea como máximo órgano de representación popular. Asimismo, debe hacerse con conocimiento del proceso de formación de las leyes.

En ese sentido, fusionar comisiones legislativas o crear nuevas según el tema de interés del momento, no resolverá el problema de fondo, pues los asuntos que se presentan para la discusión aumentan constantemente y sin parar. Cada vez las áreas de interés del país, así como de las y los legisladores, son más sofisticadas o especializadas.

Es simplemente imposible atender de buena forma todas las inquietudes ciudadanas cuando se tiene uno de los parlamentos más pequeños del mundo para el tamaño de nuestra población. Para que nos hagamos una idea, Costa Rica tiene un Congreso del tamaño similar al de un senado de un país como Uruguay o Chile, pero es francamente pequeño para una cámara de representantes.

Aunque sea contraintuitivo, si la Asamblea Legislativa quiere mejorar su gestión interna, y de manera especial su función primordial de representación popular, se debe ampliar la cantidad de diputaciones.

Si bien este tema es impopular, si no avanzamos en su discusión la frustración ciudadana con la Asamblea, la fragmentación parlamentaria, la dificultad para construir mayorías y el desencanto con las instituciones democráticas solo seguirán creciendo.

En el cuatrienio anterior un grupo de diputadas y diputados promovimos que se avanzara en la reforma constitucional para modificar el sistema electoral costarricense, tomando como base el proyecto que la organización Poder Ciudadano Ya había promovido. Estuvimos a muy poco de que el texto pudiera ser enviado a la comisión especial, pero el embate populista pudo más y lo mejor fue “congelar” la iniciativa.

Me encantaría que sea retomada por esta Asamblea y sea valorada con toda seriedad, iniciando por la importante Comisión de Reforma de Estado. Sin duda, su redacción y sus alcances pueden ser mejorados, pero no puedo dejar de insistir que a este país le urge una discusión sobre la reforma a su sistema político y electoral, más allá de lo inmediato.

Ese debate debe tratar, además, de la necesidad de variar nuestra forma de gobernar. El presidencialismo, con una Asamblea atomizada, sin incentivos para la generación de coaliciones políticas estables, es muy poco funcional. Como alternativa, diversos intelectuales y políticos han planteado la creación de un régimen semiparlamentario. Creo que sería valioso retomar ese debate y discutir sus ventajas para Costa Rica en el contexto nacional e internacional presente.

Como lo dije al inicio, fortalecer los eslabones de la cadena democrática es un imperativo. Cuando presentimos un debilitamiento de nuestras instituciones, que amenaza con romper esa cadena, la obligación conlleva además un sentido de urgencia.

Con un enorme cariño y satisfacción recordaré mi paso por la Asamblea Legislativa. En la temporalidad de estos cargos, quizás, yace la vigencia pero también la estabilidad de nuestra democracia: mientras que nosotros, las ciudadanas y ciudadanos somos transitorios en puestos políticos, la institución permanece. Por ello, he querido aprovechar la oportunidad que me presenta este acto para defender al parlamento costarricense, el trabajo que ha hecho, lo que significa y su papel trascendental en la vida nacional.

Como expresidenta de la Asamblea Legislativa y como ciudadana costarricense estaré siempre dispuesta a ayudarle a las autoridades nacionales en la tarea de seguir dignificando y fortaleciendo su labor.

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