El tribunal determinó que los errores administrativos en los nombramientos no pueden trasladarse a la trabajadora.
La Sala Constitucional condenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por vulnerar el derecho fundamental al salario de una médica del Hospital Calderón Guardia, a quien la institución adeudó durante varios meses remuneraciones por servicios prestados entre mayo y julio de 2026, debido a inconsistencias administrativas en el trámite de sus nombramientos.
Mediante la sentencia 2026-044015, del 12 de noviembre, emitida dentro del expediente 26-028398-0007-CO, el tribunal declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado el 5 de agosto por la médica, quien también reclamó la falta de trámite y pago de seis subsidios por incapacidad y la ausencia de respuestas a sus gestiones administrativas.
La profesional se desempeñaba como médica asistente general en el Servicio de Cirugía General del Hospital Calderón Guardia, mediante nombramientos interinos en tres plazas que, conjuntamente, conformaban una jornada laboral de ocho horas, distribuidas en períodos de cuatro, dos y dos horas.
Según expuso la recurrente, las autoridades administrativas le informaron que el sistema institucional de pagos presentaba dificultades para procesar de manera integrada esa modalidad de nombramiento, lo que ocasionó atrasos en el reconocimiento de sus derechos laborales.
En una gestión remitida a las autoridades hospitalarias en julio, la médica señaló que, cuando consultó por el reconocimiento del salario correspondiente al trabajo efectuado durante la primera quincena de ese mes, desde Recursos Humanos le indicaron que "no hay cómo pagarlo", sin brindarle una explicación formal sobre el procedimiento administrativo que debía seguirse.
Errores administrativos impidieron el pago oportuno
Al rendir sus informes ante la Sala Constitucional, las autoridades del hospital reconocieron que existían inconsistencias en las acciones de personal que impedían validarlas y aplicarlas para efectos salariales.
Entre los problemas identificados figuraban la existencia de nombramientos vigentes de otro funcionario en las plazas correspondientes, inconsistencias en los documentos de respaldo, errores en la identificación del titular y en el motivo de sustitución, así como la ausencia de un visto bueno de la Dirección General.
Las acciones de personal habían sido recibidas por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos el 17 de julio, pero fueron devueltas para su corrección el 3 y el 13 de agosto. Una vez realizadas las coordinaciones internas, las autoridades programaron el pago para septiembre.
La médica confirmó que el 2 de septiembre, cuando el recurso de amparo ya se encontraba en trámite, recibió el depósito correspondiente a los salarios reclamados por los períodos del 11 de mayo al 30 de junio y del 1 al 14 de julio de 2026.
Sin embargo, la Sala Constitucional determinó que el pago posterior no eliminaba la vulneración de derechos fundamentales que se había producido respecto de las labores desempeñadas entre el 11 de mayo y el 4 de julio.
Los magistrados señalaron:
Tales circunstancias pertenecen al ámbito de organización y gestión de la institución patronal y no pueden ser trasladadas a la trabajadora, quien ya había prestado los servicios. El depósito se acreditó hasta el 2 de setiembre de 2026. En consecuencia, se produjo una lesión al derecho fundamental al salario”.
Respecto del salario correspondiente al período del 5 al 14 de julio, el tribunal desestimó el reclamo por considerarlo prematuro, debido a que, cuando la médica presentó el recurso de amparo, todavía no había transcurrido el plazo que la jurisprudencia constitucional considera excesivo para efectuar el pago.
Dependencias de la CCSS ofrecieron explicaciones contradictorias
La médica también reclamó que seis incapacidades por enfermedad, otorgadas entre el 25 de mayo y el 7 de julio y que sumaban 15 días, permanecían registradas en los sistemas institucionales con el estado "SIN TRÁMITE", sin que se hubiera efectuado pago alguno por concepto de subsidios.
La situación persistió incluso después de que la CCSS depositara los salarios atrasados. Según la documentación aportada al expediente, la institución había aplicado los rebajos salariales correspondientes a los días de incapacidad, pero no había reconocido los subsidios respectivos.
El último reporte aportado por la recurrente, fechado el 16 de octubre, acreditó que las seis incapacidades continuaban sin tramitarse, con cero días pagados y un monto reconocido de cero colones.
La Sala Constitucional destacó que las propias dependencias de la CCSS ofrecieron explicaciones incompatibles sobre las razones por las cuales los subsidios permanecían pendientes.
Por una parte, la Subárea de Asesoría de Prestaciones en Dinero sostuvo que los registros institucionales no acreditaban las cotizaciones necesarias para reconocer los subsidios, debido a que reflejaban una interrupción de la relación laboral entre marzo y mayo de 2026.
Por otra parte, las autoridades del hospital reconocieron que las dificultades para tramitar varias de las incapacidades obedecían a que los nombramientos que respaldaban la relación laboral no habían sido debidamente validados y registrados en los sistemas institucionales.
El tribunal concluyó que la falta de pago obedecía a problemas administrativos relacionados con la validación y el registro de los nombramientos, circunstancia que ameritaba su intervención.
El atraso injustificado de un subsidio también vulnera derechos fundamentales
Al resolver el recurso, la Sala Constitucional reiteró su jurisprudencia según la cual el salario constituye un derecho de rango constitucional de las personas trabajadoras y una obligación de sus patronos.
El tribunal recordó que, para determinar la existencia de una vulneración constitucional, debe haber transcurrido un plazo irrazonable entre la prestación de los servicios y el pago correspondiente. En anteriores resoluciones, los magistrados han considerado excesivos e irrazonables los atrasos superiores a dos quincenas.
Ese mismo criterio resulta aplicable a los subsidios por incapacidad, debido a que estos sustituyen los ingresos que una persona deja de percibir mientras se encuentra imposibilitada para trabajar.
La sentencia cita un pronunciamiento de 2015 en el que la Sala estableció:
Considera esta Sala que el retardo en el pago del subsidio tiene los mismos efectos para el trabajador que la falta de pago oportuno del salario”.
Por tanto, el retraso injustificado y excesivo en el reconocimiento de cualquiera de esos rubros puede constituir una infracción a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.
CCSS tendrá un mes para resolver las incapacidades pendientes
La Sala Constitucional ordenó a la directora general del Hospital Calderón Guardia, Tania Jiménez Umaña; a la jefa de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de ese centro médico, María Gabriela Rodríguez Carmona; y al jefe de la Subárea de Asesoría de Prestaciones en Dinero de la CCSS, Arnoldo León Quesada, coordinar las acciones necesarias para resolver la situación.
Los jerarcas dispondrán de un mes, contado a partir de la notificación de la sentencia, para analizar las seis incapacidades reclamadas, emitir y notificar a la médica una resolución debidamente fundamentada y efectuar el pago de los subsidios si corresponde conforme a derecho.
La Sala advirtió a las autoridades recurridas que el incumplimiento de una orden emitida dentro de un recurso de amparo puede ser sancionado, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con prisión de tres meses a dos años o de 20 a 60 días multa, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Además, condenó a la CCSS al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por los hechos que motivaron la declaratoria con lugar. Los montos correspondientes deberán determinarse mediante un procedimiento de ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Tribunal desestimó otros reclamos
La Sala Constitucional rechazó los restantes extremos del recurso, relacionados con la ausencia de respuestas a las solicitudes de información y resolución de gestiones administrativas presentadas por la médica entre finales de julio y principios de agosto.
El tribunal consideró que, cuando se presentó el recurso, todavía no habían transcurrido los plazos correspondientes para que la Administración respondiera varias de esas solicitudes. No obstante, recordó expresamente a las autoridades hospitalarias su obligación de atenderlas y resolver lo que corresponda dentro de los plazos establecidos.
La médica también manifestó que, desde el 14 de julio, no había recibido nuevos nombramientos ni había sido convocada a trabajar, pese a encontrarse inscrita en el registro de elegibles del hospital. Asimismo, afirmó que desconocía la situación de las plazas que había ocupado.
Sobre ese extremo, los magistrados recordaron que no existe un derecho fundamental a la prórroga de los nombramientos interinos en la Administración Pública. Por ello, la sentencia no ordenó restituir a la profesional en las plazas que desempeñaba ni efectuar un nuevo nombramiento.








