Esta reflexión que quiero compartir con ustedes, debo aclarar que lo hago con un sinsabor personal después de más de cincuenta años de ejercicio profesional. La mayoría de ese tiempo dedicado al servicio público tanto en el campo de la docencia como de la investigación y el ejercicio de mi profesión.

Pasé dando clases en la UCR, el TEC y el IICA-CATIE. Trabajé en los laboratorios de materiales del MOPT, de maderas del CATIE y de materiales de la UCR del cual fui director, hoy conocido como Lanamme.

Trabajé como ingeniero civil en el MOPT y en el ICE en donde tuve la oportunidad de participar en proyectos principalmente hidroeléctricos y carreteros. Además, me dediqué como consultor a las áreas de energía y transporte.

Adicionalmente siempre he estado presente en el ámbito del desarrollo del pais desde posiciones en la dirigencia gremial y funciones de gobierno, así como en asociaciones profesionales y empresariales como la CCC, la ACCCR y la UCCAEP y el CFIA donde ejercí su presidencia.

En estos últimos 4 años le dediqué una buena parte de mi tiempo al Conavi, ocupando un puesto como miembro del Consejo de Administración, dicho sea de paso, con la gran satisfacción de haber colaborado a la par de un excelente profesional y amigo, el ingeniero Rodolfo Méndez en su condición de ministro del MOPT.

Ahora sí, entrando en materia, debo decir que esta última experiencia ha tenido sus sinsabores. Por un lado, ser parte de un grupo de trabajo en el Consejo decidido a realizar obra y coadyuvar al desarrollo del pais, labor que mereció reconocimiento público. Sin embargo, durante este último año, como resultado del escándalo llamado Caso Cochinilla, la opinión se revirtió y el ministro y el Consejo pasaron a ser “los malos de la película”.

Yo puedo entender la volatilidad de la opinión pública sobre todo en estos tiempos de las redes sociales donde, contando con el beneficio hipócrita del anonimato, se violentan los derechos y la honra de las personas de manera gratuita.

Lo que no puedo entender y menos aceptar es que en el seno de la Asamblea Legislativa; nada más y nada menos que el primer poder de la República se haya caído en una acción de irrespeto hacia las personas, así como el cinismo de sancionar al ministro y al Consejo por supuestas acciones u omisiones que fueron presumiblemente causales de las irregularidades de este sonado caso.

Jamás había tenido que ser testigo de la falta de respeto hacia un ministro de estado. Jamás había escuchado una serie de acusaciones hacia el Consejo basadas en un documento que, por su naturaleza de informe preliminar ni siquiera contenía disposición de algún tipo por parte de la Contraloría de la República.

Particularmente resultó sorprendente la desatención, rayando en rebeldía, de los señores y señoras diputadas al prestar oídos sordos a la jurisprudencia existente y el claro señalamiento, en la misma sesión por parte de un diputado. De manera olímpica mantuvo su posición la mayoría y el documento quedo aprobado con la sanción política y moral incluida.

No me cabe duda de que estas actuaciones de la comisión legislativa que culminaron con la aprobación del informe por parte del plenario el pasado 21 de abril, han estado contaminadas, no del COVID-19, sino de un virus aún más peligroso como es el mal uso del poder político.

Termino diciendo que no pierdo la esperanza que este desaguisado del que hemos sido testigos y víctimas, en donde los señores y señoras diputadas se convirtieron en jueces, jurado y verdugos, no se vuelva a repetir más en la historia de la Asamblea Legislativa.

Un país con un historial de democracia y educación como lo es Costa Rica, no se merece estos ejemplos.

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