El país se sumó a Estados Unidos y otras 15 naciones que rechazaron la resolución, aprobada con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.
Costa Rica votó este miércoles, por primera vez en su historia, en contra de la resolución anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que exige poner fin al embargo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene contra Cuba. La decisión representa un nuevo cambio en la política exterior costarricense, después de más de tres décadas de apoyo a las resoluciones promovidas por La Habana y de la abstención registrada en 2025.
La resolución, identificada como A/81/L.5, recibió 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, por lo que la Asamblea General volvió a aprobar el llamado a Washington para levantar las sanciones. Sin embargo, el respaldo internacional disminuyó considerablemente respecto a 2025, cuando el texto obtuvo 165 votos favorables, siete contrarios y 12 abstenciones.
Costa Rica figuró entre los países que rechazaron la iniciativa junto con Estados Unidos, Israel, Argentina, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Chequia, Ecuador, Hungría, Lituania, Macedonia del Norte, Marruecos, Paraguay, Eslovenia, Trinidad y Tobago, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos.
El resultado marca una ruptura con la posición histórica de Costa Rica ante esta resolución. Cuando la ONU comenzó a votar sobre el embargo en 1992, el país se abstuvo; desde 1993 respaldó de manera constante las iniciativas que pedían eliminarlo, hasta que en octubre de 2025 volvió a abstenerse por primera vez en más de treinta años.
Incluso durante los primeros tres años del gobierno de Rodrigo Chaves Robles, la representación costarricense mantuvo su respaldo a la iniciativa cubana. En 2022 votó a favor de una resolución aprobada por 185 países, mientras que en 2023 y 2024 acompañó a otros 186 Estados que solicitaron el levantamiento de las sanciones estadounidenses.
Un cambio de posición anunciado meses atrás
La decisión de este miércoles estuvo precedida por otra votación celebrada el 7 de julio de 2026, cuando Costa Rica se unió a Estados Unidos y otras siete naciones para rechazar la celebración de un debate sobre el embargo en la Asamblea General. En aquella oportunidad, 136 países respaldaron la discusión, nueve votaron en contra y 30 se abstuvieron.
Aquella votación tuvo carácter procedimental y no implicaba un pronunciamiento sobre el contenido de la resolución anual. No obstante, constituyó el primer voto negativo de Costa Rica en una decisión relacionada con el tratamiento del embargo estadounidense contra Cuba dentro de la Asamblea General.
Posteriormente, en septiembre, el entonces ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar Rivera, anticipó que el Gobierno contemplaba modificar su comportamiento en estas votaciones. Durante una entrevista concedida a Diario Las Américas, en Miami, el funcionario explicó que la revisión de la postura costarricense "implicaría modificar el comportamiento de voto".
Tovar también sostuvo que, desde la perspectiva del Gobierno costarricense, el embargo había sido impuesto por las propias autoridades cubanas a su población. Aunque entonces no precisó si Costa Rica votaría en contra de la siguiente resolución, sí anunció una posición más firme respecto al Gobierno de La Habana.
El funcionario dejó la Cancillería el 24 de septiembre, después de que la presidenta Laura Fernández Delgado ordenó su destitución por la gestión de una reunión internacional del Escudo de las Américas con participación del presidente estadounidense, Donald Trump. Desde el 15 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto está encabezado por Ana Elena Pinto Lizano.
El cambio de voto también ocurre después del deterioro de las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Cuba. En marzo de 2026, durante la administración Chaves Robles, el Gobierno anunció el cierre de la Embajada costarricense en La Habana y solicitó el retiro del personal diplomático cubano acreditado en San José, aunque permitió mantener funcionarios consulares y administrativos.
La resolución sigue aprobándose, pero con menos respaldo
La Asamblea General de la ONU somete a votación desde 1992 una resolución que reclama el levantamiento del embargo estadounidense, con la excepción de 2020, cuando no se celebró la votación debido a la pandemia de COVID-19.
El texto reafirma los principios de igualdad soberana de los Estados, no intervención en asuntos internos y libertad de comercio y navegación. También expresa preocupación por los efectos extraterritoriales de disposiciones estadounidenses como la Ley Helms-Burton de 1996 y solicita eliminar las medidas que restringen las relaciones económicas con Cuba.
Estas resoluciones no tienen carácter jurídicamente vinculante, por lo que su aprobación no obliga a Estados Unidos a levantar el embargo ni modifica automáticamente las restricciones existentes. Su importancia radica en que expresan la posición diplomática de los Estados miembros frente a una política estadounidense que se mantiene desde hace más de seis décadas.
La votación de este año se desarrolló en medio de tensiones entre Washington y La Habana. El Gobierno cubano acusó a Estados Unidos de presionar a otras delegaciones para que retiraran su respaldo a la resolución, mientras que la administración de Donald Trump defendió las sanciones y responsabilizó a las autoridades cubanas de la crisis económica y de las violaciones a los derechos humanos en la isla.
Durante el debate, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, sostuvo que las restricciones estadounidenses afectan directamente las condiciones de vida de la población, particularmente el acceso a combustibles, alimentos y medicamentos. Por su parte, el representante estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, rechazó atribuir al embargo la totalidad de las dificultades económicas de Cuba y cuestionó las políticas del Gobierno de La Habana.
Pese a que la resolución volvió a aprobarse, el número de países que solicitaron levantar el embargo cayó de 187 en 2024 a 165 en 2025 y a 130 en 2026. En ese mismo período, los votos contrarios aumentaron de dos a 17, mientras que las abstenciones pasaron de una a 25.