Ni por asomo, intento asociar o equiparar lo que sucede en El Salvador con la violencia en algunos centros educativos del país. Pero, veo una excelente posibilidad para reflexionar en torno a la necesidad de abordar el tópico con inteligencia, cabeza fría y entendiendo que la educación, el diálogo y los valores en la familia y en la sociedad serán siempre la mejor herramienta para evitar llegar a la situación salvadoreña.

El tema en boga en Centroamérica es el “combate” a las maras por parte del presidente de El Salvador. Muy afín al uso del Twitter, mostrando su lado más moderno y tecnológico, al presidente salvadoreño se le salió de las manos el manejo de la relación con los grupos organizados delincuenciales. También, muy criticado por un aparente acuerdo de no agresión con las maras, en las últimas semanas el conflicto explotó, al punto de que sólo durante un fin de semana se produjeron 80 asesinatos, lo cual ha llevado al señor Bukele a ordenar un endurecimiento del trato a dichos grupos —estado de excepción en el país—, generando la captura de al menos 6 mil personas —supuestamente relacionadas a las maras}—, y a amenazar con la disminución y hasta la eliminación de las camas y del alimento diario de los privados de libertad. Al respecto doña Michelle Bachelet indicó:

Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”

Concuerdo con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, en el tanto, por más grave sea la situación, las actuaciones de los Estados deben estar circunscritas al respeto de los derechos consagrados en la Carta Magna y los Convenios Internacionales; en ese mismo contexto, es inadmisible limitar la alimentación de las personas privadas de libertad, y sobre todo cuando se imponen condiciones que no dependen de ellos mismos -sino de terceros que se encuentran en libertad-por cuanto estaríamos ante una situación que perfectamente encuadraría en tratos crueles y degradantes, y que están vedados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas resoluciones.

Es importante definir, que por mara o pandilla existen múltiples definiciones, siendo que me inclino por la siguiente:

Aquellas agrupaciones juveniles estables que cuentan con una identidad grupal construida a través de la participación en actos violentos o delictivos, y que ofrecen unos patrones de identificación a sus miembros que les permite organizar su vida cotidiana.

Ello encuentra respaldo en lo señalado por el Dr. Javier Llobet Rodríguez quien indicó que: En las maras participan muchos menores de edad. Así se ha dicho en El Salvador que están conformadas por niños, adolescentes y jóvenes que van desde los 9 a los 30 años, teniendo la mayor parte de las personas que participan en las maras entre 14 y 21 años. Se señala que la mayoría de esas personas ingresaron a la mara cuando tenían 14 años”.

En cuanto al origen de las pandillas en nuestra área geográfica, se trata de una situación multifactorial, en donde una de las circunstancias más conocidas “… fueron las masivas deportaciones que Estados Unidos hizo de mareros hacia sus países de origen. Un hecho que a menudo es percibido como un factor directo para la proliferación acelerada de los actuales grupos mareros de la región fueron los cambios en la política estadounidense a partir del año 1992 (después de los disturbios violentos en Los Ángeles) respecto al trato de pandilleros que habían sido condenados a prisión y que provenían de otros países (sobre todo de Centroamérica). A partir de 1996, esta categoría de prisioneros –una vez que habían cumplido su período en la cárcel– fueron deportados a sus países de origen...". Si bien en nuestro país la terminología mara no es de uso frecuente, si se han identificado pandillas o grupos criminales integrados por personas jóvenes, incluso en los primeros años del siglo que vivimos ya se conocía una banda de niños y jóvenes que actuaba en la Gran Área Metropolitana. Así pues, el país ha venido experimentando un aumento en la cantidad de homicidios año tras año, y muchos de éstos están relacionados a sicariato juvenil, y a la disputa por territorios entre bandas, mismas que responden muchas veces a organizaciones transnacionales, por ello es de suma importancia, abordar esta problemática con acciones asertivas que lleven educación, salud, oportunidades y mejores condiciones de vida a los jóvenes de todo el país. Por todo esto, comparto la posición del profesor Llobet Rodríguez, quien considera que:

Debe reconocerse una relación entre el surgimiento de las maras y la exclusión social. Por ello no debe olvidarse que el problema de las maras no puede ser solucionado a nivel judicial, sino más bien debe buscarse la solución en el ámbito social, debiendo partirse de que la mejor política criminal es una buena política social”

En el mismo orden de ideas, señala Mandred Liebel que:

La pandillas existentes en las ciudades de América Latina son vistas, sin duda, como una amenaza por las personas que se cruzan con ellas o que, a menudo, sufren sus atropellos. Pero también significan una señal de que las sociedades deben cambiar, que no pueden seguir esquivando las injusticias sociales y los sufrimientos consiguientes. Las sociedades deberían abrirse a otros proyectos de vida, sobre todo de las generaciones más jóvenes”.

En tal sentido, por el principio de soberanía, deberá el gobierno salvadoreño enfrentar los conflictos surgidos en resguardo de los derechos humanos, y sobre todo las garantías constitucionales de los habitantes del país. En el caso nuestro, abogo para que unidos y unidas enfrentemos los sucesos de violencia en los centros educativos de forma proactiva, y en donde prevalezca la cordura y el sentido común, en resguardo de los derechos fundamentales de los jóvenes. Si bien las fiscalías penales juveniles deberán cumplir con su deber, y también deberá hacerse justicia pronta y cumplida a las víctimas de la violencia, creo firmemente en la educación, y en la posibilidad de que abogados/ as, psicólogos / as, médicos/ as, trabajadoras sociales, funcionarios / as judiciales donen parte de su tiempo a las instituciones públicas y privadas y en coordinación con los directores / as de los centros educativos, lleven un mensaje de paz y armonía, y así se pueda detener esta bola de nieve, y evitemos por las vías de la justicia restaurativa la judicialización de los casos, y peor aún la comisión de hechos delictivos que afecten la propiedad, la integridad y la vida de las personas, construyendo con ello una mejor Costa Rica.

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