Tres cooperativas cuestionaron declaraciones de la exdiputada del Frente Amplio, quien las vinculó con el caso Barrenador y afirmó que pretendían “robarle a la Caja con sobreprecios”.
Coopesana, Coopesain y Coopesalud, tres cooperativas que prestan servicios de salud a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), anunciaron que preparan una querella contra la exdiputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro Molina, por declaraciones que consideran difamatorias y perjudiciales para su reputación.
Los señalamientos fueron difundidos en un video en las redes sociales de Alfaro, en el que se ve a la exdiputada durante la manifestación del pasado 8 de noviembre, cuestionando decisiones relacionadas con la institución y, en concreto, con la participación de cooperativas en la prestación de servicios de salud.
En el video Alfaro señaló:
Hay un interés enorme en entregarle los Ebais a las cooperativas que están denunciadas por el Caso Barrenador, por querer robarle a la Caja con sobreprecios para los servicios que recibe la población.”
Cooperativas rechazan señalamientos
Las cooperativas calificaron las declaraciones como falsas y lesivas para su honra y crédito, y señalaron que preparan las acciones legales correspondientes. El vocero de Coopesalud, Sergio Castillo, cuestionó que las discusiones sobre los procesos de contratación se trasladen, según su criterio, al terreno ideológico.
Castillo explicó:
Es inaceptable y estamos preparando las acciones legales correspondientes contra lo dicho por la exdiputada. Los trámites administrativos y los procedimientos de contratación son asuntos técnicos serios que tienen que salirse del campo ideológico y de las disputas sindicales”.
Las organizaciones sostienen además que los retrasos relacionados con los procesos de contratación responden a problemas técnicos. En el comunicado añadieron:
Los retrasos en los procesos de contratación se deben a problemas técnicos suscitados en el área de contabilidad de costos y a sus registros erróneos, los cuales han puesto en riesgo la continuidad y calidad de los servicios para la población, por lo que desviar la atención hacia falsas imputaciones de carácter delictivo resulta no solo irresponsable, sino temerario".
Las cooperativas indicaron que pretenden fundamentar su acción en el artículo 153 del Código Penal, correspondiente al delito de difamación de una persona jurídica.
La norma establece una pena de 30 a 100 días multa para quien propague hechos falsos sobre una persona jurídica o sus representantes, vinculados con el ejercicio de sus cargos, cuando estas puedan dañar gravemente la confianza del público o el crédito de la organización.
