El Consejo de Gobierno utilizó una reforma reglamentaria publicada el lunes para prorrogar el nombramiento de Róger Rivera Mora, mientras mantiene sin juramentar a Rocío Alfaro Molina.
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) retomó sus sesiones ordinarias este viernes 13 de noviembre con la participación de Róger Rivera Mora como representante del movimiento sindical, luego de que el Consejo de Gobierno acordara prorrogar su nombramiento al amparo de una reforma reglamentaria que el Poder Ejecutivo publicó cinco días antes. La decisión se produce pese a que la Sala Constitucional anuló en setiembre la designación temporal de Rivera y ordenó al Ejecutivo tramitar el nombramiento de la exdiputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro Molina.
El acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado el pasado miércoles 11 de noviembre, consta en la certificación PR-SCG-CERT-0227-2026. La disposición establece que Rivera permanecerá en el cargo hasta que se complete el procedimiento de nombramiento y juramentación de la persona elegida por las organizaciones sindicales.
La reincorporación de Rivera se fundamentó en el artículo 6 bis del reglamento para la elección y nombramiento de representantes de los sectores laboral y patronal ante la Junta Directiva de la CCSS, incorporado mediante el decreto ejecutivo 45985-MP, firmado por el primer vicepresidente de la República, Francisco Gamboa Soto, en ejercicio de la Presidencia, y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles.
Como informó Delfino.cr el lunes, el nuevo decreto habilita al Consejo de Gobierno a prorrogar provisionalmente el último nombramiento válido de un representante sectorial cuando ese sector carezca de titular y suplente, con el propósito de garantizar la continuidad de las operaciones del máximo órgano de dirección de la seguridad social.
El Ejecutivo justificó la reforma en la necesidad de evitar que las vacantes en la Junta Directiva comprometan la prestación de servicios públicos esenciales relacionados con los derechos a la vida y a la salud. Sin embargo, la aplicación de ese mecanismo al caso de Rivera plantea una controversia jurídica particular, dado que la Sala Constitucional había anulado su nombramiento temporal mediante una sentencia.
Directivos cuestionan constitucionalidad de la medida
Durante la sesión ordinaria número 9615 de este viernes, la representante del sector patronal, Sandra Li Chen Apuy, manifestó sus dudas sobre la constitucionalidad del decreto y consultó qué ocurriría con los acuerdos que adopte la Junta Directiva si posteriormente los magistrados anulan la disposición reglamentaria que permitió el regreso de Rivera.
La Dirección Jurídica de la CCSS sostuvo que la reforma reglamentaria se encuentra vigente y que, por tanto, constituye el marco normativo bajo el cual actúa actualmente el órgano colegiado. Asimismo, explicó que una eventual declaratoria de inconstitucionalidad no implicaría necesariamente la nulidad de todos los acuerdos adoptados, pues correspondería a la propia Sala determinar los efectos de su sentencia.
La integración de la Junta Directiva resulta especialmente relevante para el funcionamiento de la institución. Aunque su reglamento interno establece que cinco de sus nueve integrantes constituyen el mínimo necesario para sesionar, también exige que todos los puestos estén debidamente nombrados para que exista una integración legal completa del órgano. Cuando esa condición no se cumple, la Junta únicamente puede actuar bajo circunstancias excepcionales de urgencia o necesidad apremiante, mediante la figura jurídica del órgano de hecho.
Dos sentencias constitucionales y cinco meses sin nombramiento
El conflicto por la representación sindical comenzó el pasado 9 de junio, cuando la Asamblea del Movimiento Sindical Costarricense eligió por mayoría absoluta a Rocío Alfaro Molina para integrar la Junta Directiva de la CCSS durante el periodo 2026-2030. El Consejo de Gobierno rechazó su designación el 24 de junio, alegando incumplimientos de requisitos legales y posibles conflictos de interés.
El 12 de agosto, el Consejo de Gobierno nombró temporalmente a Rivera para ocupar el puesto. Un día después, mediante la resolución 2026-031380, la Sala Constitucional anuló por unanimidad el acuerdo mediante el cual el Ejecutivo había rechazado la designación de Alfaro.
Los magistrados fundamentaron su decisión en el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS, que atribuye a los sectores laboral y patronal la potestad de elegir a sus representantes y prohíbe expresamente al Poder Ejecutivo impugnar esas designaciones. La jurisprudencia constitucional permite al Consejo de Gobierno verificar el cumplimiento de requisitos legales objetivos, pero no sustituir las valoraciones subjetivas que corresponden a las organizaciones representadas.
Pese a esa primera sentencia, el Ejecutivo mantuvo a Rivera en el cargo hasta que, a principios de setiembre, la magistrada Ingrid Hess Herrera ordenó suspender cautelarmente su nombramiento. Posteriormente, mediante la resolución 2026-036620 del 24 de setiembre, la Sala Constitucional anuló su designación temporal y otorgó al Consejo de Gobierno un plazo máximo de ocho días para adoptar las medidas necesarias para tramitar el nombramiento de Alfaro, conforme a los parámetros establecidos en la sentencia.
El vencimiento de ese plazo motivó que las organizaciones sindicales solicitaran en octubre a la Sala Constitucional declarar en desobediencia y desacato al Consejo de Gobierno, así como disponer la ejecución forzosa de lo resuelto.
Alfaro acude nuevamente a la Sala Constitucional
El pasado miércoles 11 de noviembre, coincidiendo con el día en que el Consejo de Gobierno acordó prorrogar el nombramiento de Rivera, Alfaro presentó una nueva gestión ante la Sala Constitucional para impedir que el Ejecutivo utilice la reforma reglamentaria como fundamento para retrasar su juramentación, según informó Semanario Universidad.
La exdiputada cuestionó que el Gobierno pretenda aplicar a una elección celebrada en junio requisitos documentales y procedimientos que entraron en vigor cinco meses después. La reforma establece que el Consejo de Gobierno no formalizará los nombramientos mientras no reciba el expediente completo que respalde las valoraciones efectuadas por el sector que eligió a la persona representante.
Alfaro sostiene que la aplicación de esas nuevas exigencias a su caso constituye una actuación retroactiva que obstaculiza el cumplimiento de las sentencias constitucionales. También solicitó medidas cautelares para impedir la reincorporación de Rivera.
