Washington bloqueó los activos del tribunal bajo jurisdicción estadounidense. Marco Rubio advirtió que continuará las represalias si la CPI no atiende sus exigencias.
El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la imposición de sanciones económicas contra la Corte Penal Internacional (CPI) como institución, una medida que bloquea sus activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe, con determinadas excepciones, las transacciones financieras y comerciales con el tribunal. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la decisión por la negativa de la CPI a atender las exigencias de Washington sobre sus actuaciones contra ciudadanos estadounidenses y amenazó con continuar las sanciones hasta conseguirlo.
En un comunicado oficial, Rubio afirmó que el presidente Donald Trump no permitirá que el tribunal procese a ciudadanos, militares o dirigentes políticos estadounidenses. La medida amplía las sanciones adoptadas desde febrero de 2025, cuando el mandatario firmó una orden ejecutiva que permitió imponer restricciones económicas a personas vinculadas con determinadas investigaciones de la CPI.
A diferencia de las medidas anteriores, dirigidas contra funcionarios específicos del organismo, la nueva designación afecta directamente a la Corte Penal Internacional. Según una hoja informativa publicada por el Departamento de Estado, Estados Unidos había sancionado previamente a 17 personas mediante la orden ejecutiva 14203.
Rubio sostuvo que las administraciones estadounidenses, tanto republicanas como demócratas, rechazaron históricamente que la CPI pudiera ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de su país, que nunca se incorporó al tribunal. En su declaración, acusó a la institución de pretender ampliar sus facultades para investigar y procesar a militares, agentes de la Patrulla Fronteriza y autoridades electas estadounidenses.
El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses. Por eso, hoy Estados Unidos está sancionando a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con este tribunal fuera de control, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de funcionamiento".
Autorizan operaciones durante 180 días
Pese al alcance de las sanciones, el Departamento del Tesoro emitió cuatro licencias generales que autorizan determinadas operaciones con la CPI, incluida una autorización temporal de 180 días para mantener sus actividades. La decisión permitirá que el tribunal continúe realizando pagos y contratando servicios específicos mientras Washington intenta alcanzar una solución diplomática con los países miembros.
La licencia general número 13 autoriza, hasta el 7 de abril de 2027, las transacciones ordinarias y necesarias para mantener o concluir operaciones, contratos y otros acuerdos relacionados con la CPI. Entre ellas figuran las contribuciones económicas de los Estados miembros, los pagos de salarios, seguros médicos, alquileres, servicios públicos, impuestos, seguros y servicios comerciales habituales. También permite utilizar cuentas bloqueadas del tribunal para las operaciones expresamente autorizadas.
El Departamento de Estado explicó que estos 180 días buscan dar tiempo a los países que forman parte del Estatuto de Roma, tratado constitutivo de la CPI, para demostrar avances significativos en una solución diplomática y jurídica que atienda las objeciones estadounidenses. Washington advirtió que la autorización podrá modificarse según el resultado de esas gestiones.
Otras tres licencias permiten determinadas actividades tecnológicas, el procesamiento de pagos de pensiones y la atención de personas detenidas por orden de la CPI. La licencia número 14 autoriza servicios de telecomunicaciones y herramientas informáticas, incluidos correo electrónico, videoconferencias, alojamiento web, servicios en la nube, almacenamiento de datos, ciberseguridad y programas para la administración financiera y de recursos humanos.
La licencia número 15 permite operaciones necesarias para procesar pagos de pensiones, aunque establece condiciones especiales cuando los beneficiarios también están sujetos a sanciones. Por su parte, la licencia número 16 autoriza transacciones indispensables para mantener la detención y garantizar la salud, seguridad y bienestar de nueve personas identificadas expresamente en el documento, entre ellas el expresidente filipino Rodrigo Duterte.
Estas autorizaciones no eliminan las sanciones ni permiten cualquier operación con el tribunal. Las actividades que no estén comprendidas en las licencias o en otras excepciones legales continúan sujetas a las prohibiciones estadounidenses. La autorización temporal de mantenimiento tampoco levanta automáticamente las restricciones individuales impuestas a otros funcionarios de la CPI.
¿Qué implican las sanciones?
AP Photo/Peter Dejong, Pool.
La nueva designación se fundamenta en el apartado 1(a)(ii)(A) de la orden ejecutiva 14203, firmada por Trump el 6 de febrero de 2025. Conforme al régimen de sanciones, todos los bienes e intereses patrimoniales de la CPI que se encuentren en Estados Unidos o estén bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro.
Las restricciones también prohíben, salvo autorización o excepción aplicable, las transacciones realizadas por ciudadanos y empresas estadounidenses, o dentro de Estados Unidos, que involucren bienes o intereses de las personas y entidades sancionadas. Esto incluye la entrega y recepción de fondos, bienes y servicios.
En términos prácticos, la designación puede restringir las relaciones financieras y comerciales del tribunal con entidades sujetas a la jurisdicción estadounidense. No obstante, las licencias publicadas este viernes permiten mantener una parte importante de sus operaciones habituales, por lo que las sanciones no representan una orden de cierre inmediato de la institución.
Rubio amenaza con desmantelar el tribunal
Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. (Créditos: Freddie Everett)
El secretario de Estado afirmó que Washington esperaba desde hacía más de un año que la CPI adoptara medidas para atender sus objeciones. Según explicó, su Gobierno había pospuesto la designación institucional por consideración a las relaciones diplomáticas con países aliados y con la expectativa de que el tribunal modificara su actuación o los Estados miembros intervinieran para limitarla.
Rubio aseguró que ninguna de esas gestiones produjo los resultados esperados. Sin embargo, sostuvo que su Gobierno mantiene abierta la posibilidad de una solución diplomática y que las sanciones fueron estructuradas para permitir negociaciones con los Estados miembros.
O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI".
El funcionario también dirigió una advertencia a los gobiernos aliados de Estados Unidos que forman parte del tribunal y dependen de las fuerzas militares estadounidenses para su defensa. Rubio les exigió intervenir para limitar las actuaciones de la CPI.
Si no lo hacen, Estados Unidos continuará su campaña para desmantelar la CPI, ladrillo por ladrillo, hasta que los estadounidenses dejen de estar amenazados".
Las declaraciones expresan la intención de Washington de intensificar las presiones políticas y económicas, pero Estados Unidos no tiene facultades para disolver unilateralmente la Corte Penal Internacional, una institución creada mediante un tratado multilateral y sostenida por sus Estados miembros.
Un enfrentamiento por la jurisdicción internacional
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, comenzó a funcionar en 2002 y tiene competencia para investigar y juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión, dentro de las condiciones previstas en el Estatuto de Roma.
Estados Unidos firmó ese tratado durante la presidencia de Bill Clinton, pero nunca lo ratificó y posteriormente comunicó que no tenía intención de convertirse en Estado parte. Israel tampoco integra la CPI. Washington sostiene que el tribunal no debe ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de países que no aceptaron formar parte de la institución.
Sin embargo, el Estatuto de Roma permite a la CPI investigar determinados crímenes cometidos por nacionales de países que no son miembros, por ejemplo, cuando los hechos ocurren en el territorio de un Estado que sí reconoce su jurisdicción. También contempla otras vías de competencia, como la remisión de situaciones por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Las diferencias se intensificaron tras las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con el genocidio en Gaza. La Administración Trump citó esas actuaciones, junto con las investigaciones vinculadas con personal estadounidense, para justificar las sanciones adoptadas en febrero de 2025.