El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves el primer informe parcial de la Comisión Especial Investigadora del Caso Cochinilla, solicitando la destitución del ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, e imponiéndole una "sanción moral y política" de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante un período constitucional (cuatro años) y la solicitud a los partidos políticos de no postularlo a cargos de elección popular durante ocho años.
Tras casi dos horas de discusión, la oposición se impuso al oficialismo y a la diputada María Vita Monge que votaron negativamente el dictamen mayoritario emanado de la comisión investigadora, que apunta a la jerarquía del MOPT por los actos de corrupción en obra pública que fueron destapados por la Fiscalía el 14 de junio de 2021.
El informe señala que de acuerdo con los presupuestos indagados y las pruebas recabadas sobre las relaciones entre los empresarios de Meco y H. Solís con altos mandos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y principalmente funcionarios ligados con la administración de fondos públicos, sobrepasó la esfera de las relaciones legítimas entre un ente contratante y uno contratado.
Incluso que las conductas de estos funcionarios y empresarios expuestas ante la opinión pública y los hallazgos de la presente investigación, revelan un patrón de comportamiento superior al simple desarrollo de delitos de corrupción convencionales y demuestran la existencia de una compleja red de corrupción promovida por ambas empresas y apoyada por dichos funcionarios en procura de apropiarse irregularmente de los fondos públicos que dicha institución administra que data desde el propio surgimiento del Conavi y se fortaleció progresivamente con el paso de los años.
De acuerdo con los diputados que firmaron el informe, y quienes lo apoyaron con su voto, se logró determinar la creación de condiciones que a todo nivel promovía un sistema de protección a los miembros de la red, que para los funcionarios libraba de las responsabilidades administrativas que en condiciones normales hubiese representado el cese sin responsabilidad patronal y para los empresarios multas por el incumplimiento de contratos o el incumplimiento de las condiciones para el acceso a las contrataciones.
Dichas condiciones, afirma el Congreso, permitieron crecer económicamente a ambas empresas al punto de conformar un duopolio de facto en el mercado de la construcción de obra pública y su mantenimiento, alcanzando ya para el año 2015 más de un 60% de los recursos dispuestos en Conavi, los cual se sostuvo en el tiempo.
Sobre ambas empresas se demostró la ejecución de imbricadas estrategias para capturar funcionarios a través de sobornos y favores en especie lo cual les permitía acceder a condiciones favorables e injustas antes, durante y después de las contrataciones lo cual ejecutaban a través de gerentes e intermediarios de dichas empresas y posteriormente emplear la influencia los funcionarios para con otros enmascarando los intereses ilegítimos de las empresas como actos de la administración y logrando con ello alcanzar objetivos complejos.
Entre las técnicas de captura y reclutamiento para la red de funcionarios, según la investigación, se empleó el soborno, la contratación de familiares en las planillas de las empresas ya fuera de forma real o ficticia, el lobby constante y hasta permanente para asegurar la comunicación y entrega de resultados, principalmente a funcionarios encargados de la gestión y pago de facturas.
"Como recursos principales se empleaba tráfico de influencias e indirectamente el acoso laboral contra aquellos funcionarios que activaban los diferentes sistemas de protección del erario contra los incumplimientos de las empresas. Parte del sistema protección de los integrantes de la red consistía en un actuar tolerante y pasivo por parte de los jerarcas del Conavi y los miembros de las auditorías, que se demostró mediante la omisión de actos en procura de identificar sus promotores, productores con el fin de atacarla. Se asume como de alta probabilidad que los funcionarios reclutados por la red fueron promovidos en altos cargos de gerencia por los mismos empresarios también con propósito de generar estas condiciones de desidia", agrega el documento en su etapa conclusiva.
Los diputados también dieron por probado que existe un poco control entre el periodo en que se licita la obra y el momento de la adjudicación y posterior orden de inicio que generan cambios imprevisibles en el escenario de construcción o mantenimiento, lo que permite que al entrar la empresa finalmente adjudicada a operar esta deba solicitar se le reconozcan dichos cambios, a través de lo que en Conavi se denominan órdenes de modificación, ampliación y suspensión; su cuantía y frecuencia son lo que a la postre genera la solicitud de reajustes, por lo que se pudo evidenciar que son aprobados casi en su totalidad, aumentando los costos de la ejecución, así como retrasando los tiempos de entrega.
A lo largo de la investigación, estas órdenes de modificación, ampliación y suspensión estuvieron presentes en más de una referencia y demostraron ser, además de un parche para la resolución de este tipo de eventos, un nicho ideal para la corrupción. Demuestran a su vez la lentitud del sistema y además de carencias en los procesos de planificación y el portillo para la inversión de sobreprecios, ya que es por medio de las órdenes de modificación donde se han encontrado.
La Asamblea también señaló que el modelo de contratación actual favorece la corrupción y requiere de cambios importantes como lo son adoptar en las obras que así se presenten convenientes el modelo de contratación por estándares de calidad o niveles de servicio, dejando de lado en ellas el actual sistema de precios unitarios.
"Mientras tanto, se debe suprimir la capacidad actual de las empresas que construyen obra de brindar el mantenimiento de esta bajo el modelo de precios unitarios, ya que se presentó como un factor facilitador de la corrupción al incentivar la mala calidad previa para participar por mayores costos durante el mantenimiento", dice el documento.
Asimismo, las diputaciones dijeron que se requiere que el modelo de contratación se adapte a un sistema de planificación actualmente inexistente, pero en el cual se evidencie la necesidad de la inversión y se desestimule las frecuentes modificaciones que encarecen en corto plazo los costos de las construcciones a causa redundantemente de las carencias en la planificación.
El modelo de contratación requiere que se garantice la participación de las micro y pequeñas empresas, así como promover la capacidad de participar en conjunto en figuras como el consorcio a dichas empresas e incluso las medianas con el propósito de que puedan llevar adelante obras de mayor envergadura evitando con ello la concentración de carteles que actualmente ostentan las grandes empresas.
Violaciones reiteradas a la probidad
El informe de investigación señala que se pudo comprobar una violación reiterada a los principios de probidad en actos tales como atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igual para los habitantes de la República, administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente por parte de los jerarcas y funcionarios del Conavi y del MOPT, así como empresarios privados contratados para desarrollar actividades de interés público como las empresas constructoras y aquellas dedicadas a la supervisión de las obras.
Los diputados apuntaron directamente a Carlos Solís Murillo, exgerente de adquisiciones y finanzas del Conavi, como uno de los participantes activos en la organización de la red de corrupción dentro de la institución, por las conversaciones, almuerzos, reuniones y dádivas dados por las empresas investigadas.
En segundo lugar, señalaron al director de Conavi en ese momento, Mario Rodríguez, "quien facilitó la pasividad y tolerancia hacía la supuesta corrupción existente".
Pese a que en sus declaraciones intentó desmentir y atribuirse la acción de interponer la denuncia que actualmente estudia el caso Cochinilla, dado que conocía por medio de comentarios en los pasillos la existencia de corrupción, sin embargo, no se atrevió a señalar ante la Comisión Investigadora al menos un acto de corrupción que hubiera atacado.
El informe también apunta a Rodolfo Méndez Mata, pues él reconoció ante la comisión legislativa haberse reunido en su despacho y haber recibido llamadas de los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, sin aportar un dato preciso, además, señaló que su principal enlace con MECO era el ingeniero Alfredo Sánchez a quien identificó como el gerente corporativo.
Su accionar como jerarca en el cargo de Presidente del Consejo de Administración, no demostró una actitud agresiva para atacar la corrupción y así quedó demostrado cuando se le consultó sobre su accionar y el por qué no realizó una estrategia más consistente con el nivel de corrupción que se supo percibía.
Los congresistas también le imputan a Méndez Mata el no haber informado a ninguno de los miembros del Consejo de Administración del Conavi sobre las investigaciones que se estaban llevando a cabo por parte del Ministerio Público; ni tampoco previo o durante el proceso de investigación hubo alguna acción por parte del Consejo de Administración que buscara corregir las irregularidades detectadas en el Conavi, ni siquiera las más evidentes como el lobby de las empresas, los atrasos en las facturas o la recuperación financiera.
Igualmente, quedó demostrado que el ministro tuvo una participación omisa y cuestionable en cuanto las indagatorias del OIJ. Primeramente, el Ministro afirmó a medios haber sido el que alzó la voz para iniciar la denuncia, afirmación que el propio Walter Espinoza desmintió el mismo 15 de junio de 2021 en diferentes medios y en comunicados de prensa del mismo OIJ. Durante la audiencia del Ministro, tampoco se pudo constatar que las declaraciones fueran fehacientes.
Solicitudes y recomendaciones
El informe solicita al Presidente de la República "destituir de manera inmediata" al ministro Rodolfo Méndez Mata, dado que los hechos denunciados permiten establecer que la red de corrupción creada por las empresas privadas en el Conavi, pudo actuar por la inacción, omisión, complacencia y negligencia del jerarca, en asuntos como las relaciones de hechos que fueron engavetadas, permitiendo que no se establecieran responsabilidades de los funcionarios; la desatención o archivo de las recomendaciones de Lanamme-UCR, con graves efectos para la vida útil de las obras viales; la dilución de responsabilidades entre el jerarca del MOPT y el Consejo Administrativo de Conavi; la confianza ciega brindada a funcionarios claves de la trama de corrupción como el ex gerente Carlos Solís Murillo; la instrucción de recortar en el presupuesto de obras públicas como la Ruta 32 o la carretera de San Carlos para dar continuidad a obras de mantenimiento vial de MECO y H. Solís que se habían quedado sin presupuesto; y la intención de renovar las contrataciones de mantenimiento vial con las empresas MECO y H.Solís, aún después de los allanamientos y las detenciones.
Asimismo, el informe pide a la Contraloría la valoración de los hechos denunciados para determinar si los funcionarios del MOPT y de Conavi mencionados, incluyendo al ministro Méndez Mata, Mario Rodríguez y Carlos Solís, las personas integrantes del Consejo Nacional de Vialidad, así como sus gerentes y funcionarios investigados en el expediente judicial incurrieron en incumplimiento de deberes administrativos o incumplimiento del deber de probidad para que se estudie su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un determinado período.
Finalmente, el informe señala que la responsabilidad política por los hechos denunciados recae en las personas integrantes del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), presidido por el ministro Méndez Mata e integrado por Tomás Figueroa Malavassi, Berny Vargas Mejía, Marcia Cordero Sandí, Luis Llach Cordero, Jenny Núñez Montoya y Vilma Padilla Guevara.
Contra ellos, la Asamblea estableció "sanción política y moral" consistente en la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante un período constitucional (cuatro años) y la solicitud a los partidos políticos de no postularlos a cargos de elección popular durante dos períodos constitucionales (ocho años).
Breves
— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.086 "Reforma al artículo 27 de la Ley 7933 "Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio" del 28 de octubre de 1999 y sus reformas". El artículo modificado regula los mínimos requeridos para tomar decisiones en la Asamblea de Condominio para pasar dos medidas del 100% de acuerdo requerido a 66,67% como mínimo para su aprobación.
— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.985 "Interpretación auténtica del artículo 15 y adición de un nuevo artículo 11 bis a la Ley No. 10.008 "Ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional" del 11 de agosto de 2021".
— Con 38 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 21.465 "Ley de Incentivos al Transporte Verde". Para más información sobre los alcances de este proyecto lo invitamos a leer la nota detallada al respecto disponible en este enlace.
— Con 38 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.107 "Ley de creación del distrito cuarto del cantón de Jiménez denominado La Victoria".
— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.458 "Desafectación del uso público de un terreno propiedad de la Municipalidad de Zarcero, para que lo done a la Asociación de Desarrollo Integral de Zapote de Zarcero para la construcción de un inmueble de usos múltiples en beneficio de la comunidad".
— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.157 "Interpretación auténtica del artículo 245 del Código de Familia, Ley N° 5476 de 21 de diciembre de 1973 y de la Ley N° 7532 de 8 de agosto de 1995".
— Con 38 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 21.522 "Autorización de condonación para la formalización y recaudación de las cargas sociales". Se autoriza a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a condonar en el caso de los trabajadores independientes los adeudos por multas, recargos e intereses; y en el caso de los patronos, los adeudos por multas, recargos e intereses. La autorización de condonación también va dirigida al principal, multas, sanciones e intereses de lo adeudado por la Ley del Fodesaf, INA, IMAS y Banco Popular.
— Con 38 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.003 "Contrato de préstamo N° 2220 que financiará el “Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume)”, suscrito entre la República de Costa Rica y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)". El monto del préstamo es de hasta $425.000.000.
— Con 38 votos a favor y 1 en contra se aprobó en primer debate el expediente 22.392 "Ley para la promoción e implementación de una economía de hidrógeno verde en Costa Rica". Se autoriza al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) y Cooperativas de Electrificación Rural a incursionar en la investigación, producción, transformación, almacenamiento, transporte, comercialización, suministro, uso final y exportación de hidrógeno verde; así como los productos y subproductos derivados de estas actividades.
— Con 36 votos a favor y 2 en contra se aprobó dispensar de trámites el expediente 22.900 "Desafectación de un inmueble propiedad de la Municipalidad de San José, y permuta por dos lotes propiedad del Estado, para la construcción del Corredor Vial San José – San Ramón".
— Con 20 votos a favor y 18 en contra se aprobó avocar a Plenario el expediente 21.617 "Digitalización de los Índices Notariales, mediante reforma al artículo 27 del Código Notarial, Ley 7764 del 17 de abril 1998" que fue delegado a una comisión con potestad legislativa plena.
— Con 14 votos a favor y 24 en contra, se rechazó otorgar un nuevo plazo cuatrienal al expediente 20.773 "Creación del cantón Cóbano, cantón XII de la provincia de Puntarenas".
— Con 15 votos a favor y 25 en contra se rechazó otorgar un nuevo plazo cuatrienal al expediente 20.772 "Creación del cantón XVII de la provincia de Alajuela, Peñas Blancas".
