- Comisión especial que investiga presunta red de corrupción de obra vial en Conavi por el “Caso Cochinilla” aprueba informe final de mayoría.
Los diputados integrantes de la Comisión Especial que investiga la presunta red de corrupción de obra vial aprobaron el informe final del Caso Cochinilla y solicitaron la destitución del ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, por lo que resta del periodo constitucional.
Sobre Méndez Mata se detalla que hechos denunciados en el informe permiten establecer que la red de corrupción creada por las empresas privadas en el Consejo Nacional Vialidad (Conavi), pudo actuar por la inacción, omisión, complacencia y negligencia del jerarca.
Adicionalmente se le achaca la desatención o archivo de las recomendaciones de Lanamme-UCR, con graves efectos para la vida útil de las obras viales; la dilución de responsabilidades entre el jerarca del MOPT y el Consejo Administrativo de Conavi.
También se le señala por la "confianza ciega" brindada a funcionarios claves de la trama de corrupción como el exgerente Carlos Solís Murillo.
Otro hecho en el se enfatiza en la acción del jerarca del MOPT es la instrucción de recortar en el presupuesto de obras públicas como la Ruta 32 o la carretera de San Carlos, para dar continuidad a obras de mantenimiento vial de MECO y H. Solís que se habían quedado sin presupuesto; y la intención de renovar las contrataciones de mantenimiento vial con las empresas MECO y H.Solís, aún después de los allanamientos y las detenciones.
Luego de 28 comparecencias que recibió la comisión investigadora, plantearon recomendaciones que proponen reformas o cambios al Conavi, al Consejo Administrativo, al MOPT y sus auditorías, a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República, al Colegio Federados de Ingenieros y Arquitectos, y al Lanamme-UCR.
En el informe se resaltan cambios en temas como la regulación del lobby, puertas giratorias, laboratorio nacional público, los modelos de contratación en obra pública, los sistemas de supervisión y verificación de calidad de las obras, así como mecanismos de control en las instituciones y sistema de planificación.
El presidente de la Comisión investigadora y diputado de Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca, indicó que lo presentado y aprobado es:
El resultado de un trabajo serio que está aportando al proceso penal como serie de prueba relevantes, recomendaciones y referencias a proyectos de ley que podrían cerrar portillos, establecer mejoras institucionales, así como cambios administrativos en los diferentes entes. También se indican señalamientos a los jerarcas que han demostrado incumplimientos desde la omisión, hasta la alcahuetería”.
Para la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y secretaria de la Comisión, Paola Valladares, este informe expone hallazgos que ratifican la red de corrupción para garantizar contratos de obra pública en la red vial, los deficientes mecanismos de fiscalización de la Contraloría de la República y de control en el MOPT y en Conavi, la incapacidad de vigilancia de los recursos, la escasa incidencia de las auditorías, el frágil modelo de supervisión y verificación de calidad de las obras y muchas otras deficiencias de gestión y planificación que lamentablemente favorecieron sustancialmente a empresas privadas específicas.
Por su parte el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, que también integra la comisión, enfatizó en que el informe brinda recomendaciones sobre cambios institucionales para evitar más Casos Cochinilla. Por ejemplo, Villalta nombró:
- Reformas profundas al diseño institucional de CONAVI
- El fortalecimiento de las auditorías,
- Distintas reformas para investigar y sancionar efectivamente la corrupción como la imprescriptibilidad de los delitos.
- Que el Estado cuente con un laboratorio propio para verificar la calidad de las obras.
El informe, que ahora pasa a estudio del plenario legislativo, fue votado a favor en la comisión por Pablo Heriberto Abarca (PUSC), Paola Valladares (PLN), José María Villalta, Xiomara Rodríguez, Jonathan Prenda y Franggi Nicolás. En contra votó el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez.
Dicho foro legislativo también lleva la investigación del Caso Diamante. Ese expediente tiene un plazo legal hasta el 30 de abril del 2022 para la presentación del informe parcial correspondiente.
