Han pasado más de ocho años desde que Fundación Paniamor se vio comprometida como institución, a movilizarse por la historia de una niña de 13 años llamada Amelia.

Fue a inicios del 2013 cuando nuestra institución se vio estremecida por la incapacidad de ayudar a esa adolescente, a quien la legislación vigente mantenía en una zona gris de indefensión, pues se asumía entonces que, si bien, todo contacto sexual entre una persona adulta y una persona de 12 años o menos, se tipificaba como una violación, a partir de los 13 años debía de probarse a través de un proceso judicial que la persona menor de edad no había consentido el hecho.

Amelia llegó hasta uno de nuestros proyectos y contó que había sufrido una violación la noche anterior, tras abandonar un albergue del PANI y ser encontrada llorando en un parque por un hombre adulto que se aprovechó de las circunstancias.

Ocho horas pasaron desde que Amelia lo comunicó, hasta que nos percatamos de que había huido nuevamente. Durante ese periodo, ella vio como un grupo cada vez más grande de personas adultas, funcionarias institucionales, debatían lo que debía hacerse con ella y el procedimiento legal adecuado.

No pudimos ayudar a Amelia, pero su dolorosa historia nos impulsó a trabajar de lleno en procura del fortalecimiento de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y nos comprometió como organización con la necesidad de impulsar un Proyecto de Ley que garantizara, desde el reconocimiento de estas prácticas como manifestaciones violentas y abusivas, avanzar hacia una transformación cultural a partir de la cual, toda la sociedad costarricense y su institucionalidad, se comprometiera con la erradicación de estas prácticas de vulnerabilización de la población infantil y adolescente.

Afortunadamente se contó con el apoyo de las instituciones públicas, la sociedad civil y organismos de cooperación al que se sumó finalmente, la convicción de las señoras y los señores diputados quienes aprobaron, el 30 de noviembre del 2016, la Ley 9406 “Fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas, reforma Código Penal, Código Familia, Ley Orgánica TSE y Registro Civil, y Código Civil”, más conocida como “Ley de Relaciones Impropias”.

Este proceso requirió cuestionar conceptos anclados a la estadística y concebidos desde visiones patriarcales, tales como “uniones tempranas” y “matrimonios tempranos”, ahora designados como “relaciones impropias”, lo cual permite transparentar, la lógica abusiva y violenta que se encuentra enraizada en nuestros patrones culturales y que ocultaban una brecha de protección a las personas menores de edad al legitimar este tipo de relaciones.

La transformación cultural

A poco más de cuatro años de aprobada la ley, vemos cómo avanza la transformación cultural de nuestra sociedad, que empieza a entender que no se trata de relaciones de pareja, es decir, entre pares, cuando una de las personas involucradas se encuentra en proceso de desarrollo y otra abusa de su posición de persona adulta, mayor experiencia o poder económico, para mantener esa Relación Impropia.

Tal como lo expuso la semana anterior la Fiscala Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes, Gabriela Alfaro Zúñiga, desde 2017 que fue promulgada la Ley 9406, las denuncias por estos hechos se han duplicado, pasado de alrededor de dos mil en 2016, a más de cuatro mil en los años siguientes.

Esto evidencia pasos importantes en el camino al cumplimiento efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes y en particular, del derecho de las adolescentes mujeres a un desarrollo integral y libre de violencias.

Por una parte, permite observar un incremento en la conciencia social acerca de la protección de los derechos de las personas adolescentes de entre 13 y 17 años, como mencionamos arriba, en zona gris previo a la promulgación de la ley; y por otra, el trabajo comprometido de las personas funcionarias institucionales con responsabilidades directas en la atención y protección de personas menores de edad; el fortalecimiento de la articulación interinstitucional para dar seguimiento y aplicación efectiva a la Ley y particularmente, el trabajo efectivo las personas funcionarias en los órganos de justicia, para el registro, trámite y judicialización de estos delitos.

Fundación Paniamor ha acompañado los procesos de formación de profesionales en las distintas instituciones estatales que acompañan a las víctimas de Relaciones Impropias; con procesos de sensibilización en el Poder Judicial a través del Proyecto en Tus Manos, y en centros de atención de la Caja Costarricense de Seguro Social, con el Proyecto AMELIA (Adolescentes Mujeres, Empoderadas, Libres y Autónomas), llamado así por la niña que movilizó este cambio.

Por el camino correcto

Costa Rica va por buen camino. Desde antes de la aprobación de la ley, nuestro país ha vivido transformaciones en la educación y la legislación relevantes que han generado una mayor conciencia en la sociedad en general y una mayor capacidad en el Estado para sancionar y prevenir situaciones de vulneración de derechos de las personas menores de edad, desde la perspectiva abordada por la misma ley, y por lo tanto, se avanza poco a poco en el cambio cultural buscado.

No obstante, la celebración de los avances no puede permitirnos perder de vista que aún queda mucho trabajo por delante. Si bien la tasa de fecundidad en la adolescencia ha disminuido, sigue habiendo un significativo número de adolescentes que enfrentan el desafío del embarazo y la maternidad con importantes amenazas y consecuencias para su salud, su vida y su desarrollo.

En el año 2019, según los datos de Estadística y Censos, hubo un total de 8.040 nacimientos de mujeres menores de 19 años (12.5% de los embarazos del país). Mientras que solo 823 de esos embarazos en mujeres adolescentes correspondieron a padres menores de 20 años, del total de nacimientos en el país, en 5.670 casos no se declaró padre.

Se ha dado una evidente disminución en los embarazos en menores de 15 años, así como en menores de 19; sin embargo, se siguen contabilizando entre cuatro y cinco nacimientos en esta población por semana.

Esto evidencia la violencia sexual a la que siguen sometidas las niñas y adolescentes, lo cual constituye un desafío mayúsculo vigente. Una sola niña de esa edad que se vea sometida a un parto debe ser suficiente para que mantengamos encendidas todas las alarmas.

La garantía de los derechos de todas las personas menores de edad, y particularmente de las niñas y adolescentes mujeres debe seguirse trabajando desde distintos frentes y así lo estamos haciendo como sociedad y como país, pero al ver los avances en la materia, los esfuerzos, lejos de relajarse, deben redoblarse, para cumplir el objetivo de que ninguna niña, niño y adolescente sea víctima de una relaciones impropia, afectando su trayectoria vital y su desarrollo óptimo y libre de violencia.

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