Nicaragua: el país en el que el 2018 no termina

La situación de la democracia en América Latina está recrudeciéndose cada vez más. Hace apenas un mes, el mundo quedó consternado luego de que tan solo unas horas después de que la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, aliada del presidente, Nayib Bukele, tomase posesión en ese país, la primera iniciativa aprobada fuese la destitución de los jueces de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, algo que fue criticado por organizaciones y la comunidad internacional como un paso más hacia el autoritarismo.

Este, sin embargo, está lejos de ser el único caso preocupante y por eso este jueves es hora, nuevamente, de poner el ojo en Nicaragua, el país donde parece que el 2018 es el año que no termina.

Esta nación, en las últimas semanas, ha ocupado titulares internacionales debido a las denuncias que pesan contra su Gobierno por violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos, periodistas y hasta precandidatas presidenciales.

El mes de mayo pasado, la periodista nicaragüense Maria Lilly Delgado Talavera, en conjunto con los comunicadores Maynor Salazar Salazar y Franklin Villavicencio Bravo, publicó la investigación "La justicia selectiva de los Ortega-Murillo", un trabajo que revela cómo la Fiscalía de nuestro país vecino, que por cierto hoy la investiga como ya detallaremos más adelante, se dedicó a fabricar centenares de pruebas falsas con el objetivo de encarcelar a los opositores al régimen comandado por el presidente Daniel Ortega Saavedra y por su pareja y primera dama, Rosario Murillo Zambrana, que participaron de las protestas de abril de 2018.

En el reportaje completo, al que ustedes pueden acceder en este link de la plataforma Huellas de Impunidad, Delgado, Salazar y Villavicencio constataron que más del 90% de los asesinatos ocurridos entre 2018 y 2019, luego de las protestas civiles que siguieron al mes de abril de 2018 en Nicaragua, quedaron en la impunidad tras la participación de la Fiscalía nicaragüense.

Los que sí recibieron condena sin embargo, lo hicieron bajo procesos sumamente irregulares.

De los 341 ciudadanos que murieron en ese contexto, el gobierno investigó y llevó a juicio solo 22. Es decir, el régimen se interesó en conocer la 'verdad', a medias, de los suyos. Decimos a medias porque a quienes acusó y culpó por los asesinatos fue a líderes campesinos como Pedro Mena, a quienes nunca se les comprobó tal delito según expertos legales y las declaraciones del proceso que brindó su abogado defensor".

La sentencia de Pedro Mena se remonta a 2019 cuando, en conjunto con el también campesino Medardo Mairena, fue sentenciado a 210 años y tres meses de cárcel, tras ser acusado de terrorismo y otros delitos tras su participación en las protestas de 2018.

El caso de estos campesinos, sin embargo, es excepcionalmente preocupante según detalla la investigación, que alude al informe de la comisión de investigación que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que determinó que en todos los casos judiciales analizados se perfilaba “una mala actuación de la Fiscalía”:

Las detenciones a manifestantes se utilizaban para justificar aquellos casos que causaban mayor conmoción. Como por ejemplo, cita la experta, el asesinato del periodista Ángel Gahona el 21 de abril de 2018 en Bluefields", sostiene la investigación.

De hecho, y según señaló Claudia Paz y Paz, miembro del GIEI y especialista en derecho penal y cuyo testimonio se recoge en el reportaje:

Tuvimos acceso por distintas fuentes a esos expedientes judiciales, examinamos folio por folio y en todos había un patrón de mala actuación de la Fiscalía. Eran casos que se estaban inculpando a personas que no eran responsables".

Así, de los más de 310 asesinatos que se investigan tras 2018, los únicos casos investigados y ya judicializados por la justicia orteguista fueron los del periodista Ángel Gahona, el estudiante de León, Cristhian Emilio Cadenas, y el de la universitaria brasileña Rayneia Lima, una estudiante que falleció víctima de disparos de un grupo de paramilitares al sur de Managua, y cuyo crimen fue investigado tras la presión del gobierno de Brasil al régimen, que tuvo que acusar y condenar al supuesto paramilitar Pierson Solís.

En los otros dos casos utilizó la receta que describimos antes: se culpó a personas que eran inocentes, según información constatada por el GIEI. 'En varios casos vimos el mismo patrón, personas que estaban mal paradas en un mal momento fueron acusados', detalla Paz y Paz".

Ejemplo de esto es el caso de Pedro Mena y el de Medardo Mairena, los acusados por la muerte de oficiales Marlon Requene, Lenín Olivas, Faustino Téllez Vargas y Luis Emilio Bustos López, ocurrida el 12 de julio de 2018 en una localidad de Río San Juan, al sur del país, llamada Morrito.

La Policía Nacional y los pobladores ofrecen versiones diferentes de los hechos. La versión oficial asegura que 'un grupo de terroristas que mantenían un tranque en el empalme atacaron con armas de fuego a los uniformados'. Tiempo después, personas de Morrito le informaron a Mena que sí hubo disparos, pero presuntamente todos venían de la alcaldía de ese municipio. En los medios se informó que ante las agresiones, un grupo de campesinos que portaban armas reglamentadas respondieron a los disparos. El caso no se ha esclarecido, debido a la impunidad que mantiene el régimen", sostiene el reportaje.

Mena y Mairena se reunieron la tarde de ese día con otras personas que protestaban en Managua y luego de la reunión, los miembros del Movimiento Campesino fueron a un centro jesuita que les daba acogida en la capital nicaragüense, por lo que estaban a más de 3 horas en carro del lugar de los hechos, una versión que fue confirmada por testigos de la protesta y por uno de los sacerdotes que les brindó abrigo.

Sin embargo, los 200 kilómetros de distancia no fueron prueba suficiente para la Fiscalía y por eso los dos campesinos fueron detenidos el 13 de julio de 2018, cuando iban a tomar un vuelo para asistir a un encuentro internacional en Estados Unidos. Ambos fueron trasladados por la Policía y posteriormente acusados de una larga lista de cargos, en las que incluía el asesinato de los oficiales de Morrito, y también terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, exposición de personas al peligro, secuestro simple, extorsión y daños graves.

El reportaje agrega, de acuerdo a las declaraciones del abogado de Mena, Julio Montenegro, que a pesar de que la Fiscalía no logró demostrar la culpabilidad y de que ignoró las pruebas que los ubicaban lejos del lugar de los hechos, "los detenidos fueron torturados y relegados a una celda conocida como 'El Infiernillo', ubicada en el Sistema Penitenciario Nacional. En el mismo caso también fue acusado Luis Icabalceta, sentenciado a 59 años de cárcel. Los señalamientos se extendieron a otros líderes campesinos, como Freddy Navas y Lener Fonseca".

Otro de los casos que tiene dichos patrones de "montaje" y que recoge el reporte de Delgado, es el de Carlos Bonilla López, un nicaragüense acusado de asesinar al policía Hilton Manzanares el 20 de abril de 2018 y a otros cuatro agentes en el sector de la Universidad Politécnica (Upoli). Por estos crímenes, fue sentenciado a 90 años de cárcel pero fue liberado en junio de 2019, junto a otros presos políticos en el marco de una “amnistía”.

En septiembre de ese año, Bonilla se exilió a Costa Rica pero retornó al país en enero de 2020 por el cumpleaños de su hija y a los tres días fue capturado nuevamente, esta vez acusado de tráfico de drogas y portación ilegal de armas.

El reportaje también recoge como el 20 de abril del presente año, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense, Rafael Solís, reveló que los jueces del otros lado de la frontera cumplen con una “pantomima que se orquesta” desde El Carmen, la residencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Desde su exilio aquí en Costa Rica, el exfuncionario aseguró que los mandatarios llaman a los magistrados con la orden de condenar a los protestantes y que estos, a su vez, instruyen a su vez a los jueces que procesan estos casos:

Me reuní con ellos (la pareja gobernante), cuando me decían ‘Payo tenés que ver estos casos, que salgan condenados’. Entonces, yo les decía que iba a llamar por teléfono al juez y citarlos en mi oficina (...) Yo cité a varios jueces para priorizar algunos casos de jóvenes, eran mil y pico de presos políticos. En todos los casos eran decisiones políticas y en ese caso al poder judicial no le queda más que cumplir la orientación política, fueron una gran cantidad de jueces de lo penal".

A todo lo anterior se suman cientos de reportes de violaciones a los derechos humanos de las personas involucradas en estos procesos judiciales y por eso les invitamos, nuevamente, a leer el reportaje completo aquí.

Periodistas, precandidatos, todo el mundo procesado

Pues bien, no habían pasado ni quince días de la publicación del reportaje anteriormente citado, cuando al menos seis periodistas fueron citados por esta misma Fiscalía nicaragüense, en el marco de una investigación que maneja el régimen de Ortega y Murillo en contra de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, a quien el gobierno del presidente Daniel Ortega señala por lavado de dinero.

Ayer, de hecho, un tribunal nicaragüense ordenó el arresto de Chamorro por esta causa al tiempo que se procedió con la citación "urgente" de al menos seis periodistas nicaragüenses para fungir como testigos por esta causa. Entre estos periodistas se encuentra precisamente Maria Lilly Delgado.

Además los otros comunicadores convocados a declarar son Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, que trabajaban en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (la cual por cierto, cerró operaciones en febrero afectada por una ley que exigía reportar la recepción de fondos recibidos del exterior y declararse como agente extranjero) y los propietarios de medios de comunicación Verónica Chávez, copropietaria del medio digital 100% Noticias; Roberto Cárcamo, de ABC stereo; y el empresario Fabio Gadea, propietario de Radio Corporación.

Según reportó la agencia AFP, los comunicadores se rehusaron a declarar sin la presencia de un abogado pero se les advirtió que si pasaban con un defensor se les cambiaría la condición "de testigo a imputado", según denunció Maria Lilly.

Como les comentábamos en el Reporte Internacional de este jueves, la movida del régimen de Ortega inhabilitó a Chamorro de participar como candidata "por encontrarse en un proceso penal investigativo”, según informó el Poder Judicial, también servil del sandinismo, al tiempo que desencadenó críticas contra el régimen, entre las que destacan las de Estados Unidos y las de la Organización de Estados Americanos (OEA).

De este lado del San Juan, mientras tanto, varias fuerzas políticas también se han manifestado en contra de los actos antidemocráticos que se están produciendo en Nicaragua.

Entre ellos destacan el mensaje que el día de ayer publicó en sus redes sociales el diputado del Frente Amplio, José María Villalta Flórez-Estadra, en el que señaló que:

En Costa Rica siempre hemos denunciado la criminalización de la protesta social, el uso del aparato estatal para perseguir opositores políticos y liderazgos sociales o la pérdida de independencia del Poder Judicial. Por eso no puedo callar ante lo que ocurre en Nicaragua. Es necesario alzar la voz ante el evidente deterioro de la democracia y el creciente autoritarismo del gobierno de Ortega-Murillo. Repudio la persecución contra líderes y lideresas de partidos opositores, organizaciones sociales y periodistas críticas con el Gobierno. Ningún fin justifica estos medios. Para quienes hemos escogido el camino de la democracia para lograr una sociedad más justa, las elecciones se ganan en las urnas, no en los tribunales ni con las fuerzas de policía".

Además, la presidenta de la Asamblea Legislativa costarricense, Silvia Hernández Sánchez, señaló que:

El régimen de Daniel Ortega está atropellando la dignidad de Cristiana Chamorro Barrios. Ordena su captura, allanó su residencia y se notifica oficialmente que, queda inhibida de ocupar cualquier cargo público. Son varios los aspirantes que se mencionan para ocupar la presidencia de Nicaragua, pero solamente una es mujer. Ella es Cristiana Chamorro. Todos los posibles candidatos han sido inhibidos de participar en proceso electoral por diferentes razones, todas atropelladas por el régimen de Ortega. Este es otro acto vil y despreciable. Es una desvergüenza que en menos de 24 horas se solicitó y se ejecutó el allanamiento de su hogar. La policía mantiene rodeada la propiedad y Cristiana se encuentra prisionera en su propia casa, únicamente acompañada de su hija. Nos unimos al llamado internacional por la justicia, convocamos a la comunidad internacional para solicitar la liberación de Cristiana Chamorro, que se respeten sus derechos humanos y, que se habilite su participación, en un proceso de elecciones libres, en presencia de observadores internacionales".

Finalmente, la fracción legislativa oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), emitió un comunicado en el que sostuvo que:

Bajo ninguna circunstancia los derechos electorales pueden verse coartados por la utilización desproporcionada y fuera de toda razonabilidad de acciones judiciales; práctica en la que incurre sin pudor la dictadura Ortega-Murillo, que también persigue periodistas, cierra medios de comunicación y eligió a dedo a todos los magistrados del poder electoral. Desde la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana exhortamos al presidente Daniel Ortega Saavedra a poner un alto a la obstaculización ilegitima y antidemocrática del ejercicio pleno de los derechos políticos de la oposición política en Nicaragua, e instamos a la comunidad política y civil nicaragüense a utilizar los mecanismos del diálogo para recuperar el balance democrático en su país, evitando a toda costa la violencia y las vías de hecho, a fin de alcanzar los sueños de libertad y justicia de su propio pueblo".

Este es el escenario social y político que vive Nicaragua, a tan solo cinco meses y cuatro días de su próximo proceso electoral.