52 investigadores de Universidades Públicas firmaron un pronunciamiento en el que solicitaron una aclaración a la defensora de los habitantes, Catalina Crespo Sancho, con respecto a la posición de la institución que representa sobre los conflictos de tierras en los territorios indígenas.

La petición se da luego de que Crespo Sancho visitó el territorio Indígena de Salitre y sostuvo una reunión con personas que han participado en usurpaciones de tierras indígenas. Posterior al encuentro calificó de "ilegales” las recuperaciones realizadas por defensores indígenas que buscan establecerse en  terrenos que les pertenecen según la ley.

En uno de los puntos del documento, los especialistas enfatizaron en que, según la ley, y lo han reiterado los tribunales de justicia en todas las jurisdicciones, los no indígenas no tienen derechos sobre las tierras indígenas.  Por tal razón, añadieron que "el papel de un procurador de derechos de la ciudadanía, no es el de ponerse en favor de los usurpadores de tierras, sino en favor de quienes han reclamado por todos los medios, y no les ha quedado más que dirigir sus propias acciones para reivindicar sus derechos". 

Los académicos recordaron que durante décadas la institución se ha encargado de denunciar y documentar la violación de derechos que sufren los pueblos indígenas en Costa Rica y el no cumplimiento de normativa internacional y nacional que les ampara. Ante esta situación piden que sea consecuente con esa posición histórica y que actúe para que se haga valer la ley y que se ejecuten herramientas como el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas, que ha encontrado diferentes obstáculos en el camino.

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Resaltaron que las recuperaciones de territorios se trata de una insistencia y gestión indígenas para reclamar sus tierras por la vías legales existentes. En la década que inició en 1990, indica el pronunciamiento, los procesos judiciales que iniciaban las personas indígenas no llegaban a buen puerto debido a que no se concretaban los desalojos por razones administrativas o políticas. Dicha inacción desembocó en que en 2012 se dieran las primera recuperaciones de hecho y a derecho.

Ni las acciones administrativas, ni las acciones legales emprendidas por los pueblos indígenas han tenido resultados contundentes, por lo que las recuperaciones territoriales se mantienen en el horizonte como la única posibilidad de resarcimiento de sus derechos territoriales, aunque esto signifique asumir riesgos contra la integridad de las personas indígenas. En consecuencia, las reacciones violentas de quienes ocupan ilegalmente el territorio, mientras permanezcan impunes, seguirán abonando a la profundización y extensión del conflicto, que lamentablemente ya ha cobrado la vida de dos líderes indígenas: Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera Rivera", explicaron. 

La carta que enviaron los especialistas de la Universidad Estatal a Distancia, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, entre otras instituciones, resaltó el hecho de que según una noticia del Semanario Universidad, en la reunión que participó la defensora también estaba Thais Vidal, quien fue condenada a tres años de cárcel por usurpación de tierras en Salitre por luego de peritajes culturales que demostraron la falta de legitimidad de documentos que presentó para hacerse pasar por indígena bribri y cabécar. Esa sanción fue respaldada y comunicada por la actual defensora a Vidal, citaron.

Detallaron que la Defensoría de los Habitantes ha sostenido una posición clara, haciéndoles ver a los habitantes no indígenas, que si tienen documentos de propiedad anteriores a 1977 tienen derecho a una indemnización, si por el contrario, adquirieron los terrenos después de 1977, estarían en condición de ilegalidad según la ley y lo que corresponde es el desalojo sin indemnización.

Nos desconcierta conocer que la señora Defensora emita criterios inconsecuentes y contradictorios con el accionar previo, producto de una reunión en el Territorio Indígena de Salitre donde participaron personas no indígenas que tienen posesiones ilegales en tierras indígenas, cuyas acciones y reacciones organizadas, han desatado violencia, manifestaciones de odio, racismo y sufrimiento. Hostigan e incitan a la violencia, utilizando las redes sociales y algunos medios de prensa para desinformar a la población. Afirmar en ese contexto que las recuperaciones son ilegales es avalar a los usurpadores, revictimizar a quienes han sido agredidos y criminalizar a los defensores de los derechos indígenas.

Ante la situación expuesta con ese contexto, pidieron a Crespo Sancho aclarar si se trata de inconsistencias en el discurso o de un cambio en la posición histórica de la Defensoría con respecto a este tema.

En caso de que haya variaciones con el criterio histórico que ha mantenido la institución-, muestre los argumentos y datos que fundamentan un cambio tan importante... Le hacemos un llamado para que el conflicto que viven los pueblos y territorios indígenas por la violación de sus derechos, no sea utilizado para dirimir diferencias institucionales internas, que como es de dominio público, se vienen dando dentro de la Defensoría". 

Lea: Sindicato de la Defensoría señala a Catalina Crespo por reunirse con usurpadores de tierras indígenas

Las firmas:

  1. Xinia Zúñiga Muñoz. Investigadora. CICDE - UNED / Proyecto Conflictos Territoriales UCREA-UCR.
  2. Denia Román Solano. Proyecto Conflictos Territoriales. UCREA / Esc. Antropología. CIAN UCR.
  3. David Solís Aguilar. ProCultura, CICDE-UNED / FLACSO Guatemala.
  4. Mauricio Alvarez Mora. Docente en las Escuelas de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y IDELA-UNA.
  5. Jeffrey Peytrequín Gómez. Esc. Antropología UCR.
  6. Rebeca Arguedas Ramírez. Académica UNED.
  7. Andrea Cuenca Botey, Cátedra de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades UNED.
  8. Juan Antonio Gutiérrez Slon, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED.
  9. Patricia Mora Castellanos. Escuela de Estudios Generales UCR.
  10. Alberto Gutiérrez Arguedas, Sede de Occidente y CIEP, UCR.
  11. Ma. del Carmen Araya Jiménez, CIAN-UCR.
  12. Jorge Arturo Lobo Segura. Escuela de Biología, UCR.
  13. Helga Arroyo Araya. Proyecto Conflictos Territoriales. UCREA / Esc. Psicología.
  14. Alejandro Alvarado Alcázar, Escuela de Sociología, UCR.
  15. Onésimo Rodríguez Aguilar, director, Centro de Investigaciones Antropológicas.
  16. María E. Bozzoli Vargas, Proyecto Conflictos Territoriales UCREA/Esc.Antropop. CIAN. UCR.
  17. Ana Lucía Calderón Saravia, asesora curricular, Centro de Evaluación Académica, UCR.
  18. Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.
  19. Maritza Marín Herrera, Académica de la Escuela de Estudios Generales, UCR.
  20. Vernon Soto Lugo. Docente de Ciencias biológicas en la Escuela de Estudios Generales, UCR.
  21. Macarena Barahona Riera.Docente e investigadora de Escuela de Estudios Generales.
  22. Sylvia Elena Solano Ulate. Docente de la Escuela de Estudios Generales, UCR.
  23. María José Chaves Groh. Docente de la Escuela de Estudios Generales e investigadora en el CIEM, UCR.
  24. Ángela Ramírez Guerrero. Docente en la Escuela de Estudios Generales, de la Universidad de Costa Rica.
  25. Geanina Amaya Rodríguez. Docente de la Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.
  26. César Moya Aburto, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED.
  27. Carmen María Camacho Rodríguez, académica e investigadora jubilada (UNA, UCR, ICAP).
  28. Verónica Jerez Brenes, docente, Escuela Estudios Generales, UCR.
  29. Ernesto Cortes Amador, docente, Escuela de Antropología, UCR.
  30. Silvia Rojas Herrera, académica, Escuela de Sociología, UNA.
  31. Catalina Carrillo Vargas, académica IDESPO y Sede Brunca, UNA.
  32. Mariana Porras Montero, docente de la Escuela de Trabajo Social, UCR.
  33. Celia Barrantes Jiménez, docente interina Escuela de Antropología, UCR.
  34. Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR/Proyecto Pueblos Originarios-Universidades Públicas- CONARE.
  35. Vania Solano Laclé, docente de la Escuela de Antropología y coordinadora del proyecto EC-581 Observatorio para la acción contra el racismo, CIAN-UCR.
  36. Francisco Javier Mojica Mendieta, Antropólogo Proyecto Pueblos Originarios-U Públicas-CONARE; docente posgrado en Antropología-UCR; Director de Revista Trama, ITCR.
  37. Giovanni Beluche Velasquez. Coordinador del Programa de Humanidades de la UTN.
  38. Zuiri Méndez Benavides, docente Escuela de Sociología y Programa Kioscos Socioambientales, UCR.
  39. Luis Andrés Sanabria Zaniboni. Proyecto EC-518 Observatorio Bienes Comunes. Programa Kioscos Socioambientales, UCR.
  40. José Antonio Mora Calderón. Docente Sede de Occidente y Coordinador de Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, UCR.
  41. Nathalia Vargas Umaña. Trabajadora Social, Gestora Sociocultural y activista feminista.
  42. Mar Fournier Pereira. Docente Escuela de Psicología, UCR
  43. Mariana R. Mora. Docente Escuela de Sociología UCR
  44. Daniel Solano Ulate. Docente Escuela de Danza, Escuela de Música, UNA.
  45. Marcelo Valverde Morales. Académico IDELA, UNA.
  46. Luis Paulino Vargas Solís, investigador CICDE-UNED.
  47. Ali García Segura. Bribri Talamanca. Investigador Facultad Ciencias y Letras UCR.
  48. Paulo E. Coto Murillo, Investigador y docente, CICDE-UNED/ Posgrado de Sociología, UCR.
  49. Mariano Saenz Vega, Investigador docente Ad-Honorem, UCR.
  50. Anacristina Rossi, Profesora de Estudios Generales. Universidad de Costa Rica.
  51. Priscilla Carballo Villagra, investigadora, CICDE-UNED.
  52. Pablo Arturo Díaz González, investigador, CICDE-UNED.