El fiscal general a.i., Warner Molina Ruiz, y su homólogo en Colombia, Francisco Barbosa Delgado, firmaron la tarde de hoy un memorando de entendimiento que, según informó el Ministerio Público busca “fortalecer la cooperación judicial de los dos países, en la lucha contra la criminalidad organizada trasnacional”.

Dato D+: Warner Molina, quien ocupa la Fiscalía de Costa Rica de forma interina desde junio del año anterior, es una de las once personas que permanecen en el concurso para ser Fiscal General.

Según señala el documento firmado, la colaboración incluye el intercambio de información para facilitar las actividades investigativas en casos de delitos financieros, de narcotráfico, trata de personas, tráfico de migrantes y la legitimación de capitales., para que ambas instituciones pueden tramitar de mejor manera todos aquellos casos que refieren a delincuencia organizada”.

El documento fue firmado durante la visita de Barbosa a Costa Rica, y sobre esa visita y la importancia del acuerdo Molina señaló:

Esta visita es de enorme trascendencia para nuestro país, en virtud de los retos que estamos enfrentando en los casos de delincuencia organizada. Para nosotros es clave tener este acercamiento y este reforzamiento de lazos de amistad y cooperación con la hermana República de Colombia, específicamente con la Fiscalía General de la Nación".

Por su parte, durante la firma del acuerdo, el jefe del ente investigador colombiano explicó algunas de las acciones que se vienen adelantando de manera conjunta para la atención de fenómenos criminales que afectan a la región.  Entre ellas, destacó la estrategia creada para la atención de los fenómenos criminales de trata de personas y tráfico de migrantes, sus delitos asociados o conexos, la cual fue firmada el pasado 30 de marzo.

Dicha estrategia busca que se investiguen y judicialicen a los responsables de estos delitos, tanto a nivel nacional como transnacional. Para ello, se conformó un grupo de trabajo de Investigación y articulación que contará con un investigador y tres analistas, con personal de apoyo.

Según expuso Barbosa durante la firma del memorando, la Fiscalía colombiana avanza en al menos 16 investigaciones, donde Costa Rica, Panamá o República Dominicana serían los países de tránsito o destino del fenómeno del tráfico de migrantes.

De acuerdo con ambos órganos, el trabajo articulado con países vecinos, contra la lucha contra este delito, permitirá identificar las rutas completas utilizadas por las organizaciones criminales y así poder atacarlas de una manera binacional y más efectiva.

Adicionalmente, el fiscal general de Colombia recalcó que esta estrategia regional también apunta a afectar las finanzas de las organizaciones criminales. Según información señalada por ese jerarca, existen 44 indagaciones estructurales por lavado de activos que buscan desmantelar estructuras en Colombia, Panamá, Costa Rica y República Dominicana.

El jerarca colombiano añadió que, en relación con Costa Rica, se han procesado a 13 personas por hechos relacionados con legitimación de capitales, según se indicó estas personas pertenecerían a redes de lavado de capitales y tráfico de drogas.

Durante la conferencia de prensa varios miembros de la prensa costarricense cuestionaron a Molina ante la falta de de respuestas que han recibido de parte del Ministerio Público a consultas sobre las causas penales que se encuentran en trámite en contra de personas que forman parte de los Supremos Poderes.

Ya en octubre anterior, varios directores de medios de comunicación habían condenado las acciones de Molina que entorpecían el acceso a la prensa a información pública sobre denuncias judiciales.

Molina justificó los atrasos en la entrega de información asegurando que el próximo 8 de mayo habrán muchas personas funcionarias que perderán su fuero, por lo que esos casos estarían pasando a ser tramitados por la vía ordinaria.