El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó este viernes el Tratado de Escazú, un acuerdo vinculado a la protección ambiental que en 2018 firmaron 24 países de América Latina y el Caribe. “Es el primer proyecto que el gobierno va a ingresar al Congreso,  y eso es relevante porque da cuenta del sentido de urgencia con que entendemos la crisis climática y la protección de los derechos humanos de quienes defienden nuestro entorno”, dijo el mandatario.

Este tratado “es el primer acuerdo vinculante del mundo respecto a la protección de los derechos de las defensoras y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que esta lucha ya ha costado demasiadas vidas y no podemos permitir que se nos vaya ni una más”, señaló el presidente.

Boric dijo que el país se demoró en la firma del acuerdo -porque el gobierno anterior no quiso adherir a él- y por eso solicitó al Congreso aprobarlo "con rapidez, porque la vida no puede esperar". Sostuvo que esto representa “un hito en el camino hacia una nueva relación entre el Estado y sus habitantes en materia ambiental” y destacó que el proyecto “ha sido impulsado principalmente por mujeres que, a lo largo y ancho de América Latina, ejercieron liderazgo”.

“Tenemos el desafío de construir juntos un nuevo modelo de desarrollo que nos permita vivir en un ambiente sano y sustentable, conservar nuestra biodiversidad, frenar la degradación de las tierras, adaptarnos al cambio climático y construir un país en el cual niñas y niños puedan crecer seguros y felices”.

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, enfatizó que se está atravesando "la peor crisis ecológica de la historia" y llamó a enfrentarla de forma conjunta. “Solos no seremos exitosos”, manifestó.

“La urgencia es de tal magnitud que hoy no es momento para más vacilaciones, sino que es tiempo de tomar acciones decididas y transformadoras donde escuchar a la ciencia y también a la economía, porque la ventana de oportunidad de enfrentar tanto la crisis climática como la de biodiversidad se nos está cerrando aceleradamente”, dijo Rojas. “Los costos de la inacción son mayores que los de la acción”, subrayó.

El tratado

Entre otras cosas, el Tratado de Escazú establece una mayor participación ciudadana en la evaluación ambiental de los emprendimientos empresariales y prevé mecanismos más transparentes en el acceso a la información vinculada a proyectos que podrían ser contaminantes.

Además, el acuerdo incluye normas que garantizan el acceso a instancias judiciales y administrativas para apelar decisiones de organismos públicos que puedan dañar el ambiente. También establece obligaciones para que los gobiernos garanticen la seguridad de los líderes ambientalistas.

Durante la segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018), Chile fue uno de los principales impulsores del acuerdo -que lleva ese nombre porque se firmó en la ciudad costarricense de Escazú- y jugó un rol clave durante los seis años de negociaciones.

Sin embargo, el expresidente Sebastián Piñera decidió al asumir su segundo mandato, en 2018, que Chile no suscribiera el tratado, una postura que generó malestar entre las organizaciones ambientalistas locales.

El gobierno de Piñera entendió que el acuerdo exponía al país a posibles juicios en tribunales internacionales y que existían dificultades al momento de armonizar la normativa internacional con la legislación chilena.