Según datos del Ministerio de Justicia y Paz, al cierre del 2023, Costa Rica contaba con una población carcelaria de 16.350 personas.

Académicos de la Universidad Nacional (UNA) abogan por una reforma a Ley de Justicia Penal Juvenil vigente no desde el punto de vista represivo, sino desde la atención integral.

En un comunicado a la prensa, la institución académica recordó que por cada 100 mil habitantes, Costa Rica mantiene en sus prisiones hasta 343 personas, lo que representa una de las tasas de encarcelamiento más altas de América Latina y el Caribe. Esta estadística se registra en momentos en que el Gobierno manifiesta su interés en construir una mega cárcel para cerca de 5.000 privados de libertad.

Datos del World Prision Brief del 2024 indican que Costa Rica se ubica de quinto a nivel de la región (y tercero en América Central), solo superado por El Salvador con una tasa de 1.659 prisioneros por cada 100 mil habitantes, Cuba (794), Panamá (522) y Brasil (416).

La tasa costarricense está por encima de países como Uruguay (321) Argentina (268) Colombia (201) o México (165). Incluso, se ubica en la posición 22 a nivel global, al considerar a un total de 224 jurisdicciones.

Dato D+: The World Prison Brief (WPB) es una base de datos internacional gratuita que ofrece información actualizada sobre los sistemas penitenciarios de todo el mundo. Creada en el año 2000 por Roy Walmsley, recopila datos oficiales —principalmente de gobiernos— que se actualizan mensualmente. Por cada país, el WPB proporciona cifras sobre la población carcelaria total y su tasa por cada 100.000 habitantes, así como datos desglosados por género, edad y nacionalidad, niveles de hacinamiento, prisión preventiva y condiciones penitenciarias. Además, incluye información sobre organismos responsables de los sistemas penitenciarios y recursos locales, y permite realizar comparaciones entre países y regiones en diversos indicadores clave del sistema carcelario.

Marco Feoli, académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la UNA y miembro del subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura tiene una visión crítica sobre la política punitiva que pretende seguir el Gobierno, a la luz de estas cifras.

Debemos reflexionar qué tanto sirve la cárcel y preguntarnos como sociedad si lo que nosotros queremos es tener a la gente encarcelada o que haya menos violencia. Porque si lo que queremos es menos violencia, entonces ya sabemos que la estrategia carcelaria no es la respuesta, porque el crimen organizado es mucho más poderoso y no va a dejar de funcionar solo por tener más personas encerradas".

Agregó:

Ellos seguirán operando porque el Estado no tiene los recursos suficientes para administrar las prisiones, entonces es una promesa falsa lo que se le quiere hacer creer a la gente sobre esta propuesta de solución”.

Estos argumentos los planteó al cierre de una charla con estudiantes del posgrado de Derecho Penal de la Universidad de Harding Simmons, de Texas, Estados Unidos, quienes visitaron la UNA, gracias a una alianza con la maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, de la Escuela de Sociología.

Durante dos días, los estudiantes del posgrado conocieron a profundidad el funcionamiento del sistema judicial costarricense, el modelo de administración de justicia, el sistema penitenciario, la visión de derechos humanos e incluso realizaron una visita a la Ciudad Judicial en San Joaquín de Flores, en Heredia.

Realidad nacional

Según datos del Ministerio de Justicia y Paz, al cierre del 2023, Costa Rica contaba con una población carcelaria de 16.350 personas (15.769 adultas y 581 jóvenes), ubicadas en 32 centros. Esta cifra viene en ascenso en los últimos años, ya que en 2000 se registraron 7.575 personas privadas de libertad.

Para Feoli, existen dificultades contextuales para sostener una discusión profunda sobre las causas del problema de violencia y sus eventuales soluciones.

Este debate es dificilísimo tenerlo porque lo que se plantean son soluciones maniqueas, pero eso no es suficiente. Las discusiones se polarizan, como todo ahora, entonces se dice que se busca defender delincuentes y no, se trata de defender un sistema que sí dé resultados y el proyecto de una megacárcel aquí termina siendo una ocurrencia”.

La expectativa generada por la actual administración sobre el proyecto carcelario choca con la realidad si consideramos que deberán realizarse estudios de suelo, planos y permisos. Feoli señaló que de aquí a 10 meses o un año no va a estar y el Gobierno lo sabe, "pero como su objetivo es continuar en el poder ofrecen este tipo de soluciones que no sirven, pero que son atractivas para la gente”, afirmó.

El académico apuntó que el desarrollo de una infraestructura carcelaria de estas dimensiones debería considerar el cálculo de cuántos policías penitenciarios se van a requerir. Además de contemplar a expertos en materia penal, medicina y personal administrativo.

¿Por dónde se debe comenzar una discusión?

El académico considera que se deben atender las causas estructurales de la violencia con un enfoque social y que afronten las problemáticas de desigualdad que vive el país, la situación de la educación pública, la generación de oportunidades para personas jóvenes, la desintegración familiar y el consumo de drogas.

Que menores de entre 13 y 16 años ya estén insertos en estructuras criminales refleja “lo mal que hemos hecho las cosas como sociedad. Son imágenes espeluznantes ver a un muchacho de esas edades accionar un arma y que luego vayan a dar a la cárcel y que serán fácilmente sustituidos por las propias estructuras a las que pertenecen”, afirmó.

En el caso de Yolanda Pérez, coordinadora de la maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, considera que la realidad de la delincuencia que involucra a personas jóvenes es otra comparada con décadas atrás y por ello es necesario reformular la Ley de Justicia Penal Juvenil, No. 7.567 y que data de 1996.

La funcionaria de la UNA comentó que esa ley surgió en un contexto donde el país vivía la situación de los ‘chapulines’, pero ahora es diferente porque es una legislación que se está aplicando a muchachos que son utilizados y reclutados por estas organizaciones.

No digo que deba hacerse una reforma desde el punto de vista represivo, sino qué se le puede ofrecer a ellos para que no caigan en situaciones de riesgo”.

Ambos académicos concuerdan en que la sociedad también debe enfrentar los estigmas que suele acompañarlos el resto de sus vidas y que les dificulta una reinserción efectiva, frente a un fenómeno mundial que etiqueta a las personas por su condición, como ocurre con la población migrante en Estados Unidos.