El tribunal mantendrá abierta una investigación independiente contra los talibanes por crímenes de lesa humanidad.
La Corte Penal Internacional (CPI) ordenó cerrar la investigación que abarcaba presuntos crímenes de guerra cometidos por militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos en Afganistán, mientras mantendrá abierta una pesquisa independiente sobre los delitos atribuidos a los talibanes desde su regreso al poder en el 2021. La Fiscalía del tribunal apeló la decisión judicial.
La resolución, emitida el jueves 12 de noviembre y divulgada públicamente este viernes, señala que existen obstáculos significativos para que la Fiscalía desarrolle sus investigaciones y obtenga las pruebas necesarias, según informó Associated Press (AP). El cierre también afecta las investigaciones sobre presuntos crímenes atribuidos a la organización extremista Estado Islámico del Gran Jorasán (ISIS-K), según reportó Reuters.
La Sala de Apelaciones de la CPI autorizó en marzo del 2020 una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en territorio afgano desde el 1 de mayo del 2003, así como delitos vinculados con el conflicto armado perpetrados en otros Estados miembros del tribunal desde el 1 de julio del 2002. La pesquisa comprendía actuaciones de las antiguas fuerzas gubernamentales afganas, los talibanes, militares estadounidenses y agentes de inteligencia de Estados Unidos.
En el 2022, el entonces fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, decidió concentrar los recursos de su oficina en otras líneas de investigación y relegar las relacionadas con personal estadounidense, ante las dificultades para recabar pruebas. La nueva resolución supone el cierre formal del expediente original, una decisión de carácter procesal que no equivale a una absolución ni a una determinación judicial de que los crímenes investigados no ocurrieron.
Presiones de Estados Unidos
La decisión judicial ocurre en medio de una campaña de presión de la Administración de Donald Trump contra el tribunal internacional, cuya sede se encuentra en La Haya, Países Bajos. Estados Unidos mantiene sanciones contra la CPI como institución y contra 13 funcionarios y exfuncionarios del organismo, debido a su oposición a las investigaciones que involucran a ciudadanos estadounidenses y de países aliados.
El Gobierno estadounidense también cuestiona las actuaciones de la Corte relacionadas con el genocidio en Gaza. En noviembre del 2024, el tribunal emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ambos rechazan las acusaciones.
Aunque Estados Unidos e Israel no son partes del Estatuto de Roma, tratado constitutivo de la CPI, el tribunal puede ejercer jurisdicción sobre determinados crímenes cometidos en el territorio de sus Estados miembros, independientemente de la nacionalidad de los presuntos responsables. Afganistán forma parte del Estatuto desde el 2003.
Investigación contra los talibanes seguirá abierta
La CPI confirmó en su registro oficial de actuaciones que el cierre del expediente original no impide que la Fiscalía continúe investigando los hechos comprendidos en una segunda causa, denominada Afganistán II, centrada en los presuntos crímenes perpetrados desde que los talibanes recuperaron el control del país en agosto del 2021.
El pasado 5 de octubre, el tribunal levantó el secreto de cuatro órdenes de arresto que emitió en julio y septiembre del 2025 contra integrantes de la cúpula talibán: su líder supremo, Haibatullah Akhundzada; el presidente de la Corte Suprema, Abdul Hakim Haqqani; el ministro interino de Educación, Habibullah Agha, y el ministro interino de Educación Superior, Neda Mohammad Nadim.
La Fiscalía les atribuye presuntos crímenes de lesa humanidad de persecución por motivos de género y políticos contra mujeres, niñas, personas que no se ajustan a las imposiciones del régimen en materia de identidad y expresión de género, así como contra quienes los talibanes consideran aliados de las mujeres y las niñas.
Costa Rica desempeñó un papel en las gestiones internacionales para que el tribunal investigara esos hechos. El 28 de noviembre del 2024, el Gobierno costarricense, junto con los de Chile, España, Francia, Luxemburgo y México, remitió formalmente la situación a la Fiscalía de la CPI ante el deterioro de las condiciones de vida y las violaciones sistemáticas de los derechos de las mujeres y las niñas afganas.
La gestión de los seis países quedó incorporada al nuevo expediente, que la Presidencia de la CPI asignó a la Sala de Cuestiones Preliminares II el pasado 20 de octubre. Mientras esa investigación continúa, la Sala de Apelaciones deberá resolver las impugnaciones relacionadas con la separación de las pesquisas y el cierre del expediente original.
