La pandemia por la COVID-19 sin lugar a duda, nos cambió la vida de alguna manera, para la mayoría de nosotros(as) significó pasar tiempo completo en casa con nuestros familiares, pero qué ocurrió con las personas privadas de libertad y sus familias, la realidad fue que se vieron afectadas por el efecto contrario, la pandemia les distanció más que nunca.

En ese sentido, desarrollamos algunos puntos sobre la participación ciudadana de mujeres familiares de personas privadas de libertad, en el contexto del coronavirus en las cárceles de Costa Rica, el cual agudizó la problemática ya existente en los servicios que debe ofrecer el sistema penitenciario, es decir, su participación ciudadana se da desde las luchas en la cotidianidad.

La ciudadanía surge de la pugna, del descontento de las políticas gubernamentales (Favela y Guillén, 2009). En esta línea,  el sistema nacional de salud se tornó más convulso por el coronavirus,  se suspendieron las visitas en todos los centros penales del país, ante esta medida, muchos niños, niñas y adolescentes con familiares privados de libertad perdieron el contacto con estos, también había descontento por los gastos económicos al disminuirse la cantidad de alimentos permitidos en las encomiendas ya que ahora debían dejarla en el penal con mayor frecuencia (esto aumenta el gasto económico y de tiempo), así como otras consecuencias.

Favela y Guillén (2009) dicen que la ciudadanía es el derecho a tener derechos. Al respecto, se comprende que las medidas sanitarias por el Coronavirus fueron excepcionales, sin embargo; no se debe perder de vista que el único derecho que se restringe a la población privada de libertad es el de la libertad y que, en este contexto, las medidas tomadas repercutieron en la vida de muchas personas, incluidas personas menores de edad.

Se debe decir, que esta emergencia sanitaria no detuvo a países de América Latina a buscar alternativas tecnológicas que permitieran mantener el vínculo afectivo con sus familiares, por ejemplo, en Argentina se permitió que las personas utilizaran teléfonos celulares para mantener el contacto con sus familias, todo esto regulado por un Protocolo (Prison Insider, 2020).

La participación ciudadana de las mujeres familiares de personas privadas de libertad ha repercutido de forma internacional gracias a las tecnologías de información y comunicación, por ejemplo, la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad (alberga organizaciones de América Latina, el Caribe y España que velan por los derechos de las personas privadas de libertad y sus familias) compartió información sobre la huelga de hambre en centros penales del país. Esto es importante porque propicia que las personas se informen sobre lo que sucede en las cárceles de Costa Rica, así como genera contención y acompañamiento a kilómetros de distancia.

La participación ciudadana, comparte un elemento importante de cuido a sus seres queridos. Aunque se espera una corresponsabilidad de los cuidados por parte del Estado, y de los familiares, la realidad es que en muchas ocasiones el Estado no tiene la capacidad o simplemente no hace lo que debe hacer para garantizar sus prerrogativas.

Es en ese contexto la organización Familia Penitenciaria Unida, conformada en su mayoría por mujeres con familiares privadas y privados de libertad, por los roles de trabajo y género, culturalmente han sido las mujeres quienes más ingresan a los centros penitenciarios para llevar alimentos, medicamentos, comida y demás menesteres básicos, desde jóvenes hasta adultas mayores.

Todo lo dicho nos conduce a sostener que, las mujeres familiares de personas privadas de libertad han logrado ejercer ciudadanía como agentes y en colectivo, “La justicia de género puede comprender diversas concepciones de justicia, en un arco que va desde la simple igualdad a conceptos de igualdad diferenciada” (Molyneux, M., 2010, p. 183).

Para hablar de participación ciudadana de las mujeres familiares de personas privadas de libertad no se debe dejar de lado que los derechos humanos “es un ámbito de disputa, de lucha de poder” (Gándara, 2014, p. 44). La lucha social que han emprendido estas mujeres refleja esa reconfiguración de la ciudadanía como praxis.

Las mujeres de la organización están librando una lucha por demandar derechos desde un contexto diferente, aislado y discriminado, “los marginados en general tienen acceso limitado a los bienes públicos, la asistencia o los beneficios sociales, padecen la inseguridad de sus vínculos con la economía y son incapaces de participar en la vida política o de influir en ella” (Molyneux, 2010, p. 197). Precisamente en esa lucha colectiva e individual cada una de estas valientes mujeres han logrado ejercer ciudadanía.

Asimismo, el género es sin lugar a duda un factor determinante, estas mujeres están derribando no solo las barreras de la esfera privada, sino además exigiendo igualdad de derechos donde se debe integrar las diferencias originadas por las características propias del entorno penitenciario. Las relaciones sociales deben ser la antesala para escuchar esas voces históricamente silenciadas, el escenario actual de la pandemia ha permitido visibilizar una problemática solapada, las mujeres pueden ejercer ciudadanía desde la diferencia.

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