Durante muchos años, en diversas instituciones, con múltiples directores y realidades, he concretado mi mayor esfuerzo en el quehacer del proceso de enseñanza aprendizaje que acompaño. Cada Centro Educativo ha significado una realidad diferente y cada jefatura apoyo o exclusión solapada o directa ante el paradigma de la discapacidad. En fin, una lucha constante de defensa de la dignidad humana.

Las personas estudiantes de los diversos centros educativos, tanto de escuela como de colegio, en todos los que he acompañado, han demostrado inclusión —ejemplo del gran esfuerzo que hemos desarrollado las personas docentes hacia un país más inclusivo—, es por ello sorprendente que a pesar de los discursos y buenas intenciones alrededor de la Ley 7600 y las múltiples celebraciones con bombos y platillos, sea tan difícil y burocrático el apoyo concreto y permanente en la cotidianidad laboral de muchos funcionarios con discapacidad del Ministerio de Educación Pública.

Yo he experimentado —a como se ha evidenciado durante el proceso del Recurso de Amparo presentado—, el desgaste administrativo de lo que significa (en buena teoría) la aplicación o defensa de un Derecho Humano, como lo es la dignidad humana desde la no discriminación.

Es contradictorio pensar que a veces las cosas suceden por la “buena voluntad” de alguien, siendo los Derechos Humanos, una obligación, un deber del Estado reflejado en el actuar de los funcionarios públicos y no un favor que se hace, pudiendo ser esto un destello de la satisfacción egoísta del ejercicio del poder desde un escritorio —incluso se categoriza la discapacidad: “este tiene carné de CONAPDIS, este no, este es propietario, este es interino, este entró por la ley tal, este no”—, poder que no le pertenece al burócrata, sino que debe realizar en representación de una aspiración de todos los habitantes de Costa Rica.

Esta pandemia ha desnudado el corazón de muchos, así como la proyección de exclusión de algunos que, ejerciendo el poder de decisión, crean brechas y barreras a los que no son como ellos que, si tuvieran una visión inclusiva de las realidades o de la discapacidad, tal vez pensarían en función de los otros y no sólo de las mayorías, y estaríamos en una realidad marcada por el paradigma de la inclusión.

Ejemplo de lo anterior pueden ser ilustrativas las siguientes preguntas:

  • ¿Se pensó desde el Ministerio de Educación Pública, en la carga laboral que significa para un docente de Educación Religiosa, la revisión de ocho Guías de Trabajo Autónomo (GTA) y cuatro Instrumentos de Evaluación Sumativa (IES) por estudiante, cuando da clases a una población de 900 estudiantes una vez a la semana?
  • ¿Podrían ellos como jerarcas o “asesores” revisar más de 10.000 producciones desde la construcción general de diversas tablas inmodificables y de colores amarillos, anaranjados, celestes, verdes … de forma satisfactoria en dos periodos académicos, entremezclados por la entrega de informes UPRE por cada estudiante e informes de calificaciones, que por cierto por lo general llegan a destiempo y no son del todo accesibles?
  • ¿Podría devolver revisados en 15 días hábiles 900 IES? Y a eso súmele, ¿Con una pérdida visual del 55 %?
  • ¿Pensaron acaso en el fondo de pantalla de TEAMS, el cual es violeta con una letra delgada, fina y pequeña de color negro o blanca, que al agrandarla hace que se pierdan funciones necesarias para usar la herramienta?
  • ¿Analizaron que los docentes con discapacidad visual o de edad mayor, deben revisar fotos mal tomadas, desenfocadas, a lápiz, en hojas de colores, borrosas, entre otras? ¿O en su momento revisar más de 1000 exámenes, —en mi caso con baja visión— con letras ilegibles o micro letras y devolverlos en 8 días, de lo contrario se  recibiría una sanción?
  • ¿O tal vez en la firma “a ciegas” de la calificación de desempeño en una letra número 8, siendo una característica de la autonomía de la discapacidad —en mi caso-— la lectura desde Arial 18?
  • ¿Cuántos asesores con discapacidad y comprometidos con éstos —las personas funcionarias con discapacidad— forman parte de las mesas de trabajo que afectan la realidad de todos por medio de sus decisiones?
  • ¿Cuál comisión de personas con discapacidad —no de los que hacen discursos— representan al estudiantado y a los funcionarios en los procesos de toma de decisiones?

Es muy fácil tomar decisiones desde la realidad de escritorio, es por ello necesario realmente creer en la Política Educativa, la cual, pone en el centro del proceso de enseñanza aprendizaje a la persona, pero es evidente que no está en el centro la persona, sino lo que se supone de ella, evidencia de esto es la falta de acciones concretas de inclusión que de existir, no se verían estos recursos de amparo contra el MEP. Es importante subrayar que no existe un proceso de enseñanza aprendizaje son los protagonistas el estudiante y el facilitador del proceso, y recuerdo que ambas: son personas.

Los docentes con discapacidad, hacemos un enorme esfuerzo por desarrollar desde el aprendizaje constante que se gesta en nuestras realidades y el acompañamiento desde la mediación educativa, sin embargo, no es sencillo hacerlo, sobre todo en un entorno que exige calidad pero, no da los insumos y condiciones para realizarlo, resultando de esto un contexto donde la  sobrecarga laboral al docente se evidencia y magnifica con los múltiples procesos administrativos  —justificados desde la inherencia—  que restan el tiempo al proceso de mediación, naturaleza propia de la labor docente. Si conoce usted a familiares o amigos docentes, sabe muy bien que no terminamos  nuestro trabajo al finalizar la jornada, al contrario, tras bambalinas inicia un sobre trabajo que lógicamente los espectadores no lo ven.

Es muy sencillo tomar decisiones desde un escritorio, lo verdaderamente inclusivo sería pensar no en la mayoría, sino en los todos, los otros, esos que, si lo pensamos bien, pueden llegar a ser ustedes, producto de un accidente o enfermedad que en una fracción de segundo podría “convertirlos” en una persona discapacitada.

¿No sería más económico pensar y gobernar desde la inclusión? ¿No evitaría el Estado y el Ministerio de Educación Pública los recursos de amparo por discriminación, si hicieran lo que tanto proclaman, por ejemplo, el Diseño Universal del Aprendizaje —no como un discurso o exigencias sino desde la realidad— con los docentes con discapacidad (por poner un ejemplo)?

Gracias a la buena voluntad de la actual directora del Colegio Superior de Señoritas y al apoyo concreto desde sus competencias, me he sentido acompañado, sin embargo, si bien ella personalmente lo ha promovido, han existido otros momentos en los cuales no ha sido así, incluso cuento de forma escrita con las palabras de un supervisor y una exdirectora, en el cual me indicaron que la institución no puede adaptarse a personas con discapacidad —o particularmente a mi discapacidad—, también he enfrentado supervisores junto a sus subalternos que enredan las situaciones para no dar respuestas concretas, subdirectores que entienden la discapacidad como una persona con “problemas”, directores que no entienden que la discapacidad no necesariamente es una enfermedad y hasta direcciones regionales que conociendo las realidades, ahogan todo en papeleos, buenas intenciones  o “insinuaciones desde el miedo o el no poder hacer nada”.

Y es que no deja de ser contradictorio que, el Ministerio de Educación Pública no cuente con una unidad permanente para la atención de personas funcionarias con discapacidad, que permita de forma definitiva hacer a un lado las voluntades del director o la directora de turno.

Las personas con discapacidad no requerimos caridad, exigimos —porque el derecho positivo así lo consigna— respeto, no discriminación, inclusión. De tanto hacer remiendos la tela se rasga, o bien de tanto “apaga fuego”, el agua escasea, esto a propósito de las respuestas individuales del MEP ante la discapacidad y no de un compromiso concreto con la Ley 7600 y sus vinculantes.

Los docentes con discapacidad, educamos desde la humanidad, partiendo del esfuerzo constante por demostrarnos y demostrar que, a pesar de nuestra condición y haciendo mucho más esfuerzo, más que otros —las personas sin discapacidad—, somos portadores de la lucha por la dignidad. Claro está, desde la soledad de nuestra realidad y el apoyo de amigos y familiares que viven día a día los retos cotidianos. En el caso de los sindicatos y el Colypro —desde mi experiencia y documentación—  no recibí ayuda concreta o asesoría,  incluso en cierto caso uno de ellos me indicó que no tenían competencia en asuntos relacionados con la discapacidad.

Estimados(as) compañeros(as), es sumamente importante informar a los directores o superiores jerárquicos, por medios oficiales, sobre nuestra situación, esto con el fin de hacer realidad la Ley 7600, dado que la misma es una expectativa y aspiración de todos los habitantes de Costa Rica, al ser firmantes de Tratados Internacionales o leyes gestadas en el primer poder de la República y decretos, esto no como un discurso, sino desde la realidad palpable de la inclusión.

Sigamos el debido proceso, apoyémonos de familiares y fuerzas vivas como Acoproedis o asociaciones de personas con discapacidad y si después de ello no hay resultados concretos y permanentes,  acudamos a la Sala Constitucional, la cual ha acogido la defensa de la dignidad humana como bien custodiado por nuestra Carta Magna.

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