El 5 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial del Ambiente, oficializado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1977. Su objetivo principal fue y es generar consciencia acerca de la importancia de conservar el ambiente, intensificando así la atención de este urgente tema en las comunidades y en las políticas de los Estados.
La sensibilización que esta celebración impulsa no se reduce solo a la protección de los recursos naturales, sino que se busca una meta mucho más amplia y holística: caminar hacia un desarrollo sostenible y equitativo en donde se garantice el cumplimiento de todos los Derechos Humanos. Esto no solo incluye el derecho de todas las personas a disfrutar de un ambiente sano, sino también de que se garanticen todos sus Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
El artículo 50 de nuestra Constitución Política logra conciliar esos elementos, pues concibe el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en relación con el deber del Estado de procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. La normativa ambiental del país también contempla el principio de una justa y equitativa distribución de los beneficios que se derivan de la biodiversidad, así como la participación de las personas y sus comunidades en la toma de decisiones ambientales. Por su parte, la Sala Constitucional ha ampliado el concepto del desarrollo sostenible a secas, transformándolo en el principio del desarrollo sostenible democrático, bajo el cual la conservación ambiental debe considerar el factor humano y el acceso amplio de las personas a los recursos naturales.
Lamentablemente, esta unión entre la protección ambiental y un modelo de desarrollo que no deje a nadie atrás no es bien recibido por algunos grupos y sectores. Por un lado, están aquellos que consideran que la sostenibilidad ecológica es un estorbo para el desarrollo productivo. Esta postura es inaceptable, puesto que los efectos negativos del cambio climático y la crisis ambiental nunca han sido tan evidentes como hoy en día. Por otro lado, están aquellos que alegan por la protección ambiental a cualquier costo, sin darse cuenta de que los efectos prácticos de estas posturas terminan perjudicando a los más vulnerables, quienes paradójicamente son los menos responsables de la crisis climática. Esta segunda postura resulta igualmente inaceptable; como lo son todas aquellas propuestas que no respetan ni la dignidad humana ni los Derechos Humanos.
El humanismo pareciera ser necesario de redescubrir y redimensionar a la luz y bajo el análisis de las amargas experiencias que hemos tenido en la la aplicación de equivocadas políticas en materia ambiental. El Estado en su institucionalidad debe integrar, más allá del discurso, el humanismo, con el conocimiento tradicional, con la ciencia y la técnica cuando aborde la temática ambiental.
El Estado debe garantizar de manera efectiva que todas las personas tengan derecho del acceso al agua potable, velando además por que las fuentes de este recurso no se agoten, así como debe velar por la conservación y el bienestar de las especies de conformidad con parámetros técnicos, a la vez que se democratizan los beneficios derivados de esta riqueza natural. Los planes reguladores deben velar por un uso racional de la propiedad privada y pública en territorio municipal, a la vez que se organice el espacio en función de una buena calidad de vida para todos los habitantes. Se debe garantizar la sostenibilidad del uso del agua y la salud pública, a la vez que se fomentan las actividades productivas. Debemos de pasar de una aspiración a ejecutar las acciones necesarias para garantizar que las personas puedan ganarse la vida de manera digna, mantener su identidad cultural y crear riqueza.
En este marco de referencia, las posiciones radicales de una u otra naturaleza no tienen cabida. Pero lo que sí es deseable, es un modelo de desarrollo sostenible donde no se deje a nadie atrás, incluyendo a las personas de las más diversas ideas y aspiraciones. Esta es la única forma consecuente de velar por el ambiente en una sociedad democrática y en un Estado Social de Derecho en el Siglo XXI.
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