Hoy 28 de setiembre se celebra el Día Internacional del Acceso a la Información, también llamado del Derecho a Saber. Lamentablemente Costa Rica es uno de los cuatro países latinoamericanos, que no cuenta con una Ley Nacional de Acceso a la Información. Aprovechando la fecha, las organizaciones firmantes quisimos llamar la atención sobre esta deuda país.
Pese a que el país se ha comprometido internacionalmente en diversos convenios a legislar sobre esto, a que el presidente de la República lo prometió en su plan de gobierno (página 27 de Plan de Gobierno de Carlos Alvarado) y a múltiples proyectos de ley que se han presentado a la Asamblea Legislativa, incluso después de extensos procesos de co-creación y consulta, llegamos al bicentenario sin el instrumento legal adecuado para garantizar este derecho humano fundamental. Esta es una norma indispensable para ordenar procedimientos diferentes en cada oficina y establecer un régimen sancionatorio a los funcionarios públicos que violenten este derecho. Todo ello sin retroceder los estándares garantistas que ha establecido la Sala Constitucional al respecto.
Hoy en día el derecho de acceso a la información pública se fundamenta en los artículos constitucionales 11, 27 y 30, en normativa dispersa y en los argumentos legales de la jurisprudencia costarricense, especialmente de la Sala Constitucional. Pero ello no constituye el marco específico y especializado que daría una plena vigencia al derecho y no exime a Costa Rica de la necesidad de discutir y aprobar un proyecto de ley que regule claramente el acceso a la información, garantizando el principio de no regresividad de los derechos humanos, ya que los derechos regulados en esta normativa se verían asegurados en el tiempo, fortalecidos y expandidos con la existencia de dicha ley.
Pese a la creciente cantidad de información que la administración pública hace de conocimiento de la ciudadanía, lo cierto es que las mediciones específicas no muestran mejoría. En el 2019, en la Encuesta de Percepción de Transparencia en el Sector Público realizada por la Contraloría General, el 85% de la ciudadanía consideró que el sector público no comunica bien y 71% dijo que no es transparente. Las solicitudes de petición o de pronta resolución son de los casos que más frecuentemente se reclaman ante la Sala Constitucional.
Otros indicadores relacionados como el Índice de Transparencia Legislativa, el Índice de Transparencia del Sector Construcción y el Índice de Transparencia del Sector Público presentan varios pendientes en cuanto acceso a la información en estas áreas.
Insistimos vehemente ante las autoridades en la impostergable necesidad de incrementar los niveles de transparencia y apertura que muestra la institucionalidad pública, para ello no solamente se requieren los mecanismos jurídicos, sino también mejoras administrativas y tecnológicas que pueden generar avances importantes en esta materia. Un reto pendiente es la apertura de datos, con inclusión de criterios de multilingüismo, diversidad y personas con discapacidades.
En el quehacer inmediato, una tarea urgente es monitorear la implementación del Decreto Ejecutivo No. 43.200 y la Directriz No.073, del 2017, en el que se establecen unos mínimos estándares para el acceso a la información y la transparencia proactiva, aunque solo aplica para el Gobierno Central. En un seguimiento externo a estos decretos por parte de sociedad civil realizado en 2018, se encontró que en un tercio de las 112 instituciones estudiadas, todavía no nombraban a los Oficiales de Acceso a Información y que sólo una entidad pública cumplía en un 100% sus obligaciones de transparencia activa. Además de que persiste poca capacitación de funcionarios y ciudadanos sobre el ejercicio de este derecho, todo lo cual significa que todavía falta mucho trecho para una cultura de apertura en las entidades públicas.
Por parte de la ciudadanía, es necesario que se mantenga alerta y exigente de este derecho en su interacciones con las instituciones públicas. Aún sin ley de Acceso, se cuenta con instrumentos que se deben utilizar en mayor medida como por ejemplo las oficiales de acceso a la información, los eventos de rendición de cuentas de las entidades, observatorios ciudadanos, la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC) y el Sistema de Orientación Virtual sobre Acceso a la Información (SOVAI) que brinda cartas modelo y acompañamiento en línea a las personas que quieran ejercer su derecho a saber, mecanismos de impugnación y enlaces para dirigir sus quejas.
Costa Rica llega al bicentenario sin que la ciudadanía cuente con un instrumento legal que le garantice plenamente el derecho al acceso a información, sin que esté sujeto a interpretaciones casuísticas. Es un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática y transparente, y vital para la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas de las autoridades.
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